Por FRANKLIN BRICEÑO
LIMA (AP) — En un multideportivo transformado en puesto sanitario para atender a contagiados de COVID-19 en Lima, el presidente peruano Martín Vizcarra pidió a los ciudadanos luchar contra el “virus endémico” de la corrupción.
“No podemos confiarnos, el enemigo no se rendirá”, dijo el presidente de 57 años rodeado de jefes militares.
Esta semana será clave para su gestión porque no sólo enfrenta la pandemia del nuevo coronavirus, sino la posibilidad de perder el poder: el nuevo Parlamento asestó uno de los más duros golpes a su gestión y el viernes decidirá si lo destituye del cargo por “incapacidad moral permanente”.
En un enfrentamiento previo con el poder Legislativo, Vizcarra disolvió el Congreso anterior en septiembre de 2019.
El mandatario también está a la espera de una respuesta del Tribunal Constitucional, ante el cual presentó una demanda para que archive el procedimiento de destitución porque, según el gobierno, el Congreso estaría limitando el deber presidencial de gobernar hasta el fin de su mandato el 28 de julio de 2021. Es probable que este organismo se pronuncie el jueves. Su decisión será clave para que el Legislativo continúe el proceso o se frene en seco.
Según algunos expertos, de superar este obstáculo, Vizcarra no quedaría libre de presiones, pues podría estar bajo sospecha de corrupción hasta que se conozca su papel en la contratación de su amigo, el cantante Richard Cisneros, a quien el gobierno pagó 49.500 dólares por dictar charlas motivacionales a funcionarios entre 2018 y 2020.
La crisis política más reciente de Perú golpeó su imagen de guerrero contra la corrupción en un país donde los ciudadanos son los que más creen en Latinoamérica que el principal problema es este flagelo y que casi todos sus políticos son corruptos, de acuerdo con el Barómetro de las Américas 2019 de la Universidad de Vandervilt.
Actualmente los peruanos tienen a un presidente sentenciado por ese delito, a otro que se suicidó antes de ser detenido, a un tercero preso en los Estados Unidos esperando una extradición y dos más arrestados en sus mansiones mientras son investigados por la fiscalía.
El escándalo que afecta a Vizcarra estalló hace una semana. En el Parlamento se difundieron audios donde se escucha al mandatario coordinar las respuestas de Karem Roca y Miriam Morales -dos funcionarias de su despacho- para declarar en investigaciones realizadas por la fiscalía y el Congreso para indagar en la contratación de Cisneros, quien aparentemente no cuenta con experiencia para brindar charlas motivacionales.
Nueve horas después que se dieran a conocer estos materiales, los parlamentarios ya habían propuesto iniciar un proceso de destitución por “incapacidad moral permanente”, una causal incorporada en el siglo XIX en la Constitución, que, según expertos, es tan amplia que puede ser usada de acuerdo con la conveniencia de quien la plantee. La “incapacidad moral permanente”, debe entenderse como incapacidad mental, tal como era comprendida en el pasado y no como comportamiento reprochable, según algunos constitucionalistas.
La rapidez con la que Vizcarra fue llevado al paredón mostró también su orfandad política, ya que es el primer presidente que en 40 años gobierna sin bancada en el Congreso.
En Perú el Legislativo actual cuenta con una desaprobación de 72% y la cifra del Congreso previo era similar. En contraste, el mandatario cuenta con 57% de aprobación y Vizcarra es considerado por los peruanos como un líder que por fin intentaba luchar contra ese delito.
“Es el único presidente que sin mucho poder se ha enfrentado a los sinvergüenzas que han robado siempre”, dijo a The Associated Press Pedro Quispe, un profesor jubilado de 75 años que vendía mascarillas en un mercado limeño. “Lo tienen del cuello porque no tiene amigotes en el Congreso”, añadió.
En sus más de dos años de gobierno, Vizcarra ha golpeado a un grupo de jueces, fiscales, políticos y empresarios que modificaban juicios a su antojo para beneficiar a sus allegados. También había propuesto —aunque sin lograrlo— una reforma de los partidos políticos para limpiarlos de sentenciados, democratizar sus elecciones internas y transparentar el dinero utilizado en las campañas políticas.
