TAMPA - Han transcurrido dos semanas y Verónica Hernández quiere pensar que todo es una pesadilla y que un milagro traerá de vuelta a su querido esposo.
Pero más que un milagro será la decisión de un juez de inmigración, en Miami, el que termine definiendo el futuro inmediato del hondureño Wilfredo Álvarez, de 42 años.
La deportación está en la balanza, aunque el perdón se mantiene como una llamarada viva por una segunda oportunidad.
“Mi marido es un buen hombre, es trabajador y muy querido. Nunca le ha hecho daño a nadie. Lo único que ha hecho toda su vida es trabajar”, dijo Hernández, de origen mexicano, en una entrevista con CENTRO Tampa. “Su familia lo reclama. Todos lo queremos de vuelta”.
Álvarez fue arrestado el primero de octubre durante una entrevista de rutina en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , ubicada en 5524 W Cypress Street. No estaba solo. Álvarez llegó acompañado de su abogada, Emel Ersan, quien dijo que las autoridades rechazaron cualquier intento de mediación.
“Simplemente se negaron a escucharme”, sostuvo Ersan.
Álvarez vive en Estados Unidos hace 20 años y es padre de cinco hijas -todas menores de edad- que nacieron en este país. Una de las pequeñas, Dariannellys, de solo cuatro años de edad, nació prematuramente a las 28 semanas y sufre del Síndrome de Edwards, o Trisomía 18.
La enfermedad es un trastorno genético grave que caracteriza por retraso en el crecimiento y el desarrollo cognitivo y otras complicaciones que causan la muerte del paciente al poco tiempo de su nacimiento o unos años después. Dariannellys requiere atención especializada y tiene que ser alimentada diariamente por medio de un tubo gástrico que le fue implantado en su estómago.
La ausencia del Álvarez ha hecho que el estado de salud de la niña empeore.
Su madre dijo que la pequeña entra en llanto casi todas las noches como si estuviese reclamando a su padre, el hombre que siempre la hacía dormir con paciencia y amor.
“Todos estamos muy tristes con esta situación”, dijo Hernández con lágrimas en los ojos. “Es muy duro. No sabemos qué hacer ni cómo responder. Él nos dice que estemos tranquilos, que sigamos adelante y que nos extraña mucho. Pero es muy difícil, así no se puede”.
Álvarez y Hernández son los dueños de un discreto restaurante latino llamado Álvarez Authentic Latin Food y una estación de comida rápida que opera dentro de una gasolinera, al norte de Tampa. El negocio es el único sustento de un hogar que le da empleo a otras cuatro familias hispanas.
Joshua Collins, amigo y cliente del restaurante de la familia de Álvarez, dijo que la noticia del arresto es injusta.
“Es un hombre honesto y dedicado a su trabajo. Creo que es una de esas personas que prefiere dar y ayudar al prójimo antes que a él mismo”, sostuvo Collins. “Es muy triste que haya sido detenido porque él ha contribuido a la sociedad. Esta situación requiere otro tipo de solución”
Mientras tanto, su familia y su abogada en Tampa insisten en que Álvarez se merece un permiso humanitario por las circunstancias que rodean el caso.
La abogada Ersan precisó que en medio de este proceso las autoridades deberían considerar el hecho de que toda una familia podría quedar desamparada.
“El señor Álvarez ha sido un inmigrante ejemplar en todos los sentidos. Por eso estamos tratando de solicitar y que nos acepten un permiso humanitario. Siempre lo habíamos conseguido sin ningún problema mayor hasta que este año simplemente decidieron arrestarlo”, dijo Ersan.
Con lujo de detalles, la abogada recordó que las autoridades no quisieron escuchar o revisar el caso de Álvarez y que solo procedieron a informarle que estaba detenido para ser deportado.
El momento incluso quedó registrado en un vídeo de algunos segundos que Ersan pudo grabar con su teléfono celular para que Álvarez pudiese enviar un mensaje de consuelo a su familia. Ersan señaló que las autoridades detuvieron a Álvarez con el argumento de que su pasaporte hondureño había expirado.
“Pero fueron las mismas autoridades quienes confiscaron su pasaporte el año pasado. Fueron ellos los que crearon esta situación y ahora dicen que (Álvarez) no puede solicitar un perdón humanitario”, dijo Ersan. “He sido abogada durante los últimos 25 años y nunca había visto algo así”.
Sin embargo las autoridades señalaron que la situación legal de Álvarez había sido analizado con anterioridad y de acuerdo a ley, explicó Tamara Spicer, portavoz del ICE.
En un comunicado enviado a CENTRO Tampa, Spicer dijo que Álvarez fue intervenido inicialmente en Texas el 21 de octubre de 1999 y puesto en libertad condicional con la orden de presentarse ante un juez de inmigración en una fecha determinada. Álvarez no acudió a la corte y un juez dictaminó su salida del país el 24 de agosto del 2000. Tres años después Álvarez fue procesado en Tampa por Agentes de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de la Policía de Inmigración (ICE) y puesto en libertad mientras su caso nuevamente era ventilado en fueros judiciales.
Ersan dijo que el entrampamiento legal del caso de Álvarez ocurrió por error de las autoridades. Argumentó que la carta que le entregaron a Álvarez a fines de 1999 para que acudiese a una corte ‘no se puede leer claramente la fecha y hora de la cita judicial’, según Ersan.
“Es absolutamente horrible. Si usted ve esa carta se dará cuenta que no se puede ver la fecha”, sostuvo Ersan. “No hay número, no hay una fecha, no hay nada. Por eso creo que si usted necesita ayuda, lo último que debería hacer es dirigirse a las autoridades migratorias. Ellos (las autoridades) no están haciendo ningún tipo de excepciones”.
Spicer dijo que el proceso respetó todas las garantías de ley.
“ICE enfoca sus recursos (de cumplimiento de la ley) en individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza. Sin embargo, ICE no exime a clases o categorías de extranjeros que pueden ser removidos por acción de la justicia”, precisó Spicer. “Todos aquellos que violen la ley de inmigración pueden ser arrestados, detenidos y expulsados de los Estados Unidos si tienen una orden final de deportación”.
Al cierre de nuestra edición la familia Álvarez estaba a la espera de una decisión del juez de inmigración.
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