Por DÁNICA COTO
SAN JUAN (AP) — Un juez federal falló el lunes que es inconstitucional negar acceso a tres programas federales de asistencia pública a los puertorriqueños que viven en territorio de Estados Unidos, una importante decisión elogiada por muchos.
Sin embargo, el juez también concedió una suspensión administrativa de dos meses a su fallo, a petición del gobierno federal, lo que significa que, por ahora, la decisión sólo será aplicable a los nueve demandantes en el caso.
Los expertos en leyes advirtieron que prevén que el gobierno federal apele el fallo y que, de no tener éxito, lleve el tema hasta la Corte Suprema debido a los millones de dólares que están en juego.
“Es un precedente, es un cambio significativo, no hay duda. Cuán histórica sea depende de su prevalencia”, dijo a The Associated Press Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Un vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a comentar sobre la decisión.
En el fallo de 70 páginas, el juez William G. Young dijo que era una norma discriminatoria negar a los puertorriqueños la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) —que ofrece un ingreso adicional a los ancianos, ciegos o discapacitados_; el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antes conocido como Programa de Cupones para Alimentos; y el Subsidio por Bajos Ingresos Medicare Parte D, que ayuda a cubrir el costo de un plan de medicamentos recetados.
“La red de seguridad federal es menos sólida y más permeable en Puerto Rico que en el resto de la nación”, escribió. “Para ser francos, el gobierno federal discrimina a los estadounidenses que viven en Puerto Rico”.
Young señaló que la isla con 3,2 millones de habitantes tiene una tasa de pobreza del 43%, y que los nueve demandantes son lo suficientemente pobres como para calificar por lo menos para uno de los tres programas federales de bienestar social.
Agregó que las Islas Marianas del Norte tienen acceso al SSI, y Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos al SNAP, un programa al que Puerto Rico alguna vez tuvo acceso hasta que el Congreso revocó su elegibilidad en 1981. Mientras tanto, dijo que el Congreso financia programas sustitutos en Puerto Rico, “pero son, por mucho, menos generosos”, al ofrecer menos cobertura y beneficios más pequeños.
“No hay duda de que aquí las violaciones constitucionales son sistemáticas”, escribió Young.
Reconoció que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido tres argumentos para excluir a los residentes de Puerto Rico de los programas: costo, posible alteración a la economía de la isla y el hecho de que quienes viven en la isla suelen estar exentos de pagar el impuesto sobre la renta federal personal.
Sin embargo, Young argumentó en parte que el Congreso pudo haber extendido las reducciones de beneficios de forma equitativa, y que los pobres generalmente no pagan el impuesto sobre la renta sin importar dónde vivan. También señaló que entre 2000 y 2005, los residentes de Puerto Rico pagaron más impuestos federales que seis estados y todos los otros territorios de Estados Unidos juntos. Además, escribió que, durante el año fiscal 2019, el gobierno federal recaudó más de 3.500 millones de dólares en impuestos de los residentes de Puerto Rico.
Se prevé que la decisión de Young genere incluso más discusión sobre el estatus político de Puerto Rico ya que está programado un referendo no vinculante sobre la estadidad.
