En la víspera de la entrada en vigor del Proyecto de Ley 1718 del Senado, un grupo de más de 200 residentes de Dover se reunió para oponerse a la ley.
Bajo el sol abrasador de la tarde del viernes, la “Faith Walk For Immigration”, organizada por el padre Rafael Martos de la Iglesia Católica de la Misión de San Juan Diego y apoyada por Faith en Florida, unió a la comunidad y a los líderes religiosos mientras sostenían banderas y pancartas mientras oraban y cantaban por las familias que se verán afectadas por esta ley.
“Todos somos iguales”, dijo el padre Martos. “No importa nuestro color, raza o nación. Todos somos iguales para Dios”.
La caminata fue encabezada por una bandera estadounidense gigante, seguida por Martos y otros portando la cruz mientras completaban el Via Crucis. Durante cada una de las 14 paradas, Martos describió los eventos de la Pasión de Jesucristo, comenzando con la condena a muerte de Jesús y terminando con su cuerpo siendo colocado en una tumba, seguido de una oración por los inmigrantes en los EE. UU.
Martos explicó que la decisión de hacer el Via Crucis fue para reflejar el doloroso viaje por el que pasó Jesús al incierto que han vivido los inmigrantes indocumentados en el acalorado clima político.
El viaje de dos millas comenzó en Rancho Lugo en 3249 Sydney Dover Road y terminó en la iglesia en 3238 San Jose Mission Drive.
Los participantes portaban carteles que decían: “Los inmigrantes son gente trabajadora” y “No somos delincuentes. Detener SB178. Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos”.
La nueva ley amplía los requisitos para que las empresas con 25 o más empleados usen E-Verify, un sistema de registro administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. que verifica el estado migratorio de los trabajadores. La nueva medida también requiere que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten sobre el estado migratorio de los pacientes durante el proceso de admisión e impone sanciones a las personas que transportan a alguien sin estatus legal al estado, lo que resulta en un delito grave de tercer grado.
La SB 1718 ha enfrentado amplias críticas desde antes de que el gobernador Ron DeSantis la promulgara el 10 de mayo. Pero la ley entró en vigencia rápidamente el 1 de julio, lo que dejó a miles de inmigrantes indocumentados inseguros sobre su futuro.
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