Nancy Hernandez entrega alimentos y brinda asesoramiento a personas necesitadas en su oficina en Nebraska Avenue. Dos veces por semana, las familias esperan pacientemente en sus vehículos. Muchos llegan dos horas antes. Algunos caminan allí.
Hernández, fundadora de la organización local sin fines de lucro Mujeres Restauradas por Dios, planea asumir otro compromiso durante un momento incierto: abrir un centro de salud comunitario para brindar servicios médicos básicos y gratuitos a las personas vulnerables y sin seguro.
“Muchas personas están buscando desesperadamente esta ayuda, especialmente ahora que las cosas se han vuelto más difíciles en Florida con la nueva ley de inmigración”, dijo Hernández.
El proyecto de ley del Senado 1718 fue aprobado por la Legislatura de Florida y firmado por el gobernador Ron DeSantis en mayo. La legislación, que entró en vigor el 1 de julio, se considera una de las medidas más duras del país contra la inmigración ilegal. DeSantis y otros funcionarios republicanos afirmaron que la nueva ley restauraría la confianza.
Entre otras disposiciones, la ley exige que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten sobre el estado migratorio de los pacientes durante el proceso de admisión. Los hospitales locales han asegurado que esta información no afectará su atención ni resultará en un informe a las autoridades de inmigración.
Pero los inmigrantes sin los documentos adecuados tienen miedo de ir al hospital debido a esta disposición, dijo Hernández, y no quieren correr riesgos, incluso cuando la persona puede negarse a responder esa pregunta.
Hernández planea abrir su clínica comunitaria el próximo mes, en el mismo edificio donde ya tiene su oficina en 4310 N Nebraska Ave. Durante los últimos seis meses, ha logrado recaudar $40,000 de donantes privados. La clínica funcionará con el apoyo de un grupo de proveedores de atención primaria que donarán su tiempo y esfuerzo, dijo.
“Creo que es una iniciativa importante porque, además de los servicios que podemos brindar a la comunidad, le estamos diciendo a nuestra gente que no están solos y que de alguna manera podemos ayudarlos”, dijo Hernández.
Otra activista comunitaria, Ana Lamb, de Wimauma, trabaja todas las semanas a través de su grupo de WhatsApp, que tiene más de 400 miembros de inmigrantes de Centroamérica. Le gusta brindar información confiable y responder preguntas sobre la ley de inmigración y los hospitales.
Dijo que la información falsa en las redes sociales sobre la ley de inmigración impide que muchos tomen las decisiones correctas.
Isaret Jeffers, líder y fundadora de Colectivo Árbol, se está coordinando con donantes privados y voluntarios para lanzar una clínica móvil antes de fin de año. Su objetivo es abordar las necesidades de atención médica de los trabajadores agrícolas en los campos de Plant City, de manera similar a los servicios proporcionados por el Ministerio de Migrantes y los Centros de Salud Comunitarios de Suncoast.
Fotos por IVY CEBALLO/Tampa Bay Times
Isaret Jeffers, a la derecha, del Colectivo Árbol, se está asociando con donantes privados y voluntarios para establecer una clínica móvil. El objetivo es brindar servicios básicos de atención médica a los trabajadores agrícolas en Plant City.
Jeffers dijo que no es solo la falta de transporte lo que ha sido una barrera importante para acceder a los servicios de atención médica para muchas familias de bajos ingresos e inmigrantes que trabajan en la agricultura. Para ella, ahora hay un nuevo sentimiento de miedo por la ley de inmigración.
“Es cierto: muchas familias y mujeres, especialmente las madres solteras, tienen miedo”, dijo Jeffers. “Es el momento de ayudarlos porque no saben qué hacer”.
