Se corrió la voz en las redes sociales sobre la suspensión planificada de entregas hacia y desde el estado el 1 de julio. Muchos, incluidos camioneros latinos de diferentes estados comenzaron a compartir mensajes y videos, amenazando con boicotear Florida en respuesta a la nueva ley de inmigración firmada. por el gobernador Ron DeSantis.
Pero cuando llegó el día, el boicot no se materializó.
Alix Miller, presidenta y directora ejecutiva de Florida Trucking Association, dijo en un correo electrónico al Tampa Bay Times que no tiene información sobre el tema. Pero Ricardo Rivera, de 49 años, que trabaja como conductor en Florida, dijo que una de las razones del impacto decepcionante podría ser que muchos no son dueños de los camiones.
“Y no todos podemos darnos el lujo de abandonar un día de trabajo; significaría menos dinero para nuestras familias”, dijo Rivera.
Rivera trabajó durante ese fin de semana del 1 de julio pero expresó su apoyo a la protesta. Él cree que la ley apunta innecesariamente a los inmigrantes. En Florida hay más de 1.8 millones de inmigrantes. Según un análisis de KFF Health News de un informe del Censo de EE. UU. del 2021, los inmigrantes representan el 11% de la fuerza laboral total, pero representan la mayor parte en ciertas industrias, como el 37% en la agricultura y el 23% en la construcción.
La nueva ley prohíbe que los gobiernos locales expidan identificaciones a las personas que residen en los EE. UU. sin un estatus permanente legal e invalida las licencias de conducir emitidas por otros estados para las personas que no pueden proporcionar prueba de residencia legal. También establece un cargo de delito grave de tercer grado por transportar a sabiendas y deliberadamente a una persona sin los documentos apropiados al estado.
La ley amplía el proceso de verificación de trabajadores con E-Verify, un sistema en línea que verifica la ciudadanía de una persona, para empresas con 25 o más empleados y requiere que los hospitales que aceptan Medicaid indaguen sobre el estado migratorio de un paciente. Además, la legislación reserva $12 millones para la iniciativa de reubicación de migrantes de DeSantis.
Elda Garcel, una madre y esposa cubana de 60 años que llegó a Estados Unidos hace dos décadas, dijo que la nueva ley no es mala. Ella cree que está destinado a abordar la inmigración ilegal y el tráfico de personas y responsabilizar a las empresas por no seguir las reglas.
“Creo que están malinterpretando la ley del gobernador DeSantis. Incluye disposiciones que han estado vigentes durante mucho tiempo, como E-Verify”, dijo Garcel. “Tener fronteras abiertas para la inmigración no es una buena idea, por eso creo que el boicot de los camioneros no ha tenido el éxito esperado. No estoy defendiendo a DeSantis, pero creo que hay problemas que debemos abordar”.
Arturo Domínguez, un reportero independiente y uno de los que han seguido de cerca la protesta de los camioneros en las redes sociales, dijo que si bien pueden estar de acuerdo en que el boicot puede no haber tenido el impacto económico que esperaban los camioneros, logró crear conciencia sobre una audiencia nacional.
“Sin la viralidad de los camioneros hablando, la mayoría de las personas en todo el país no sabrían el alcance de la ley de Florida, similar a las leyes antiinmigrantes en Kansas y Texas de las que los votantes no hablan”, dijo Domínguez.
Esa conciencia, dijo Domínguez, no solo condujo a protestas más grandes en todo el estado, sino que también obligó a algunos legisladores republicanos a rogar a los inmigrantes que se quedaran o regresaran. El mes pasado, los representantes estatales Rick Roth de Palm Beach y Alina García del condado de Miami-Dade instaron a los trabajadores migrantes del sur de Florida a ignorar la ley.
“La protesta se trata principalmente de generar conciencia sobre un problema”, dijo Domínguez. “Y en ese sentido, la mayoría de los activistas lo considerarían un triunfo”.
