Foto de IVY CEBALLO/Tampa Bay Times
El abogado de inmigración Milton Toro Márquez en una reunión con un cliente en la oficina de Acevedo Law Firm en Tampa el 22 de enero.
Carlos Bohórquez espera recibir buenas noticias por correo respecto a su estatus de residencia antes de fin de año. Sin embargo, se resigna ante la incertidumbre y la espera constante.
Bohórquez, un inmigrante venezolano de 41 años que reside en Riverview, solicitó asilo en 2014. Pasaron ocho años antes de que su petición fuera aprobada, lo que le permite quedarse en los Estados Unidos siempre y cuando las condiciones en su país de origen no mejoren. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta acerca de su solicitud para quedarse permanentemente aquí.
Al igual que él, miles de peticiones de inmigración esperan por su momento, en todo el país, en medio de un retraso legal de proporciones históricas. Según datos federales recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, el atraso en los tribunales de los Estados Unidos ha superado los 3 millones de casos en el último año, incluyendo casos de solicitantes de asilo e inmigrantes, algunos de los cuales han estado en el país durante años buscando la residencia permanente.
La acumulación de casos en Florida supera los 481.000, una brecha enorme en comparación con el año 2012, cuando solamente había 17.000 casos pendientes. Los cuatro estados con el siguiente mayor número de casos en retardo son Texas (458,630), California (348,138), Nueva York (344,505) e Illinois (211,096).
El retraso sigue aumentando debido a la afluencia de nuevos inmigrantes y la crisis en la frontera sur de Estados Unidos con México, dijo Ana Lamb, activista por los derechos de los inmigrantes de Wimauma.
“Esto crea caos no sólo para cada individuo o familia sino también para el sistema de inmigración”, explicó Lamb.
La demora puede atribuirse a varios factores, incluidos un número creciente de solicitudes y apelaciones de asilo, casos de años anteriores que permanecen abiertos y procedimientos de deportación pendientes. El déficit en el presupuesto federal de inmigración también ha afectado la resolución oportuna de las peticiones de residencia permanente y permisos de trabajo.
En 2023, las autoridades federales realizaron más de 2,2 millones de arrestos en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las mayores cantidades jamás registradas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La Diócesis de San Petersburgo cubre los condados de Hillsborough, Pinellas, Hernando, Pasco y Citrus, y anualmente atiende a 2000 personas a través de servicios de inmigración. Dice que la frontera sur acrecienta la necesidad de una reforma migratoria significativa.
Bohórquez estaba en riesgo de perder su trabajo en una empresa local de producción televisiva debido a los retrasos en su proceso de asilo y la necesidad de renovar su permiso de trabajo. Mencionó que la presión de no saber qué sucedería solo intensificaba su angustia emocional.
"Esperar durante ocho años ha sido muy difícil", dijo. "Sé que todos hacen lo mejor que pueden, pero es demasiado difícil bajo esas circunstancias".
Milton Toro Márquez, un abogado de inmigración en Tampa, afirmó que la acumulación de casos indica un colapso total en el sistema de inmigración y la necesidad de mayor uniformidad.
Dijo que la situación resalta los desafíos que enfrentan los inmigrantes con diferentes permisos temporales, tales como un formulario conocido como I-220A, u orden de libertad condicional. El I-220A permite al destinatario trabajar y tener una licencia de conducir, pero no otorga permiso para ajustar su estatus a residencia permanente.
Toro dijo que realizar cambios legales específicos en cuanto a los permisos temporales y formularios equivalentes permitiría a los inmigrantes ajustar su estatus y reducir la sobrecarga en los tribunales locales.
"Esto aliviaría numerosos casos actualmente en el sistema judicial y permitiría a los tribunales de inmigración priorizar otros casos de deportación que parecen ser más críticos", dijo. "Este es uno de los muchos problemas que enfrentan los inmigrantes hoy en día".
Jordan Fischetti, un becario de políticas de inmigración para Americans for Prosperity, un grupo de defensa política libertario conservador afiliado a los hermanos Koch, dijo que el retardo no solo es insostenible, sino también volátil. Según él, el caso promedio de asilo tarda más de cuatro años en completarse en un tribunal de inmigración, y a menudo varios más. Contratar a más jueces y fiscales de inmigración podría ser un buen comienzo, afirmó.
En su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó $1.46 mil millones para la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración contratara a 150 nuevos jueces, personal de apoyo legal y 948 nuevos empleados permanentes. La Oficina Ejecutiva es la agencia responsable de llevar a cabo los procedimientos judiciales de inmigración.
"Mejores opciones legales finalmente darán como resultado en última instancia menos cruces ilegales, lo que a su vez significa menos personas en los tribunales de inmigración y una acumulación de casos más manejable", dijo Fischetti.
