CENTRO Tampa
TAMPA - Casi de la noche a la mañana, Cristhian Guzmán vio cómo cambiaba su suerte.
Este inmigrante mexicano de 28 años llevaba cinco años intentando conseguir un préstamo para que él, su esposa Gloria y sus dos hijos menores pudieran mudarse a su propia casa.
Guzmán fue traído a Estados Unidos ilegalmente por sus padres, pero se convirtió en residente legal gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Aun así, incluso como un llamado “Dreamer” o “Soñador”, no calificó para un préstamo a través de la Administración Federal de Vivienda.
“Fue decepcionante”, dijo Cristhian .
Eso cambió el 19 de enero, el día antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, cuando la Federal Housing Administration (FHA, por sus siglas en inglés) anunció un cambio en la política que extendía la elegibilidad a los Dreamers que solicitaran préstamos hipotecarios. Guzmán y su esposa pronto fueron aprobados.
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La familia Moran espera conseguir un préstamo hipotecario de la FHA. Mientras tanto, alquilan un apartamento en Brandon. De izquierda a derecha, Jacob, 12; Eliana, 32; Joy, 5; y Miguel, 34. Su Rottweiler de 6 meses se llama Duke.
El repentino cambio refleja un contraste en los enfoques hacia la inmigración de las administraciones de Biden y Trump.
Trump buscó restringir la inmigración en general y tomó medidas para eliminar el programa de acción diferida. Los “Dreamers” no podían acceder a los préstamos hipotecarios debido a la interpretación que la FHA hizo de un pasaje de 2003 de su manual de viviendas unifamiliares: “Los ciudadanos no estadounidenses sin residencia legal en Estados Unidos no son elegibles para las hipotecas aseguradas por la FHA”.
Ahora, la agencia tiene una visión diferente de la “residencia legal”, diciendo en sus últimos formularios que en el manual “no se anticipó una situación en la que un prestatario podría no haber entrado en el país legalmente, no obstante, debe ser considerado legal actualmente”.
Las hipotecas de la FHA, respaldadas por el gobierno federal, facilitan la compra de una vivienda a personas de clase media y bajos ingresos. La garantía del gobierno significa que los bancos y las instituciones financieras están más dispuestos a ofrecer préstamos de la FHA a las familias con puntuaciones de crédito más bajas o pagos iniciales más pequeños - tan sólo el 3.5 por ciento.
Los inmigrantes del programa de acción diferida deben cumplir todos los requisitos de la FHA: un número de la Seguridad Social válido, un permiso para trabajar en el país y certificar que la casa será su residencia principal.
Los Guzmán utilizaron su préstamo para comprar una casa de 250,000 dólares de cuatro dormitorios en Apollo Beach, pagando 15,000 dólares para el pago inicial y los gastos de cierre.
“Por fin nos sentimos seguros y tranquilos”, dijo Gloria Guzmán, de 27 años. “Ha sido un largo camino, pero es un alivio tener una casa propia y construir un futuro para nuestra familia”.
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El funcionario de préstamos Kenneth Benítez-Outlet, a la izquierda, trabaja en la obtención de préstamos hipotecarios de la FHA con clientes inscritos en el programa federal de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
Cristhian es jefe de cocina en un restaurante italiano de Largo. Tenía un año cuando llegó con sus padres desde el estado mexicano de Guerrero a causa de los disturbios y de una economía en dificultades. Fue aceptado en el programa de acción diferida en 2013. Gloria , nacida en Estados Unidos, trabaja como representante bilingüe de atención al cliente en Humana Health.
Introducido durante el gobierno de Obama, el programa de acción diferida permite a ciertos inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos como niños antes de 2007 permanecer aquí legalmente. Ellos pueden solicitar permisos de trabajo renovables de dos años que los protegen de la deportación. Proporciona a los beneficiarios un número de la Seguridad Social y les permite trabajar legalmente.
El programa no ofrece ninguna vía de acceso a la ciudadanía para las 800,000 personas que se calcula que están bajo su protección, pero Biden espera cambiar eso. Está pidiendo al Congreso que los “Dreamers” sean elegibles para obtener tarjetas verdes como residentes permanentes y que se les permita buscar la ciudadanía después de tres años.
Nanci Palacios, otra participante en el programa de acción diferida, también agradece la oportunidad de obtener un préstamo hipotecario.
Palacios, de 31 años, llegó a Estados Unidos a los 6 años. Durante los últimos ocho años, ha sido la subdirectora de Faith in Florida, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los inmigrantes y a otras personas que viven en la pobreza. Ella vive con sus padres en Dover después de ver cómo sus solicitudes de préstamo para vivienda eran rechazadas una y otra vez debido a su estatus migratorio.
“Tengo un trabajo estable con un buen sueldo, y aun así el banco no me consideraba para un préstamo”, dijo Palacios.
Ahora, con el cambio en la política de la FHA, puedo volver a solicitarlo.
“Los alquileres son muy caros, para algo que nunca será mío”, agregó Palacios.
Eliana Morán, de 32 años, quien llegó con sus padres desde Matamoros, México, a los 5 años, también está en el programa de acción diferida. Igualmente lo está su marido, Miguel, de 34 años, nacido en Ecuador. Tienen dos hijos nacidos en Estados Unidos.
La pareja solicitó un préstamo FHA hace un par de semanas.
“Nosotros rezamos día y noche para que todo esto termine como una noticia feliz, pero veremos qué nos dicen. Hemos puesto mucho esfuerzo y dedicación para mejorar nuestra situación”, dijo Eliana Moran. “Creo que este es el momento”.
Kenneth Benítez-Aulet, un oficial de préstamos de Paramount Residential Mortgage Group en Tampa, también da la bienvenida a la expansión de los préstamos de la FHA a los Dreamers - como un impulso para el mercado local de bienes raíces y para ayudar a los miles de participantes a realizar el sueño americano de la casa propia.
“Tengo beneficiados de DACA que están preguntando al respecto”, dijo Benítez-Aulet. “La mayoría de ellos disfrutan de estabilidad en sus vidas y trabajo, como cualquier otra familia. Esta es una verdadera oportunidad para todos ellos”.
Ser propietario de una vivienda ayuda a construir comunidades fuertes y estables de varias maneras, según FreddieMac, el operador del mercado hipotecario secundario del país respaldado por el gobierno. Genera impuestos, aumenta el voluntariado, mejora la salud e incluso reduce la delincuencia.
Los Dreamers pagan unos 8,800 millones de dólares en impuestos al año y contribuyen a la economía de sus comunidades, más aún cuando son propietarios de viviendas, según una encuesta realizada en 2019 en 40 estados por el Centro de Políticas de Inmigración de Estados Unidos de la Universidad de California.
Al menos el 14% de los encuestados compró su primera vivienda tras ser aceptados en el programa de acción diferida. Entre los encuestados de 25 años o más, la cifra fue del 19%. Esto ha llevado a la creación de empleo y a nuevos gastos, según la encuesta.
“Estos efectos se suman a los 8,800 millones de dólares combinados en impuestos federales, estatales y locales pagados anualmente por los hogares con beneficiarios de DACA”, según la encuesta.
Joshua Contreras, de 23 años, de Clearwater, quien entró en el programa de acción diferida en 2012, dijo que siempre ha soñado con comprar una casa. Espera que la oportunidad se extienda algún día a todos los 11 millones de personas que se calcula que viven en el país de forma ilegal cuando los líderes en Washington aborden una reforma migratoria integral.
“Merecemos las mismas oportunidades de tener una casa como cualquier otra persona”, afirmó Contreras.
