Por Tim Sullvian
SAN PEDRO SULA, Honduras (AP) — Había pasado casi un año desde que el humilde obrero de fábrica solicitó asilo en Estados Unidos por temor a ser asesinado en su Honduras natal. Y habían pasado cuatro meses desde que fue repatriado a la fuerza.
Ahora estaba sentado en un restaurante en San Pedro Sula, contando cómo eludió la muerte apenas tres días antes.
Caminaba en una atestada calle del centro de la ciudad, a dos cuadras del concejo municipal de San Pedro Sula, donde policías montan guardia con ametralladoras y chalecos antibala.
Súbitamente un hombre se le acercó, le disparó y huyó.
El obrero se desplomó contra una pared, aturdido, sintiendo un dolor y escozor en la pierna. Pero tuvo suerte: la bala apenas le rozó debajo de la cintura, dejando sólo una lesión de unos 8 centímetros. Fue al hospital, de donde le dieron de alta tras unas horas y regresó a su pequeño apartamento alquilado y a su vida a escondidas.
Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, se ha vuelto más difícil que un migrante consiga asilo en Estados Unidos, por lo que muchos son forzados a regresar a sus países donde sus vidas corren peligro.
La presión de Estados Unidos sobre México ha obligado a decenas de miles de solicitantes de asilo a subsistir en un limbo migratorio en campamentos improvisados en la frontera mexicana, a la espera de que sus casos sean considerados. Un guion similar toca a ciertos países centroamericanos con acuerdos bilaterales según los cuales los migrantes tienen que esperar en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Muchos se han visto obligados a regresar a los peligrosos lugares de donde vinieron.
La administración Trump insiste en que los centroamericanos que se encuentran amenazados sí tienen a donde ir.
"Para quienes tienen argumentos legítimos para pedir asilo, les animamos a buscar asistencia en el país vecino más próximo", expresó el director interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan.
Pero esos países vecinos son igual de peligrosos, con pandillas criminales, cárteles de drogas, funcionarios corruptos e impotentes fuerzas policiales.
Si bien los activistas reconocen que no todos los casos cumplen con los estándares para recibir asilo, creen que la intención del actual gobierno estadounidense es desanimar a los migrantes _incluso los que tienen razones válidas para huir_ de tratar de entrar.
Y los migrantes están recibiendo el mensaje.
Las detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos han disminuido en más de 70% en los últimos seis meses, comparado con 132.000 en mayo.
