Foto cortesía de: Fundación Cívica Engage Miami
En 2021, la Fundación Cívica Engage Miami organizó una campaña de registro de votantes para fomentar el voto entre los ciudadanos jóvenes de las minorías.
Aproximadamente seis meses antes de las elecciones generales de noviembre, un juez federal declaró inconstitucional una ley estatal que prohíbe a los no ciudadanos ayudar a registrar votantes y ordenó al secretario de Estado, Cord Byrd, y a la fiscal general, Ashley Mood, que no la hagan cumplir.
El juez federal de distrito Mark Walker en Tallahassee dictaminó el miércoles que la ley discriminaba a los no ciudadanos en función de su estatus. Citó el daño que la ley infligió a Verónica Herrera Lucha y Norka Martínez, dos de las demandantes en el caso.
"Aquí, el registro es claro de que individuos como la Sra. Herrera-Lucha y la Sra. Martínez ya no pueden trabajar como encuestadores remunerados o se les han cambiado sustancialmente los términos de su empleo por temor a entrar en conflicto con el requisito de ciudadanía. Y el acusado Moody tiene la autoridad para hacer cumplir el requisito de ciudadanía", escribió Walker en un fallo de 12 páginas.
"Aquí los demandantes han sufrido, y siguen sufriendo, lesiones irreparables. De hecho, los miembros individuales en este caso han sido discriminados inconstitucionalmente en función de su condición de no ciudadanos", agregó.
"Esta discriminación ha impedido que los demandantes registren nuevos votantes, una oportunidad perdida que no se puede remediar con daños monetarios. El público no tiene ningún interés en hacer cumplir una ley inconstitucional, especialmente una que discrimina en función de la extranjería. En el otro lado de la balanza se encuentran los derechos de los demandantes individuales a la igualdad de protección ante la ley. No hay comparación. Los demandantes tienen derecho a una orden judicial", concluyó Walker.
"Este tribunal declara por la presente que el requisito de ciudadanía... viola los derechos de los demandantes en virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este tribunal concede la solicitud de los demandantes de una orden judicial permanente. Ni el acusado Byrd ni el acusado Moody, ni sus sucesores en el cargo, diputados, funcionarios, empleados, agentes, ni ninguna persona en participación activa o concierto con los acusados Byrd y Moody, harán cumplir, ni permitirán la aplicación de la disposición del requisito de ciudadanía...", escribió Walker.
Los demandantes adicionales incluyen a la Federación Hispana y Poder Latinx, además de dos personas que demandan bajo el seudónimo de "Doe", representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), ACLU de Florida, LatinoJustice PRLDEF, Dēmos y el bufete de abogados Arnold & Porter.
"Las restricciones incluían a los residentes permanentes legales, muchos de los cuales tienen vínculos estrechos y de larga data con las comunidades en las que residen", dijo la ACLU en una declaración escrita.
Medida cautelarLos asesores de prensa del gobernador Ron DeSantis, que apoyó la ley, no han respondido a una solicitud de comentarios. Tampoco la oficina de prensa de Moody's ha respondido si planea apelar.
El vocero de la Federación Hispana, Frederick Vélez III Burgos, dijo que pronto comenzaría el escrutinio de votantes. "Debido al fallo del juez Walker que hace cumplir una orden judicial permanente, HF ahora está listo para aumentar nuestros esfuerzos de registro de votantes en toda Florida, así como nuestros esfuerzos de reclutamiento para encuestadores", dijo por correo electrónico.
Walker ya había emitido una orden judicial temporal contra la ley, promulgada el año pasado como SB 7050. La ley erige barreras a las organizaciones de registro de votantes de terceros, incluidas multas de $50,000 por cada infracción, como el incumplimiento de los plazos para presentar los formularios de registro de votantes ante los supervisores electorales estatales o del condado.
La ley introdujo cambios radicales en la administración electoral, incluida la prohibición de que las personas condenadas por delitos graves relacionados con la votación trabajen como encuestadores. Requiere que las organizaciones se vuelvan a registrar después de cada ciclo electoral y les prohíbe retener la información personal de las personas. La ley endurece las regulaciones para los supervisores electorales con respecto a la eliminación de personas muertas, delincuentes e incapacitados mentales de las listas, y les permite aceptar solicitudes de boletas de voto por correo solo de votantes individuales o miembros de su familia inmediata.
Durante un año electoral crucial, algunas organizaciones han suspendido el registro de votantes bajo el riesgo de sanciones tan paralizantes.
Ese fallo está bajo apelación, señaló Walker, pero "ninguna de las partes ha presentado ningún argumento de por qué este tribunal debería abstenerse de dictar sentencia en esta coyuntura a pesar de la apelación pendiente, ... Tampoco este tribunal ve ninguna razón para abstenerse de hacerlo".
Los representantes de los demandantes emitieron declaraciones escritas en las que acogieron con beneplácito el fallo.
"La orden de hoy del Juez Principal de Distrito de los Estados Unidos, Mark Walker, confirma lo que hemos estado diciendo todo el tiempo: la disposición de no ciudadanos en la SB 7050 es inconstitucional, discriminatoria y va en contra de la estructura misma de la democracia de los Estados Unidos", dijo Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation.
"Victoria monumental""Estamos contentos con esta decisión, pero la verdad del asunto es que tuvimos que gastar tiempo y recursos preciosos para presentar esta demanda para proteger los derechos de los floridanos. Esperamos que esto envíe un mensaje claro a los legisladores de Florida, al gobernador DeSantis y a otros estados de que Hispanic Federation y nuestros socios permanecerán atentos y continuarán luchando contra los intentos de restringir el derecho al voto y poner patas arriba la democracia", agregó Miranda.
"Esta es una victoria monumental para la democracia y nuestras comunidades. Al derogar esta ley injusta que amenazaba con silenciar a los residentes permanentes legales, la corte ha defendido el derecho de todas las personas a participar en su gobierno", dijo Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx.
"Poder Latinx desafió esta medida draconiana para proteger a las organizaciones comunitarias, que son cruciales en los esfuerzos de registro de votantes. El fallo de hoy reafirma la justicia, la inclusión y la representación igualitaria, enviando un poderoso mensaje de que no se tolerarán los intentos de suprimir la participación de los votantes. Celebramos este triunfo y seguimos comprometidos con la defensa de los derechos de los votantes y con garantizar que se escuchen todas las voces en nuestro proceso democrático", continuó.
"Negar a los no ciudadanos la capacidad de ayudar a registrar votantes elegibles en sus comunidades es inconstitucional y discriminatorio. Nuestros clientes se opusieron valientemente a la SB 7050 y estamos encantados de que la victoria de hoy proteja a todos los floridanos que desean motivar a su comunidad a votar. LatinoJustice PRLDEF se dedica a derribar las barreras a la participación cívica y a luchar contra los esfuerzos para demonizar a nuestra vibrante comunidad inmigrante", dijo Miranda Galindo, abogada supervisora de esa organización.
Nota: Esta historia ha sido actualizada para incluir comentarios del portavoz de la Federación Hispana, Frederick Vélez III Burgos.
