Por CÉSAR GARCÍA y CHRISTOPHER TORCHIA
BOGOTÁ (AP) — ¿Héroe o villano? En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe es ambos.
La división sobre Uribe, y la escisión más amplia en la sociedad colombiana nacida de la violencia durante generaciones que disminuyó con un acuerdo de paz alcanzado con los insurgentes en 2016, se reavivaron luego de que el exmandatario fue colocado en arresto domiciliario en un caso de presunta manipulación de testigos.
Y en una agudización del dramatismo, un portavoz del partido Centro Democrático, al que pertenece Uribe, dijo el miércoles que el expresidente dio positivo al coronavirus. El representante habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado del asunto.
Horas antes, un equipo médico había visitado a Uribe durante 20 minutos. Los medios colombianos reportaron que se encontraba en buen estado de salud.
El fallo que la Corte Suprema de Justicia emitió el martes para detener al exmandatario de 68 años, todavía una fuerza política en el país a pesar de que dejó la presidencia hace una década, expuso las tensiones en una democracia latinoamericana que está dividida en torno a quién debería rendir cuentas por supuestos delitos vinculados con la brutal historia de Colombia. Ocurre en un momento complicado para la nación, en el que intenta contener el coronavirus al tiempo que soporta las duras consecuencias económicas de un confinamiento de meses.
“Ahora le vamos a sumar, digamos, una mayor polarización política”, dijo Juan Manuel Charry, abogado y analista constitucional colombiano. Señaló que el fallo de la corte “rompe una larga tradición histórica de que, si bien los expresidentes de la república habían sido juzgados, ninguno había sido detenido preventivamente”.
Los detractores del expresidente dijeron que la determinación del máximo tribunal debería ser respetada a la espera de la investigación a Uribe, quien actualmente funge como senador y ha negado haber cometido alguna acción ilegal.
“Nadie está por encima de la ley”, tuiteó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien es crítica de Uribe y que como investigadora había trabajado en torno a la complicidad entre políticos y grupos paramilitares.
En la noche, la Procuraduría General de la Nación les recordó a los funcionarios y servidores públicos que deben acatar las decisiones judiciales, en referencia a la decisión tomada por la Corte Suprema contra Uribe.
En un comunicado, la Procuraduría indicó que “es imperativo” para todas las ramas del poder público en Colombia acatar y dar cumplimiento a las decisiones que tome el máximo tribunal.
“Ningún servidor público podrá promover o alentar su incumplimiento”, señaló.
En la presidencia, Uribe fue un austero mandatario de línea dura cuyos éxitos militares respaldados por Estados Unidos contra los rebeldes le dieron una enorme popularidad durante su mandato de 2002 a 2010. Fue arrestado debido a sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, los cuales habían sido organizados por terratenientes, en ocasiones con la complicidad del Estado, para combatir a las guerrillas que defendían una ideología de izquierda al tiempo que recurrían al secuestro y la extorsión.
El resultado fue un brutal derramamiento de sangre en el que generalmente civiles fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que diversos grupos armados llevaron a cabo en circunstancias turbias.
El fallo de la corte hizo enfurecer a los simpatizantes de Uribe, quienes cuestionaron la razón por la que estaba siendo detenido mientras exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen libres e incluso gozan de representación en el Congreso bajo un acuerdo de amnistía.
Esos partidarios incluyen al presidente Iván Duque, un hombre al que Uribe preparó para el cargo y cuyas críticas al fallo de la corte ejercieron presión pública sobre un sistema judicial aparentemente independiente y que durante años ha padecido de corrupción interna.
“Hay un juicio que se tendrá que desarrollar, pero lo mínimo que una sociedad espera en una circunstancia de estas, con alguien que ha servido a Colombia, es que pueda ejercer su defensa en libertad”, señaló Duque el miércoles en una entrevista con la estación de radio RCN.
Duque, que había dicho que algunas cláusulas del acuerdo de paz de 2016 con las FARC eran demasiado indulgentes, comparó el predicamento de Uribe con el que enfrentó un exlíder rebelde conocido como Jesús Santrich, quien aparentemente huyó el año pasado luego de que la Corte Suprema ordenó que fuese liberado de la cárcel con base en que tenía inmunidad limitada como legislador. Santrich era buscado en Estados Unidos por cargos de asociación delictuosa para traficar cocaína, un delito que presuntamente cometió luego del acuerdo de paz.
Santrich simplemente es “un delincuente”, mientras que Uribe no representa un riesgo de fuga y ha colaborado con el proceso judicial en su contra, dijo Duque.
Uribe está siendo investigado por supuestamente sobornar a un exmiembro paramilitar para que se retractara de acusaciones perjudiciales en contra del expresidente. El caso se deriva de acusaciones presentadas por el senador Iván Cepeda, quien sostiene que Uribe fue miembro fundador de un grupo paramilitar en su provincia natal durante el conflicto civil de décadas que involucró a fuerzas gubernamentales, rebeldes y grupos paramilitares, y en el que cientos de personas murieron, desaparecieron o fueron desplazadas.
Ahora Uribe se defiende en los tribunales. Su abogado, Jaime Granados, dice que es inocente.
