TAMPA - El asunto va en serio: cualquier amenaza que atente contra la seguridad de una escuela tendrá serias consecuencias para quien las haga. Y ojo: no importará si esta se hizo en broma o simplemente para llamar la atención. La ley será implacable.
Este es el mensaje que las autoridades del Departamento de Justicia Juvenil (DJJ, por sus siglas en inglés) de Florida están enviando y haciendo viral en plataformas sociales bajo el paraguas de una nueva campaña educativa llamada No es broma (It’s No Joke). La campaña está dirigida a los alumnos de las escuelas de la Florida para que sepan que cualquier amenaza, escrita o verbal, que ponga en riesgo la seguridad de la población estudiantil o los maestros será sancionada con rigor y sin importar el hecho de que sea creíble o no.
La razón es muy sencilla: Florida ha sido escenario de trágicos sucesos que han cobrado la vida de decenas de estudiantes y profesores en la reciente década. La realidad impone una política de cero tolerancia y mano dura para quienes no se han dado cuenta, o quizás no quieren entender, que las autoridades están decididas a poner un freno a la situación.
Simone Marstiller, secretaria ejecutiva del DJJ, dijo que el esfuerzo de concientización es uno solo.
“Queremos que los jóvenes de Florida entiendan que, en el entorno actual, cada amenaza se toma muy en serio e, incluso si se hace en broma, puede tener consecuencias devastadoras”, precisó Marstiller en un comunicado.
La campaña invita al público en general ha reportar cualquier situación a través de la nueva aplicación FortifyFl. Esta herramienta para teléfonos celulares ayuda a reportar actividades sospechosas de forma instantánea a las agencias del cumplimiento de la ley y oficiales escolares.
De acuerdo con estadísticas del DJJ las amenazas hechas por estudiantes, lejos de disminuir, han experimentado un aumento de al menos 27 por ciento en el último período de 12 meses. Al cierre del año fiscal 2017 se registraron 629 amenazas a escala estatal mientras que en el curso del año fiscal 2018-2019 las autoridades reportaron al menos 779.
A fines de septiembre la policía arrestó a tres jóvenes por hacer falsas advertencias sobre sus recintos escolares. Una de estas situaciones de alarma ocurrió en la escuela secundaria Tarpon Springs. Fue hecha por un alumno de séptimo grado y de 12 años de edad. El menor habló con sus compañeros de estudio sobre sus planes de matar a cinco estudiantes de su colegio con un fusil que supuestamente guardaba en su casa, del tipo AR-15. El muchacho fue arrestado y la policía confirmó que no poseía ningún arma de fuego.
El otro episodio ocurrió en el condado de Pasco donde un estudiante de 13 años de Cypress Creek fue detenido por hacer amenazas de muerte, vía correo electrónico, contra seis de sus profesores. Otro muchacho de 14 años de una escuela secundaria del condado de Hernando envió mensajes inquietantes en Instagram diciendo que iba a dispararle a alguien en su escuela. En este caso el alumno también fue intervenido por la policía.
Molly M. Best, portavoz del DJJ, dijo que este y otros hechos que alertaron a las autoridades ponen de manifiesto la urgencia de llegar a los jóvenes con un mensaje oportuno. Para los expertos el tema de las amenazas falsas en las escuelas consumen recursos que las autoridades no pueden permitirse el lujo de desperdiciar.
“Esta es la primera campaña de concientización del Departamento (de Justicia Juvenil) relacionada con las amenazas escolares. Nuestro objetivo es educar a los jóvenes en Florida en el sentido de que no hay nada gracioso en amenazar a una escuela, y no hay nada gracioso en ser arrestado por un delito grave”, precisó Best en una entrevista con CENTRO Tampa. “La decisión de acusar a un joven con este delito será determinada por la Oficina del Fiscal del Estado. Y si bien no podemos hablar sobre el aumento de las amenazas escolares, sabemos que es un problema muy grave. Es por eso que iniciamos la campaña”.
La iniciativa del DJJ se añade a otras estrategias que están en marcha, como la provisión de que algunos maestros porten armas con el objetivo de actuar y responder en tiempo real ante el peligro de un atentado o la posibilidad de un tiroteo masivo.
A los esfuerzos de las autoridades escolares para reforzar la vigilancia se suman también los entrenamientos de la policía del Condado de Hillsborough para afinar operaciones de respuesta y minimizar atentados que involucren situaciones de riesgo, como un tirador activo o más de un atacante.
En líneas generales el sistema educativo del condado de Hillsborough dispone -dependiendo del caso y la ubicación del plantel- de un oficial entrenado de la policía de Tampa, un agente policial del condado de Hillsborough o un guardia de seguridad (privado) que ha sido entrenado en un programa de respuesta para actuar en las escuelas del distrito.
El reforzamiento de las iniciativas contra aquellos que amenazan la seguridad de las escuelas va aparejada de un nuevo marco legal conocido como Acta de Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas High School, que el Senado estatal aprobó en el 2018 tras la matanza del 14 de febrero de ese año en un colegio de Parkland (Florida). El atentado sucedió cuando Nikolas Cruz mató con un fusil de asalto a 14 estudiantes y tres adultos de esa escuela secundaria. Cruz había sido expulsado meses antes de este recinto escolar por faltas disciplinarias.
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