La Oficina del Censo del Departamento de Comercio pidió a todos los estados registros de licencias de conducir, que por lo general incluyen datos sobre ciudadanía, y realizó una nueva solicitud sobre beneficiarios de asistencia gubernamental, lo que ha causado alarma entre activistas de derechos civiles.
Las dos solicitudes, documentados por The Associated Press, se producen en medio de las labores del presidente Donald Trump por convertir el status de ciudadanía en un aspecto clave de la recolección federal de información para el censo del 2020, pese a que la Corte Suprema ordenó este año no incluir en el cuestionario una pregunta específica sobre ciudadanía.
A activistas de derechos civiles les preocupa que el amplio alcance del gobierno Trump en busca de esa información pueda reducir la participación de hispanos en el censo, que determinará cuántos escaños recibe cada estado en el Congreso y establece la asignación de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales. Los resultados del censo del 2020 serán usados para redibujar los mapas electorales a nivel estatal y local.
Los expertos dicen que las imprecisiones en los departamentos estatales de Tránsito también los convierten en una mala opción para monitorear el status de ciudadanía, si ése es el objetivo de la agencia.
Tras el fallo de la Corte Suprema, Trump firmó un decreto en julio en el que requirió que el Departamento de Comercio, que supervisa a la Oficina del Censo, recabara datos de otras agencias federales e incrementar las labores “para obtener registros administrativos estatales sobre ciudadanía”.
La Asociación de departamentos de Tránsito de Estados Unidos le dijo a la AP que la mayoría de los estados, si no todos, recibieron recientemente solicitudes de información, incluyendo estatus de ciudadanía, raza, fechas de nacimiento y direcciones. La asociación les ha recomendado a sus miembros que consulten a sus funcionarios de privacidad “y cada estado está tomando su propia determinación sobre cómo responderá”, dijo la Claire Jeffrey en un correo electrónico.
En Illinois, el secretario de Estado Jesse White rechazó el pedido.
"Nosotros, como norma general, no nos sentimos cómodos dando nuestra información, ciertamente no en un volumen tan grande. Es fue la preocupación principal”, dijo el vocero Dave Drucker.
Otros estados ponderan qué hacer. El departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos de Motor de Florida recibió el pedido, pero no ha respondido, dijo la vocera Beth Frady.
Los registros de las agencias de vehículos son notoriamente inexactos y “malos para determinar si alguien es o no ciudadano”, dijo Andrea Senteno, abogada para el Mexican American Legal Defense and Educational Fund, que interpuso una apelación al decreto de Trump.
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