Por ELLIOT SPAGAT
SAN DIEGO (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump puede poner fin a las protecciones humanitarias que han permitido que cientos de miles de personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán permanezcan en Estados Unidos, falló el lunes un dividido tribunal de apelaciones.
Aunque es inminente que se interponga una apelación y las órdenes para dejar el país no entrarían en vigor durante meses, la decisión hizo que mucha gente esté más cerca de perder su estatus legal, incluyendo a familias que llevan décadas viviendo en Estados Unidos y tienen niños pequeños que son ciudadanos estadounidenses.
El Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito retiró una medida cautelar que había impedido que el gobierno diera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para las personas procedentes de esos cuatro países afectados por desastres naturales y guerras civiles.
La orden también se aplica a beneficiarios de Honduras y Nepal, que demandaron por separado pero están sujetos al fallo del lunes según un acuerdo alcanzado por abogados de ambas partes, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) del Sur de California, que presentó argumentos en favor de los beneficiarios del TPS.
Desde 1990, dicha política gubernamental ha otorgado un estatus legal temporal, que a menudo se prorroga. Pero el gobierno de Trump decidió ponerle fin para varios países, con el argumento de que las condiciones que justificaban recibir protección en Estados Unidos ya no existen.
Esa decisión había estado en pausa desde los primeros meses del gobierno de Trump, incluso aunque ha restringido otras formas de estatus humanitario en Estados Unidos, tales como el reasentamiento de refugiados y el acceso al asilo.
Un panel de tres jueces del 9no Circuito en Pasadena, California, rechazó los argumentos de que el gobierno no siguió los procedimientos adecuados, y que comentarios racialmente motivados del presidente y sus asesores acerca de algunos de los países favorecieron la decisión de poner fin al TPS.
La ACLU hizo notar que, en 2017, Trump dijo sobre inmigrantes recién llegados de Haití que “todos tienen sida”, y que los nigerianos, una vez que vieran Estados Unidos, nunca “regresarían a sus chozas” en África.
La presión de la Casa Blanca sobre el Departamento de Seguridad Nacional para poner fin al TPS no demuestra que hubo una motivación racial y “no fue inusual ni inadecuada”, escribió la jueza Consuelo Callahan, que fue nombrada al puesto por el presidente George W. Bush. Hizo notar que el gobierno extendió el TPS para otros países no europeos de población que no es de raza blanca en general.
“Aunque no condonamos la naturaleza ofensiva y despectiva de las afirmaciones del presidente, consideramos aleccionador que estas declaraciones fueron emitidas principalmente en contextos aparte y sin relación con la política sobre el TPS ni con las decisiones relativas a él”, escribió Callahan.
El juez Ryan Nelson, nombrado por Trump, emitió una opinión concurrente. La jueza Morgan Christen, que fue nombrada por el presidente Barack Obama, disintió.
La ACLU apelará ante el pleno del tribunal del 9no Circuito y, dependiendo del resultado, podría solicitarle a la Corte Suprema que atraiga el caso, señaló Arulanantham.
“Si la decisión se ratifica, estos residentes legales de larga data a los que se les dio la bienvenida en Estados Unidos debido a que sus países estaban sumidos en la violencia o desastres naturales podrían ser devueltos a ellos”, afirmó la ACLU. “Debido a que tienen varios cientos de miles de niños estadounidenses —muchos de ellos en edad escolar—, esta decisión obligaría a esas familias a separarse”.
El Departamento de Justicia recibió el fallo con beneplácito, y dijo que las acusaciones de que las decisiones sobre el TPS estuvieron motivadas por la raza eran infundadas.
Personas originarias de Honduras, Nepal, Haití, Nicaragua y Sudán podrían verse obligadas a irse a partir del 5 de marzo, dijo Arulanantham. Los salvadoreños tendrían hasta el 5 de noviembre de 2021, de acuerdo con un pacto separado alcanzado entre Estados Unidos y gobiernos de El Salvador.
El desenlace final podría depender de los comicios presidenciales. El rival demócrata de Trump, Joe Biden, promete “una revisión inmediata” del TPS, y dijo que procurará se apruebe un proyecto de ley para que los residentes de larga data permanezcan en Estados Unidos y puedan aspirar a naturalizarse.
Más de 400.000 personas de 10 países cuentan con el estatus de protección temporal, incluyendo unas 250.000 de El Salvador, según el Servicio de Investigación del Congreso. Ese país centroamericano obtuvo el TPS por primera vez en 2001 después de que gran parte de la población tuvo que desplazarse debido a terremotos.
Honduras tiene unos 80.000 beneficiarios del TPS, seguida por Haití con 55.000, Nepal con casi 15.000, Nicaragua con aproximadamente 4.500, y Sudán con menos de 1.000.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha colaborado estrechamente con Trump en materia migratoria, dijo tras el fallo que hay tiempo para buscar una solución permanente “o al menos otra solución temporal”.
“Recuerden que las extensiones normales eran de un año y medio. La última, dada por el presidente Trump, fue de prácticamente 2 años”, escribió en Twitter.
Por su parte, la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco tuiteó que la decisión “no tiene consecuencias inmediatas para los beneficiarios del TPS de El Salvador”, y dijo que “aún hay alternativas judiciales”, sin detallar cuáles serían.
Grupos defensores de los inmigrantes condenaron rápidamente el fallo.
“Esta es una noticia devastadora no sólo para las familias que están perdiendo su estatus de protección, sino también para sus comunidades”, dijo Ali Noorani, presidente del Foro Nacional de Inmigración. “Los beneficiarios del TPS tienen profundas raíces económicas y sociales en comunidades en toda la nación”.
