CENTRO Tampa
TAMPA - El presupuesto familiar del venezolano Oscar Yagua no le da para mucho: tiene que pagar un alquiler mensual de $ 950 en Brandon, cubrir gastos esenciales y renovar todos los años los documentos migratorios de su familia.
A principios de este año pagó $ 820 por dos autorizaciones de empleo (Formulario I-765) para él y su esposa Milagro, de 33 años, además de procesar documentos temporales para la única hija del matrimonio, Amy, de 8 años.
En enero, Yagua, un empleado de eSmart Recycling en Tampa, tendrá que pagar $ 1,650 para renovar los mismos documentos para toda su familia, un aumento del 34 por ciento.
“Es una cuenta obligatoria para nuestra familia, pero no deja de afectar el bolsillo”, dijo Yagua, de 36 años, oriundo de Venezuela que llegó a Estados Unidos en 2015. “Ninguno de nosotros es rico, todos trabajamos para salir adelante”.
En el contexto de una crisis sin precedentes y la necesidad de generar más recursos para cubrir sus dificultades económicas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pondrá en vigencia un nuevo plan tarifario para ajustar los costos de solicitudes, visas y otras peticiones migratorias.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 2 de octubre.
La lista incluye un aumento en el proceso de ciudadanía y naturalización, que pasará de $ 640 a $ 1,160 si se presenta en línea, o $ 1,170 en papel. La regla también aumentaría el costo de la Solicitud de exención de pasaporte y / o visa (Formulario I-193) de $ 585 a $ 2,790 (un aumento del 377%).
Algunos procedimientos verán aumentos de más del 500%, como el Formulario I-881 para la Suspensión de una deportación o la Regla Especial de Cancelación de Expulsión, que pasará de $ 285 (por persona) a $ 1,810.
La regla también agregará un cargo de $ 50 por solicitud para solicitantes de asilo (formulario I-589) que hasta ahora había sido un proceso gratuito. La medida ahora coloca a Estados Unidos en la lista de solo cuatro países del mundo que cobran por brindar protección humanitaria. Los otros países son Fiji, Irán y Australia.
Joseph Edlow, subdirector de políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, según sus siglas en inglés, dijo que los aumentos son el resultado de un análisis exhaustivo de las tarifas de la agencia. El análisis determinó que las tarifas que se han cobrado podrían haber terminado provocando un desequilibrio de mil millones de dólares anuales para la agencia.
“USCIS debe examinar los gastos entrantes y salientes y hacer ajustes basados en ese análisis”, dijo Edlow en una declaración por correo electrónico. " Los ajustes en las tarifas son necesarios para administrar de manera eficiente y justa el sistema de inmigración legal de nuestra nación, asegurar la patria y proteger a los estadounidenses ", agregó el funcionario en el correo.
A diferencia de la mayoría de las agencias gubernamentales, USCIS se financia mediante tarifas. Significa que las tarifas recaudadas financian casi el 97% del presupuesto de USCIS.
La agencia dijo que otros ingresos habían caído debido a la pandemia. Pero muchos activistas y defensores de los inmigrantes rechazan esta posición.
Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, un grupo de defensa sin fines de lucro centrado en los sistemas de inmigración y justicia penal, dijo que los aumentos de tarifas son otro intento para reducir la inmigración legal al hacer que el proceso sea más difícil, oneroso y prohibitivamente caro.
“En lugar de crear barreras financieras injustas e innecesarias para los inmigrantes que son elegibles para la naturalización para convertirse en ciudadanos estadounidenses, USCIS debería reducir los aumentos de tarifas a niveles más razonables y justificadas”, dijo Schulte.
La agencia federal dejó de realizar entrevistas el 18 de marzo, después de la pandemia, y las reanudó de forma limitada en junio. Eso provocó un retraso, agravado recientemente por un déficit presupuestario de la agencia de $ 1.2 mil millones y posibles licencias de los empleados.
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Oscar Yagua (der) trabajando en una computadora portátil mientras el propietario de eSmart Recycling, Tony Selvaggio, charla en su oficina el viernes 25 de septiembre, en Tampa.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos pueden realizar 63,000 entrevistas de naturalización y ceremonias de juramento cada mes. En el año fiscal 2018, más de 757,000 personas se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses, según USCIS.
Paul A. Palacios, un abogado de inmigración con sede en Tampa, dijo que el aumento en las tarifas tendrá un impacto negativo de varias maneras y desalentará a muchos residentes que son elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses.
“El costo de convertirse en residente junto con los nuevos obstáculos de la regla de carga pública será una gran carga para muchos familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses que quizás no puedan convertirse en residentes”, dijo Palacios. “Esto resultará en separaciones familiares prolongadas y dolorosas”.
Lurvin Lizardo, hondureña y activista de la comunidad, dijo que las nuevas tarifas van en contra del espíritu y la historia que construyeron esta nación.
En un par de años, Lizardo, de 48 años, comenzará su proceso de ciudadanía sabiendo que tendrá que pagar un aumento de $ 500. Dijo que esto es una prueba de que muchas autoridades toman decisiones alejadas de la realidad.
“Para la gente humilde y trabajadora estos precios son exorbitantes. Muchas de estas cuotas representan o son el salario de todo un mes”, dijo Lizardo, quien vive en Tampa hace 17 años. “Vinimos a este país para trabajar y empezar de cero. Pero hay muchos más obstáculos en el camino que antes”.
Isaret Jeffers, fundadora de Colectivo Árbol,una organización local sin fines de lucro que ha estado organizando clínicas y asesoría en Florida Central durante la pandemia, dijo que muchas personas decidirán detener o no enviar sus solicitudes debido a las altas tarifas.
“Va a hacer que sea muy difícil para las personas poder pagarlo, muchos ni siquiera han podido trabajar como antes e incluso perdieron su trabajo y un ser querido”, dijo Jeffers. “Con COVID-19, menos podrán pagar o solicitar sus documentos”.
