ORLANDO, Florida, EE.UU. — La Oficina del Censo de Estados Unidos reconoció que su pedido de licencias de conducir estatales fue resultado de la orden del presidente Donald Trump de usar archivos administrativos para recopilar datos sobre la ciudadanía de individuos.
En un comunicado emitido el martes, el Censo dijo que amplió su pedido de información en base a la orden de Trump, emitida luego que la Corte Suprema determinó que el gobierno no podía incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo del 2020.
La agencia reconoció el pedido luego que la AP reportó el lunes sobre la solicitud de datos.
Los estados envían al censo sus archivos de asistencia alimenticia y otros programas para ayudar al censo a rastrear poblaciones difíciles de contar e indicar las viviendas vacías. Pero los defensores de los derechos civiles temen que la red más amplia lanzada por el gobierno de Trump desaliente la participación latina en el recuento de la población, el que determina el número de bancas que tiene un estado en el Congreso y guía la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales. Los resultados del Censo 2020 también ayudarán a modificar los mapas electorales de los estados y localidades.
Los expertos advierten que los registros automotores, con ser tan imprecisos, tampoco sirven para determinar la ciudadanía.
La oficina del censo dijo que los archivos que recibe no contienen información que permita identificar a las personas y solo sirven para los fines estadísticos. Los archivos están “seguros y protegidos por ley”, según la oficina.
La Constitución requiere asignar las bancas legislativas en proporción al número total de residentes de cada estado. Pero algunos conservadores rechazan ese criterio. Alabama inició una demanda a la Oficina del Censo con el argumento de que incluir a todos los habitantes sin tener en cuenta el estatus inmigratorio transfiere injustamente el poder político y los votos electorales “de los estados con escaso número de extranjeros ilegales a los estados con alto número de extranjeros ilegales”.
Los funcionarios del censo decidirán antes del 31 de marzo una metodología para rastrear la ciudadanía. El día siguiente, 1 de abril, es el día que se realiza el censo.
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