CARACAS (AP) — El líder opositor Juan Guaidó anunció el domingo que un grupo de legisladores de la oposición fue suspendido por acusaciones de que formaban parte de una supuesta compra de votos para socavar la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, y por abogar a favor de empresarios vinculados con el gobierno de Venezuela que presuntamente lavaron dinero.
Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional que en enero desafío al mandatario Nicolás Maduro, indicó que antes de la publicación de reportes de prensa sobre el caso ya tenía información acerca de una serie de irregularidades, incluido un proceso de “amenazas y extorsión” para la compra de votos para el 5 de enero, cuando al abrir el nuevo año legislativo los congresistas ratifican o escogen al presidente y a los dos vicepresidentes del Congreso unicameral.
Guaidó acusó al oficialismo de, a través de empresarios que supuestamente se han enriquecido a la sombra del gobierno de Maduro, corromper a algunos diputados para “impedir mi ratificación como presidente del Parlamento” y en consecuencia también como presidente encargado de Venezuela.
El escándalo ocurre en una época en la que Guaidó busca revitalizar la campaña para obligar al mandatario socialista a renunciar.
En los últimos meses el líder opositor ha visto disminuir el número de personas que responden a su exhortación para salir a protestar, y cada vez son más los que dudan de su capacidad y la de sus aliados para reanimar la esperanza de que es posible poner fin al mandato de Maduro.
Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la UE, reconocen el mandato de Guaidó, argumentando que Maduro fue reelegido en unos comicios fraudulentos en mayo de 2018 que no contaron con la presencia de grandes partidos opositores y en los que algunos aspirantes a la presidencia fueron inhabilitados para postularse.
Varios legisladores allegados a la alianza opositora también han sido acusados de mediar a favor de empresarios vinculados con funcionarios civiles y militares del gobierno de Maduro, los cuales son señalados de enriquecerse desviando dinero destinado a importar alimentos para uno de los programas sociales insignia del gobierno.
Entre las medidas tomadas para enfrentar la situación, Guaidó decretó “la invalidez de todos los documentos presentados por la investigación, o expedidos por la Asamblea Nacional que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción”.
Según la denuncia, algunos legisladores mediaron a favor de empresarios vinculados con el gobierno como el colombiano Álex Saab, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en julio por presuntamente formar parte de una sofisticada red que se apropió de cientos de millones de dólares en contratos para importar alimentos mientras el hambre azota a muchos venezolanos.
En ese sentido, el jefe de la Asamblea insistió que ninguno de sus colaboradores o diputados está autorizado para expedir documentos o avales de “buena conducta”, o “con fines relacionados sobre empresas o ciudadanos para determinar responsabilidades”.
Saab, un empresario desconocido en Colombia hasta que fue objeto de las sanciones de Washington, por años ha estado en el radar de las autoridades estadounidenses por acumular un ingente número de contratos con el gobierno de Maduro. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acusó a Saab de usar una red de empresas fantasmas en tres continentes para ocultar las ganancias exorbitantes obtenidas a través de contratos por alimentos y oro adjudicados sin licitación.
Guaidó anunció la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría del Legislativo y abrió “una investigación independiente y exhaustiva”, la cual contaría con la supervisión de organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, medios de comunicación y periodistas independientes.
El partido opositor Primero Justicia _al que pertenecen el excandidato presidencial Henrique Capriles y Julio Borges, designado por Guaidó como comisionado presidencial para Asuntos Exteriores_, previamente destituyó a los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito. Además, pidió que sean presentados ante la justicia, incluso en “tribunales e instituciones internacionales".
Entre los legisladores acusados de abogar ante las autoridades estadounidenses a favor de empresarios vinculados con el lavado de dinero figura Freddy Superlano, que milita en el Partido Voluntad, del cual son miembros Guaidó y su mentor Leopoldo López.
Superlano, que fue removido por su partido junto a otros dos diputados, anunció la víspera que se separaba de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para facilitar las investigaciones en su contra.