Sin partido político ni ideología clara, lo único que le quedaba al mandatario era empuñar la bandera anticorrupción “y para eso debes tener un equipo impoluto”, dijo a la AP Alonso Cárdenas, profesor de Políticas Públicas en la universidad jesuita Antonio Ruíz de Montoya. “Si pierdes esa bandera, pierdes tu capital político y a la menor sospecha de corrupción esta bandera pierde vigor”, añadió.
Cárdenas también señaló que la difusión de audios muestra “la vulneración de la seguridad presidencial, ya que es inaudito que un mandatario sea grabado en el palacio y sus conversaciones filtradas”.
Vizcarra dijo sentirse triste, decepcionado y traicionado por la difusión de los audios realizada por su secretaria de casi una década Karem Roca, con quien cortó vínculos laborales.
El presidente también aceptó la renuncia de Miriam Morales, abogada experta en conflictos sociales a quien conoció cuando era gobernador y se convirtió en la funcionaria más importante de su despacho, donde ella acumuló decenas de enemigos, incluida Roca y otros exministros.
Vizcarra era un vicepresidente desconocido para la mayoría de peruanos en 2018, cuando asumió de manera sorpresiva luego de que el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, un octogenario banquero de Wall Street, renunciara presionado por el Parlamento que lo amenazó con destituirlo por “incapacidad moral permanente” debido a acusaciones de presunta corrupción ligadas a la constructora Odebrecht cuyos escándalo de sobornos remecieron América Latina.
Recibió la presidencia un día después de su cumpleaños 55 tras retornar de Canadá, donde era embajador, y formó su círculo más íntimo con funcionarios provinciales que habían trabajado con él entre 2011 y 2014 en la pequeña región minera de Moquegua, donde había sido un gobernador destacado entre más de una decena de pares que terminaron presos por corrupción.
El 81% de peruanos ni siquiera sabía su nombre cuando el ingeniero civil, aficionado al frontón y convertido en político, llegó al palacio presidencial de Lima, la vieja ciudad colonial donde nació pero no había echado raíces, ya que su carrera de constructor de infraestructura y político provincial lo había desarrollado en Moquegua, la tierra de sus padres.
Una vez en el poder, Vizcarra se dedicó a recorrer casi a diario y con énfasis pueblos remotos jamás visitados por un mandatario en jornadas que incluían viajes frecuentes en avión, helicóptero, camioneta y a pie como en Calemar, una aldea norteña a la cual The Associated Press acompañó en 2018 y donde los escolares y campesinos lo alentaban a viva voz a cerrar el Parlamento de entonces.
Su enemigo político siempre fue el Congreso, que cerró usando mecanismos previstos por la Constitución el 30 de septiembre de 2019 en una carrera contra el tiempo porque el Parlamento, minutos después de ser disuelto, también lo suspendió del cargo por “incapacidad temporal” y juramentó como presidenta a la entonces segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz. Las Fuerzas Armadas respaldaron a Vizcarra y Aráoz renunció al cargo un día después.
La población lo apoyó a rabiar y su popularidad subió a 85%, un hito desde el 2000. Vizcarra convocó a elecciones para un nuevo Congreso que se estrenó el 16 de marzo, el primer día de una cuarentena de más de tres meses que su gestión impuso para frenar los contagios por el nuevo coronavirus.
El encierro de más de 100 días provocó más de 6,5 millones de desempleados, disparó la pobreza hasta 27% y generará la tercera peor caída económica a nivel global en 2020 con la reducción de 12 puntos del producto interno bruto, según el Banco Mundial.
Los peruanos comenzaron a morir cada día por cientos, a infectarse por miles y a retomar antiguas formas de sobrevivencia, como las ollas para alimentar a cientos en las aldeas más pobres. En este tiempo el gobierno cambió tres veces de ministro de Salud y del Interior. En esta última cartera, el cambio más reciente se produjo luego de que el ministro mintiera sobre la actuación de la policía en una intervención que dejó 13 muertos en una fiesta prohibida para evitar los contagios.
Cuando se desató el escándalo de los audios y el Parlamento inició el proceso de vacancia, Vizcarra acusó al presidente del Congreso, Manuel Merino, de conspiración al telefonear a los jefes militares y así revivió viejos fantasmas de golpes de Estado que abundaron en los últimos 200 años.
“Lo que mejor podría hacer el presidente es ir al Congreso a explicar los audios y luego guardarse en sus cuarteles de invierno, dejar el protagonismo a los ministros hasta que finalice su gobierno”, dijo el profesor Cárdenas. “Su imagen ha sido sumamente golpeada”, añadió.
