TAMPA - La Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida (ACLU) está dispuesta a consolidar sus metas y a seguir avanzando sobre el terreno de acción, especialmente en relación a los derechos que tocan la integridad de los electores e inmigrantes, y a la reforma del sistema de justicia criminal.
En un encuentro con periodistas y expertos establecidos en la Bahía de Tampa, representantes de la ACLU ventilaron estos y otros aspectos de interés con el propósito de equilibrar las recientes directivas que ha tomado la legislatura en Tallahasse, según explicó el nuevo director de la ACLU en Florida, Micah Kubic, y Joyce Hamilton Henry, directora de la oficina regional de ACLU en Tampa.
De acuerdo con su visión y sentido de orden práctico, Kubic precisó que la realidad impone una actitud proactiva. Entre otros puntos, mencionó la importancia de concentrar esfuerzos en la implementación abierta y sin limitaciones de ninguna naturaleza de la Enmienda 4, el marco que supuestamente debió abrir las compuertas para que los exconvictos pudiesen ejercer su derecho a voto. La iniciativa para restablecer los derechos de los exconvictos fue respaldada en las elecciones de 2018 por una gran mayoría de electores.
Sin embargo, a inicios de mayo, la legislatura de Florida (liderada por los republicanos), aprobó una medida en contra que obliga a los expresidiarios del estado a pagar multas y gastos de corte como requisito de ley para acogerse a la restauración de su derecho a votar. La 'nueva' directiva sobre el pago de multas fue ratificada por el gobernador Ron DeSantis, ignorando de esa forma la voluntad de los floridanos en las urnas.
En el encuentro realizado hace unos días en las oficinas locales de ACLU, Kubic dijo que no se cruzarán de brazos.
"Si nos bloquean en Tallahassee, iremos a la corte", comentó Kubic. "Si nos bloquean en la corte, iremos a nivel local. Si nos bloquean en el nivel local, iremos directamente a los votantes. Y luego haremos que el círculo vuelva a girar, mientras se necesita, mientras sea necesario, hasta que finalmente tengamos éxito".
La jornada sirvió también para abordar las disparidades que, a juicio de la ACLU, se manifiestan en el sistema judicial. En ese sentido se analizó la problemática de las personas de escasos recursos que no tienen el dinero suficiente para pagar una fianza y salir de la cárcer en libertad condional.
Jacqueline Azis, abogada de ACLU, dijo que esta disparidad tiene efectos negativos y daña el equilibrio del sistema de justicia. Agregó que los esfuerzos deben concentrarse en la eliminación del sistema de fianzas y dejar sin efecto la ordenanza de suspender las licencias de conducir por el simple hecho de no poder cubrir o hacer los pagos correspondientes por multas y tarifas vinculdas con el caso judicial que enfrenta la persona.
Azis dijo que la suspensión del permiso de manejo tiene efectos negativos en la habilidad de una persona para vivir y cumplir con sus responsabilidades en la sociedad civil.
"Uno pierde la capacidad de trabajar, de tener su vivienda, de pagar la manutención de los hijos", explicó Azis. "Es un ciclo que no acaba, y todo por la falta de una licencia de conducir".
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