MIAMI (AP) — Varios miembros actuales y anteriores de la junta directiva de una de las asociaciones de propietarios de viviendas más grandes de Florida han sido acusados de robar más de $2 millones del dinero de los residentes.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, anunció el martes una combinación de cargos por robo, fraude y lavado de dinero contra la actual presidenta Monica Isabel Ghilardi, de 52 años; miembro de la junta Myriam Arango Rodgers, 76; ex miembro de la junta Yoleidis López García, 47; la expresidenta Marglli Gallego, de 41 años; y José Antonio González, de 45 años, esposo de Gallego y acusado de dirigir dos empresas a las que se les pagó al menos $1,26 millones en fondos de la HOA.
“Este caso no está cerrado”, dijo Fernández Rundle durante una conferencia de prensa. “Estos no son el final de los arrestos criminales”.
Gallego había sido presidenta de la Asociación Comunitaria Hamacas hasta que fue arrestada en abril de 2021 por cargos de robo. Ese arresto fue parte de una larga investigación que también condujo a nuevos cargos.
La HOA supervisa 40 comunidades y más de 6500 unidades en West Kendall, ubicada al suroeste de Miami. Una parte importante de la investigación se centró en los miembros de la junta que emitieron cheques, en algunos casos por cientos de miles de dólares, a proveedores por servicios que en realidad no se estaban brindando, dijeron los fiscales.
Luego, los vendedores devolverían el dinero lavado después de quedarse con una parte. Los residentes han estado luchando durante años para deshacerse de Gallego y de los miembros de la junta que la apoyan, informó el Miami Herald.
Los residentes intentaron expulsar a la junta en una elección de enero cuando a cientos de votantes que hacían fila no se les permitió votar debido a una falsa amenaza de bomba telefónica y nuevamente durante una elección revocatoria de julio cuando la junta descartó dos tercios de los votos emitidos.
La asociación había estado operando con un presupuesto anual de alrededor de $3.7 millones hasta esta primavera, cuando la junta aprobó un presupuesto de más de $10 millones, según documentos judiciales.
El nuevo presupuesto significa que los residentes enfrentan aumentos mensuales en las tarifas de mantenimiento y servicio de hasta un 400%.
El aumento ha dado lugar a una demanda, que está pendiente.
Fernández Rundle señaló durante la conferencia de prensa que las asociaciones de propietarios de Florida caen bajo la jurisdicción del Departamento de Regulaciones Comerciales y Profesionales, pero la ley estatal otorga al departamento poco poder de ejecución.
Un abogado incluido en el caso de Gallego de 2021 no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios de The Associated Press. Los registros judiciales y de la cárcel no incluyeron de inmediato a los abogados del esposo de Gallego ni a los otros miembros de la junta.
