Por Mary Ellen KlasTampa Bay Times / Miami Herald Tallahassee Bureau
TALLAHASSEE — La respuesta de emergencia de Florida a la afluencia de migrantes de Cuba y Haití que llegan en barco parece ser la vigilancia y no la interdicción, por lo que entre 150 y 200 soldados y oficiales que trabajan con el Departamento de Seguridad Nacional federal están desplegados “para aumentar la vigilancia costera y brindar una mejor conciencia situacional sobre las actividades de los migrantes”, afirman funcionarios de operaciones de emergencia en un comunicado estatal de el 10 de enero.
La División de Manejo de Emergencias de Florida está activada y preparada para “desplegar todos los recursos disponibles y mano de obra para responder al nivel sin precedentes de desembarcos de migrantes en nuestras costas”, dijo el director de la división, Kevin Guthrie. El funcionario dijo que la agencia continuará su trabajo con la “Operación Vigilant Sentry”, el plan del Departamento de Seguridad Nacional enfocado en la migración marítima, tareas en las que el Estado de la Florida ha estado involucrado durante los últimos 20 años, un aspecto que fue no previsto en el anuncio inicial del gobernador.
La avalancha de recursos hacia los Cayos de Florida es una respuesta a una orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis después que más de 300 migrantes llegaron a los Cayos desde Cuba durante el primer fin de semana del año. La orden activó la Guardia Nacional de Florida y ordenó a la policía estatal y otras agencias estatales que "ayudaran a aliviar la presión sobre los recursos locales” por los migrantes que llegan en barco a los Cayos.
La seguridad fronteriza y la interdicción de migrantes es tarea del gobierno federal, y la policía estatal ha jugado tradicionalmente sólo un papel secundario. Pero como la inmigración se ha convertido en un tema político cargado de emociones, y DeSantis es considerado un probable candidato a presidente en 2024, Florida ha adoptado una postura más agresiva, planteando preocupaciones para los defensores de la inmigración.
En julio de 2021, DeSantis envió a 50 agentes del orden público a Texas para ayudar a hacer cumplir leyes de control de la frontera entre Estados Unidos y México, y en septiembre del año pasado, gastó $1.5 millones en impuestos de Florida para reubicar a 49 solicitantes de asilo de San Antonio en Martha's Vineyard, Massachusetts, porque era un bastión demócrata.
Los defensores advierten que si DeSantis sigue el ejemplo del gobernador de Texas Greg Abbott e intenta aprehender y detener a migrantes cuando llegan a tierra, el estado podría generar un conflicto potencial con la ley federal.
“Lo que vamos a estar pendientes es que el gobernador no se extralimite en sus facultades como estado, porque hay leyes federales muy claras que él no puede quebrantar”, dijo Tessa Petit, directora ejecutiva de Florida Immigrant Coalition.
Abbott ha destinado aproximadamente $4 mil millones en la “Operación Lone Star” para detener la migración ilegal en la frontera sur. En 18 meses, desplegó tropas de la Guardia Nacional en la frontera, arrestó a inmigrantes por cargos estatales de delitos menores, reubicó a los inmigrantes en ciudades dirigidas por demócratas y comenzó la construcción de un muro fronterizo estatal utilizando contenedores de carga.
En diciembre, Abbott ordenó a más de 500 guardias de Texas que impidieran físicamente la entrada de inmigrantes al país cortando uno de los puntos de cruce más concurridos a lo largo de la frontera. Pero según un análisis del flujo migratorio hacia el país, realizado por el diario Texas Tribune, los esfuerzos de Abbott no han detenido el flujo de personas que cruzan de México a Texas.
Tanto DeSantis como Abbott han culpado a la administración del Presidente Joe Biden por el manejo de la crisis fronteriza. El presidente Biden anunció que quiere poner fin a la política de salud pública de la era Trump conocida como Título 42, que permitía al gobierno federal
expulsar rápidamente a más de 2 millones de migrantes desde que se implementó como una forma de detener la propagación del Coronavirus. Aunque esta normativa aún no ha expirado, el anuncio se considera un atractivo para los migrantes que buscan asilo de la agitación económica y política en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Desde agosto, más de 8,000 migrantes han sido interceptados frente a las costas de Florida por agencias federales y estatales, dijo DeSantis cuando declaró el estado de emergencia. La administración Biden ha demostrado “ineptitud en el manejo de la crisis”, según DeSantis, quien dijo que Florida enfrenta un “gran desastre”.
La orden ejecutiva del gobernador otorga amplios poderes a las agencias estatales para suspender reglas, decidir no licitar contratos y gastar cantidades ilimitadas de dinero a fin de que haya “suficiente financiación disponible” del fondo de emergencia de $500 millones del gobernador.
El gobernador encargó a la División de Manejo de Emergencias la coordinación de la respuesta y le otorgó la autoridad para pedir ayuda a otros estados, ayuda que será reembolsada por los contribuyentes de Florida.
Las indicaciones iniciales del Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Nacional de Florida son que el papel de la Guardia no involucrará tropas terrestres sino principalmente apoyo aéreo, ayudando con la vigilancia de los grupos de migrantes que intentan llegar a las costas de Florida.
“Hemos activado un pequeño contingente de aviación que están en el sitio y están realizando misiones”, dijo William Manley, diputado director de comunicaciones del Departamento de Asuntos Militares de Florida y de la Guardia Nacional de Florida.
Michael Wilner, de la oficina de McClatchy Washington, contribuyó a este informe desde Washington y el reportero del Miami Herald, David Goodhue, contribuyó desde los Cayos de Florida.