ORLANDO — Un esfuerzo de la Oficina del Censo para recabar la información que tienen los estados sobre las licencias de conducir ha sido un fiasco hasta ahora y ha frustrado un nuevo intento del gobierno de determinar la ciudadanía de la población.
Hasta el viernes, la gran mayoría de las agencias que emiten esas licencias se han negado a compartir su información, según un estudio de la Associated Press de las respuestas de los 50 estados. Los esfuerzos del gobierno de los dos últimos meses alarmaron a organizaciones de derechos civiles, que los ven como parte de una campaña de la administración de Donald Trump tendiente a disminuir el poder político de las minorías.
En agosto, la Oficina empezó a pedir los antecedentes de los últimos cinco años que tienen los departamentos de transportes, asegurando que no serían compartidos. La iniciativa se puso en marcha luego de que la Corte Suprema rechazase la propuesta del gobierno de preguntar por la ciudadanía en el censo del 2020. En su lugar, Trump ordenó que se determinase la ciudadanía a partir de los archivos de los departamentos de transportes.
Al menos 13 estados se negaron a compartir esa información, 17 aún no se pronunciaron y 17 dicen no haber recibido pedido alguno, de acuerdo con la investigación de la AP. Tres estados no respondieron a la AP.
Estados de hegemonía tanto demócrata como republicana se negaron a suministrar esa información, aduciendo preocupación por la privacidad y leyes locales.
“Desde un punto de vista filosófico, consideramos que la información de nuestro banco de datos no nos pertenece. Le pertenece a la gente a la que le pertenece”, afirmó el secretario de estado de Maine Matthew Dunlap. “No nos corresponde a nosotros compartirla”.
Dos de los estados más grandes, California y Nueva York, todavía no han recibido el pedido de esos datos. Otros tres --Texas, Florida y Pensilvania-- están decidiendo cómo responder.
Funcionarios de la Oficina del Censo no han hecho comentarios al respecto por ahora.
Las solicitudes de información comenzaron en agosto y han continuado hasta este mes. Muchos estados recibieron llamadas o correos electrónicos similares a uno en el que un funcionario le pide a una empleada de los Servicios para el Conductor de Arkansas si había tenido tiempo de hablar con su dependencia sobre el “nuevo y fascinante proyecto” del censo.
Scott Hardin, vocero de la dependencia de Arkansas, declaró: “Estamos trabajando para determinar si se puede difundir esa información o no”.
Funcionarios de Utah rechazaron el pedido porque las leyes estatales estipulan que la información personal de la gente se puede compartir solo por cuestiones de seguridad pública, según Marissa Cote, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de este estado republicano.
Nevada, de hegemonía demócrata, también se negó a compartir la información.
“Valoramos la privacidad de nuestros residentes y dudamos en difundir esta información de una vez”, dijo Kevin Malone, vocero del departamento de transportes.
Los estados que todavía no decidieron cómo responder dijeron que estaban analizando las implicaciones legales y en relación con la privacidad. Al emitir las licencias de conducir, los estados exigen documentos como certificados de nacimiento que revelan la ciudadanía, o requieren al solicitante que sea ciudadano o esté en el país legalmente.
La Unión de Libertades Civiles (conocida como ACLU, por sus siglas en inglés) exhortó a los estados a rechazar el pedido del Censo.
ACLU y otras organizaciones de derechos civiles dicen que los pedidos son parte de una campaña del gobierno de Trump para que se tomen en cuenta solo a los ciudadanos, no a la totalidad de la población, al redistribuir distritos electorales, tanto a nivel local como estatal. Esa iniciativa podría hacer que los distritos tengan un promedio de edad más alto y sean más blancos y más republicanos.
“Esta iniciativa parece ser parte de un plan motivado por el propósito inconstitucional y discriminatorio de diluir el poder político de las comunidades de color”, expresó Dale Ho, director del Proyecto sobre el Derecho a Votar de la ACLU.
La Oficina del Censo dijo que la información de las licencias de conducir sería usada en parte para crear un modelo estadístico para determinar cuántos ciudadanos y cuántos no ciudadanos hay en Estados Unidos.
Organizaciones de derechos civiles afirman que la información de las licencias de conducir no es un buen referente para determinar si una persona es ciudadana o no.
Mencionan lo que sucedió este año en Texas, cuando el jefe del tribunal electoral dio a fiscales una lista de 95.000 potenciales no ciudadanos que estaban empadronados. La lista fue elaborada con la ayuda de información del departamento de transportes. Pero resultó que muchas de esas personas habían sacado la ciudadanía antes de emitir su voto.
La batalla en torno a si se deben tomar en cuenta solo a los ciudadanos al asignar fondos en el Congreso o reconfigurar distritos electorales a nivel local y estatal se libra en tribunales federales de Alabama y Maryland.
En Estados Unidos se acostumbra a incluir a los inmigrantes que están en el país sin permiso en las cuentas del censo, que son usadas para asignar miles de millones de dólares en gastos federales.
