Por MITCH PERRY
Una coalición de grupos presentó una demanda en un tribunal federal sobre la ley de inmigración recientemente promulgada en Florida, desafiando específicamente la sección de la ley que convierte en un delito grave que las personas transporten a un inmigrante indocumentado a través de las fronteras estatales como inconstitucional.
Los abogados de la Fundación ACLU de Florida, el Centro de Leyes de Pobreza del Sur, Americans for Immigrant Justice y el Consejo Estadounidense de Inmigración presentaron la demanda de 35 páginas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida en Miami el lunes, en nombre de The Farmworker Association of Florida (FWAF), una organización comunitaria de trabajadores agrícolas con sede en Apopka que tiene casi 12,000 miembros.
“Este proyecto de ley dañino contra los inmigrantes es inconstitucional, xenófobo y aumentará la discriminación racial ilegal de las comunidades negras y latinas de Florida”, dijo Paul R. Chavez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center. “Admitidamente diseñada para infligir crueldad, la SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia. Esta demanda reivindicará todos nuestros derechos constitucionales, y seguimos comprometidos a garantizar que los inmigrantes sean tratados con justicia, igualdad y dignidad. Un ataque tan feo a nuestra comunidad inmigrante no resistirá”, según un comunicado.
La demanda dice que “muchos de los miembros de FWAF se verán directamente perjudicados por la Sección 10, ya que transportan personas al estado de Florida cuyo estatus migratorio podría desencadenar un cargo por delito grave según la Sección 10, o ellos mismos tienen el estatus migratorio que podría desencadenar dicho cargo por delito grave y, por lo tanto, es posible que no puedan recibir transporte”.
La demanda también enumera a nueve personas (solo por sus iniciales) que podrían estar potencialmente expuestas a cargos por delitos graves porque parte de sus trabajos es transportar a personas “con diversos estados migratorios” a través de las fronteras estatales hacia Florida.
Uno de ellos, que solo figura como “J.L.”, trabaja como coordinador de campo para un grupo sin fines de lucro de Florida cuyas funciones incluyen viajar fuera del estado aproximadamente cinco veces al año para capacitaciones, conferencias y talleres sobre liderazgo, activismo y derechos de los trabajadores. “Durante sus viajes, a menudo lleva pasajeros, algunos de los cuales son inmigrantes, incluidos inmigrantes indocumentados”, dice la demanda.
La Sección 10 de la SB 1718 impone sanciones penales a una persona que transporta a un inmigrante que “ingresó a los Estados Unidos violando la ley y no ha sido inspeccionado por el Gobierno Federal desde su ingreso ilegal”.
Los abogados argumentan en su presentación que la Sección 10 está “redactada de una manera que podría abarcar todo tipo de inmigrantes, incluidas las personas que están legalmente presentes en los Estados Unidos o que están en proceso de buscar un estatus migratorio legal.El estatuto no define el término 'inspeccionado' y no explica qué significa ser inspeccionado 'desde' la entrada”.
La SB 1718 impone una serie de disposiciones para tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes indocumentados en Florida, incluida la obligación de que las empresas con 25 o más empleados utilicen el sistema E-Verify para los nuevos empleados; exigir a los hospitales que incluyan una pregunta en sus formularios de admisión sobre si un paciente es ciudadano estadounidense y una medida que prohíba a los inmigrantes indocumentados conducir un automóvil en el estado, incluso si tienen una licencia de conducir de otro estado.
El caso fue presentado contra el gobernador Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida.
