TALLAHASSEE - Se podría permitir que los maestros voluntarios de la Florida carguen armas en los salones de clases siempre y cuando reciban capacitación sobre armas de fuego y una evaluación de salud mental según la legislación aprobada el martes por un comité estatal del Senado.
El Comité de Infraestructura y Seguridad del Senado votó 5-3 por un proyecto de ley de seguridad escolar amplio que contenga la provisión de maestros armados. Los maestros solo serían elegibles para el llamado programa guardián si la junta escolar local aprueba y cumplen con los otros criterios.
El proyecto de ley es una reacción a la masacre de febrero de 2018 que mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland. También contiene servicios expandidos de salud mental para estudiantes y secciones relacionadas con el fortalecimiento físico de los campus escolares, pero la disposición más controvertida es la de armar a los maestros.
El principal patrocinador, el senador republicano Manny Díaz de Hialeah Gardens, dijo que el tirador Stoneman Douglas podría haberse detenido con menos pérdidas de vidas si un maestro capacitado hubiera estado cargando un arma.
"Si hubieran tenido la oportunidad de defenderse y defender a estos niños, habrían detenido a ese asaltante", dijo Díaz. "Al final del día, un tutor o un oficial de seguridad escolar es la última línea de defensa".
Al igual que su contraparte de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley requeriría más de 100 horas de capacitación en armas de fuego para los maestros que buscan unirse al programa de guardianes. No se requeriría que ninguno de ellos participara y sería responsabilidad de los consejos escolares locales decidir si aprobarlo o no. Hasta el momento, 25 distritos escolares de Florida tienen programas de tutores, y la ley actual prohíbe a los maestros cuyo único enfoque es el ingreso en el aula.
"Sigue siendo opcional. Ningún maestro está obligado a hacer esto. Ningún distrito está obligado a hacer esto", dijo Díaz.
Los opositores, incluidos los demócratas, muchos grupos de maestros y organizaciones de padres, plantearon numerosas objeciones centradas en si los maestros deberían transformarse en esencialmente personal de aplicación de la ley. También se preocupan por las armas perdidas, cómo la policía sabría que un maestro armado no es un asaltante en un tiroteo en masa caótico y si un maestro podría disparar por error a un niño o compañero de trabajo.
El comité liderado por los republicanos rechazó las enmiendas de la senadora demócrata Janet Cruz de Tampa para eliminar la disposición de los maestros armados y otra enmienda de la senadora demócrata Annette Taddeo de Miami, que habría permitido a los padres optar por que sus hijos abandonen las aulas con maestros armados.
"Los maestros tienen el deber primordial de educar a nuestros niños", dijo Cruz. "No se les debe pedir que también lleven un arma. Los maestros de los salones de clase deben estar armados con salarios y beneficios más altos, no con armas de fuego".
Sin embargo, los partidarios señalaron que una comisión estatal establecida para investigar el tiroteo de Stoneman Douglas recomendó armar a maestros que se ofrecieran como voluntarios siempre que su consejo escolar quiera el programa.
"Estamos trabajando muy duro para encontrar una manera de mantener a nuestros niños a salvo con los recursos limitados que tenemos", dijo el senador del Partido Republicano, Tom Lee, de Brandon, el presidente del comité. "Ojalá tuviéramos mejores opciones".
Las versiones del Senado y la Cámara de Representantes se están moviendo a través de comités y eventualmente se establecerán para una votación de piso. Debería elaborarse un compromiso final antes de que un proyecto de ley final esté listo para enviarlo al gobernador republicano Ron DeSantis.
Nikolas Cruz, de 20 años, está acusado de 17 cargos de asesinato en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato en el tiroteo en Parkland. Sus abogados han dicho que se declararía culpable a cambio de una cadena perpetua, pero los fiscales están buscando la pena de muerte. EL juicio está programado tentativamente para principios de 2020.
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