Por ARIANA FIGUEROA
WASHINGTON — Un juez federal bloqueó el 25 de julio la norma de la administración Biden que restringe a los migrantes buscar asilo si llegan a la frontera entre Estados Unidos y México sin buscar primero protección en otro país o solicitar una cita de asilo en línea.
El juez Jon S. Tigar, designado por el presidente Barack Obama, escribió en su decisión que la norma viola la ley federal que permite que cualquier persona en suelo estadounidense solicite asilo.
Sin embargo, está concediendo la solicitud de la administración Biden de retrasar la entrada en vigor de la decisión durante dos semanas, lo que da tiempo al Departamento de Justicia para apelar.
El Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes de comentarios de States Newsroom sobre si apelaría la decisión, que sería remitida al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Tigar es juez en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California.
Tigar escribió que la norma de la administración Biden "es contraria a la ley porque presume que los no ciudadanos que entran entre puertos de entrada no son elegibles para el asilo, utilizando un medio de entrada que el Congreso expresamente pretendía que no afectara el acceso al asilo".
"La norma también es contraria a la ley porque presume que los no ciudadanos que no solicitan protección en un país de tránsito no son elegibles para el asilo, a pesar de la clara intención del Congreso de que tal factor solo limite el acceso al asilo cuando el país de tránsito realmente presente una opción segura", escribió.
Hace dos meses, la administración Biden implementó una norma temporal de dos años como herramienta de aplicación de la inmigración en preparación para el fin del Título 42, una herramienta de la era de la pandemia utilizada para impedir que más de 2 millones de migrantes soliciten asilo y en su lugar sean expulsados sin una audiencia de asilo.
El número de casos de asilo está en su punto más alto en la historia, con más de 1.5 millones pendientes, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
La administración Biden argumentó que su norma era necesaria en anticipación de numerosos migrantes en la frontera sur tras el fin del Título 42. Había excepciones limitadas a la norma, como para niños y adolescentes no acompañados y para solicitantes de asilo que enfrentan una amenaza inminente para sus vidas o tienen una emergencia médica.
Desde que se implementó la política en mayo, los encuentros en la frontera sur han disminuido significativamente. En mayo hubo más de 200,000 encuentros, en comparación con junio, cuando hubo más de 144,000, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
Pero la política también impuso duras sanciones. Si un migrante no solicitaba asilo en otro país o intentaba hacer una cita a través de la aplicación móvil CBP One, sería expulsado y se le impondría una prohibición de cinco años para solicitar asilo y no sería elegible para solicitar otros programas de libertad condicional disponibles para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los grupos que demandaron a la administración Biden en mayo incluyen la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU del Norte de California, el Centro de Estudios de Género y Refugiados y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
"El fallo del tribunal es bienvenido y esperado, ya que la nueva política simplemente reiteró normas anteriores que restringieron el acceso al asilo en función de motivos similares, que los tribunales ya rechazaron. Las leyes estadounidenses protegen los derechos de las personas que huyen de la persecución para venir a este país y solicitar asilo, punto final", dijo Keren Zwick, directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, en un comunicado.
La política también ha sido objeto de escrutinio por parte de los demócratas en el Congreso, quienes argumentan que la política se asemeja a la llamada "prohibición de tránsito" de la era Trump.
"La decisión es una victoria, pero cada día que la administración Biden prolonga la lucha sobre su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un refugio seguro para sus familias quedan en grave peligro", dijo Katrina Eiland, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien argumentó el caso, en un comunicado.
Esta es una sentencia familiar para Tigar, quien anuló la "prohibición de tránsito" de la administración Trump. Tigar argumentó que la política de la administración Trump ignoraba la decisión del Congreso de permitir que los inmigrantes soliciten asilo.
