TAMPA - Madison Paredes sostenía una muñeca Blancanieves mientras estaba aferrada a los brazos de su madre, el viernes pasado. La niña llevaba un lazo rosa que recogía su cabello y una camisa con la palabra "feliz" en el pecho.
Pero sus padres no estaban felices. Estaban nerviosos y privados de sueño.
William Paredes, su esposa Jennifer Infante y sus dos hijos llegaron a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas en Cypress Street con la esperanza de detener el proceso de deportación que amenaza con enviarlos de regreso a su natal Venezuela.
Paredes un ex oficial de policía y su familia afirmaron que recibieron amenazas de muerte de narcotraficantes respaldados por el gobierno por su papel en una gran redada de drogas.
Desde que emigraron a Estados Unidos hace cinco años, el gobernante Nicolás Maduro ha reforzado su control sobre un país ahora en medio de una crisis política, económica y humanitaria. Al condenar los abusos contra los derechos humanos de Maduro, el gobierno del presidente Donald Trump está trabajando para presionar a Maduro para que renuncie. Al mismo tiempo, sin embargo, los funcionarios de inmigración de Trump han estado trabajando para enviar a Paredes, Infante y su hijo de regreso al país.
"Si regresamos", dijo Paredes, "tenemos miedo de que nos maten".
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Paredes, de 36 años, dijo que trabajaba como oficial K-9 para la ciudad de Maracaibo en 2013 cuando formaba parte de una gran redada en la que se encontró cocaína. Poco después, Paredes comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazadoras de miembros de "colectivos". Los colectivos son grupos armados que surgieron durante el mandato del presidente Hugo Chávez y controlan vastos territorios en todo Venezuela, financiados en algunos casos por el tráfico de drogas.
Después de ser amenazado a punta de pistola, Paredes supo que era hora de irse. Él e Infante, de 35 años, llegaron a Tampa con su hijo Sebastián con una visa de turista en 2014 y solicitaron asilo. Cuando su caso fue radicado hicieron su vida aquí. Paredes trabaja en la construcción; Infante es una flebotomista. Madison nació en Tampa, por lo que es una ciudadana estadounidense. Sebastián ahora tiene 10 años.
Para calificar para el asilo, los migrantes deben probar que enfrentan una amenaza inminente de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo social en particular. Paredes y su familia cumplen fácilmente con ese estándar, dijo Javier Torres, director ejecutivo de Migrants Foundation en Tampa.
"Sus vidas están en peligro real", dijo Torres. "Todas las personas que abandonaron el país por razones políticas se consideran traidores del gobierno".
Pero la solicitud de la familia y las apelaciones posteriores fueron denegadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). En 2017, un juez de inmigración ordenó su expulsión de EEUU. Las razones de las denegaciones de asilo no estaban claras esta semana.
"Ambos casos han recibido un proceso completo en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuará apoyando la ley federal, la política de la agencia y la orden de los tribunales", dijo la portavoz de ICE, Tammy Spicer, en un comunicado.
Pero algunos legisladores dicen que es inconcebible deportar a los venezolanos dado el estado de cosas en su país. Una economía mal controlada por el estado ha hecho que la comida y la atención médica no estén disponibles para muchos. Los disidentes han sido encarcelados y torturados. Maduro se resiste a los llamados a renunciar y ha bloqueado la ayuda humanitaria.
Un grupo bipartidista de legisladores está patrocinando un proyecto de ley que otorgaría el estatus de "protección temporal" a los venezolanos que viven en Estados Unidos. El programa brinda alivio de la deportación y el acceso a un permiso de trabajo para los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país de forma segura debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.
Los partidarios dicen que el estado protegido debe permanecer en su lugar hasta que el poder cambie de manos. Estados Unidos se encuentra entre los países que reconocen a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por la oposición, como presidente interino.
"Si bien el régimen narcoterrorista de Maduro continúa cometiendo actos de violencia sin sentido contra el pueblo venezolano, está claro que las condiciones en el terreno garantizan el estatus de protección temporal para los ciudadanos venezolanos que residen en Estados Unidos", dijo el senador estadounidense Marco Rubio en un comunicado.
El otro senador de la Florida, el republicano Rick Scott, también apoya la medida.
Paul Palacios, el abogado de la familia, dijo que se le dijo a la familia que se fuera antes del 26 de febrero, pero recibió una breve extensión después de que intervinieran las oficinas de Rubio y Scott. Aún así, podrían haber sido detenidos en el lugar bajo la ley de inmigración de Estados Unidos.
Cuando se les preguntó qué pasaría si fueran deportados, las lágrimas brotaron de los ojos de Infante. Su hija podía quedarse legalmente, pero no la dejarían, dijo Infante.
"Si nos quedamos, seguiremos haciendo lo que hemos hecho desde que llegamos", dijo Paredes, "respetando las leyes, dando una mejor educación a nuestros hijos, contribuyendo con nuestro grano de arena a este país que nos abrió las armas".
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La familia salió de la oficina de ICE el viernes pasado. Un pequeño grupo de amigos y simpatizantes, uno de ellos con una bandera venezolana, pidió noticias.
"Positiva", dijo Paredes, bombeando un puño. Los partidarios aplaudieron.
Palacios dijo que los funcionarios de ICE le dijeron a la familia que regresara el 11 de marzo para que la agencia pueda considerar su solicitud. El abogado agregó que está optimista de que obtendrán una estadía de seis meses a un año.
"Estamos muy contentos y con esperanza", dijo infante sonriente en español, "y confiamos en Dios y en nuestro abogado que todo estará bien".
