CENTRO Tampa
TAMPA - El presidente electo Joe Biden ha prometido un cambio radical en la aplicación de la ley de inmigración. La pregunta para muchos en el área de la Bahía de Tampa es cómo se verá eso.
Durante sus cuatro años en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump hizo de la reducción de la inmigración una piedra angular de su agenda. Trump impuso restricciones a programas como el Estatus de Protección Temporal para aquellos de países con problemas, limitó la asistencia pública para muchos inmigrantes, alargó la prueba de ciudadanía y construyó decenas de millas de muro a lo largo de la frontera con México.
Entre las políticas de Trump con el impacto local más directo se encuentra el llamado programa de acuerdo 287 (g): asociaciones con agencias locales de aplicación de la ley que cooperan y que llevan el nombre del código federal que las autoriza.
Los acuerdos requieren que las agencias locales informen a ICE cuando detengan a personas que se encuentran en el país ilegalmente y las retengan durante 48 horas, incluso si son elegibles para ser liberadas de otra manera. Esto les da tiempo a los agentes federales para arrestarlos. Algunas agencias locales también se someten a una capacitación especial en materia de aplicación de leyes de inmigración.
Biden se ha comprometido a reducir las asociaciones con la policía local cuando se trata de la aplicación de la ley de inmigración. Ha acusado a Trump de políticas de inmigración que destacan el miedo y la división en lugar de soluciones de sentido común.
Entre otros que tienen problemas con los acuerdos 287 (g) se encuentra la representante estadounidense Kathy Castor, demócrata de Tampa.
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La representante estadounidense Kathy Castor dijo que cuenta con la administración Biden
“Como ex comisionada del condado, me preocupa cuando el gobierno federal intenta recargar a las comunidades locales con obligaciones costosas que son responsabilidad de las autoridades federales”, dijo Castor.
Otros críticos llaman al programa una pérdida de tiempo y recursos porque desencadena procedimientos de deportación para personas acusadas de delitos menores.
“Como abogado de inmigración que ejerce en el área de la Bahía de Tampa, hemos visto más redadas durante la administración Trump que durante la administración Obama”, dijo Ananis Makar, cuyo bufete de abogados tiene oficinas en Plant City.
El gobierno federal de Trump ha exagerado la actividad delictiva entre los inmigrantes indocumentados en su campaña para justificar las deportaciones masivas, dijo Austin Kocher, geógrafo de Transactional Records Access Clearinghouse, un depósito de datos federales mantenido por la Universidad de Syracuse.
Utilizando las leyes federales de Libertad de Información, la cámara de compensación analizó los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y descubrió que durante los primeros tres años de la administración Trump, el crecimiento en el número de inmigrantes detenidos se atribuye por completo a inmigrantes sin condenas penales.
“Incluso entre los inmigrantes detenidos con condenas penales, los datos de ICE muestran una disminución en las condenas graves y un aumento en las condenas menores”, dijo Kocher.
Espera que la oficina de Biden sea más explícita con sus datos para que la gente pueda analizar lo que está sucediendo por sí misma.
“Con este fin”, dijo Kocher, “esperamos que ICE decida poner fin a su estrategia de obstaculizar las solicitudes públicas de datos y, en cambio, opte por adoptar un espíritu de mayor transparencia en el futuro”.
Biden debería desmantelar los acuerdos 287 (g) para enviar una señal a los gobiernos locales de que deberían redirigir los recursos locales a necesidades más urgentes, como la pandemia del coronavirus, dijo Naureen Shah, abogada de derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Washington.
La administración Trump aumentó la cantidad de acuerdos 287 (g) en todo el país, de 34 a fines de 2016 a 151 en noviembre, dijo Shah. En Florida, 49 agencias locales de aplicación de la ley tienen acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, incluidas las oficinas de los alguaciles en los condados de Pinellas, Pasco, Hernando y Polk.
La Oficina del aAlguacil de Polk no espera ningún cambio importante en la aplicación de la ley de inmigración, dijo la portavoz Carrie Horstman.
“Seguimos el mismo proceso durante la administración de Trump y la administración de Obama”, dijo Horstman.
En Pasco, la Oficina del alguacil estará pendiente de lo que suceda con Biden.
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Ana Lamb, una defensora de los inmigrantes de Tampa, dijo que espera que la administración de Biden considere el papel vital que juegan los inmigrantes indocumentados en la economía de Estados Unidos al establecer nuevas políticas.
“Si bien no podemos hablar sobre cambios hipotéticos, estamos monitoreando constantemente cualquier cambio de ley o política, y ajustaremos nuestras prácticas en consecuencia, si es necesario”, dijo la portavoz Amanda Hunter.
La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough no forma parte de un acuerdo 287 (g). El alguacil Chad Chronister dijo que sus agentes continuarán encarcelando a las personas si cometen delitos, independientemente de su estado migratorio.
“Como agencia de aplicación de la ley, hacemos cumplir las leyes, no las hacemos”, dijo Chronister. “Esto no cambia cuando hay un nuevo presidente en la Casa Blanca. Nuestros agentes no están capacitados para actuar como agentes de ICE, sin embargo, hemos cooperado y continuaremos cooperando con todos nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley a fin de servir y proteger mejor a nuestra comunidad local”.
Agregó que “la agencia tiene como objetivo trabajar en cooperación con las jurisdicciones locales para garantizar que los delincuentes extranjeros no sean liberados en las comunidades estadounidenses para cometer delitos adicionales”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dice que, en el año fiscal 2020, que terminó el 30 de septiembre, el programa 287 (g) hizo posible la condena de 37 inmigrantes indocumentados por homicidio, 920 por agresión, 104 por delitos / agresiones sexuales, 377 por obstruir a la policía, 190 por delitos con armas y 1,261 por drogas peligrosas.
Trump ha emitido más de 400 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración desde que asumió el cargo en 2017, según el grupo de expertos Migration Policy Institute con sede en Washington, DC.
Un informe del instituto indicó que es probable que las órdenes tengan un efecto duradero porque desmantelaron y reconstruyeron elementos de un sistema de inmigración que no se ha sometido a una reforma radical desde 1996.
Biden también utilizará órdenes ejecutivas para implementar su agenda de inmigración, pero los miembros de su equipo de transición dijeron que la nueva administración “necesitaría tiempo” para revertir las políticas de Trump.
“Es una cuestión de poner las barandas”, ha dicho Biden.
La representante Castor dio la bienvenida a la elección de Biden de Alejandro Mayorkas, nacido en Cuba, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es parte de Seguridad Nacional.
Durante un período anterior en el departamento, Mayorkas ayudó a crear el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que Trump ha tratado de eliminar. Él “aporta una comprensión profunda de nuestro sistema de inmigración y el valor de los inmigrantes”, dijo Castor.
“Confío en que Mayorkas trabajará para revertir las duras políticas de Trump, modernizar el sistema de inmigración de Estados Unidos, apoyar a las familias y fortalecer nuestra economía”.
Lo que está en juego es un futuro justo para muchas de las aproximadamente 10 a 12 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, dijo Ana Lamb de Tampa, quien ha trabajado más de 20 años como defensora de los inmigrantes.
“Todas estas personas han contribuido a este país durante décadas”, dijo Lamb. “Son la fuerza de trabajo, son los trabajadores esenciales”.
