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Alvarez llegó a Estados Unidos desde Honduras. Cruzó la frontera con Texas en 1999.

Padre de familia lucha por sobrevivir en Honduras después de ser deportado

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En el pequeño pueblo de Agua Blanca, en el noroeste de Honduras, Wilfredo Álvarez está tratando de construir una nueva vida. Pero no es fácil.

La ciudad se ve diferente de lo que era cuando se fue a los Estados Unidos hace 20 años y encontró su propio camino a Tampa. Pandillas, carteles de la droga y delincuentes comunes controlan el área circundante con armas, extorsión y una cultura del miedo.

Hace cuatro meses, Álvarez, de 42 años, fue deportado a Honduras en un avión charter que estaba repleto de docenas de otros inmigrantes indocumentados y que cubrió una ruta desde Miami hacia San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de la nación centroamericana.

“Imagine estar separado de su familia”, dijo Álvarez en una entrevista telefónica reciente. “Son mi vida, son mi razón para estar en este mundo. No tiene sentido estar aquí en Honduras sin ellos”.

Pero la política de inmigración de los Estados Unidos tiene una visión diferente de lo que tiene o no sentido.

Álvarez, esposo y padre de cinco hijos nacidos en los Estados Unidos, fue arrestado y liberado con una cita en la corte de inmigración, poco después de cruzar la frontera con Texas en 1999. Pero huyó para vivir en las sombras. Volvió a llamar la atención de los funcionarios de inmigración 13 años después y desde entonces ha estado evitando la deportación bajo una exención humanitaria.

Para su sorpresa, Álvarez se enteró de que su tiempo se había agotado en octubre y que su pasaporte hondureño estaba vencido durante una cita de rutina con funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en Tampa. Su abogada, Emel Ersan (https://lawyerersan.com/), le grabó un video de despedida para su familia en el teléfono celular y horas más tarde fue enviado directamente a Miami.

Álvarez tiene la esperanza de regresar a los Estados Unidos. A través de WhatsApp, chatea diariamente con su esposa, Verónica Hernández, de 41 años, y sus hijos.

Mientras tanto, Álvarez ha retomado algo de lo que dejó en Tampa y se las ingenió para abrir un pequeño restaurante con cuatro mesas dentro de la casa donde vive nuevamente con su madre anciana, de 77 años, Carlosa Álvarez.

En 2015, Álvarez y su esposa Hernández abrieron un puesto de comida dentro de una estación de servicio en Land O Lakes. El negocio resultó ser muy bueno en su primer año por lo que abrieron un restaurante mexicano, Alvarez Authentic Latin Food, en Florida Avenue, en el norte de Tampa.

El restaurante es la base financiera de la familia y el ingreso de sus cuatro empleados hispanos. Solía recaudar unos $ 5,000 al mes, dijo Álvarez. Sin embargo, desde que Álvarez fue deportado los ingresos han caído por debajo de $ 2,000 por mes.

“Mi esposa tiene que cuidar a cinco hijos y está sola”, dijo Álvarez. “Creo que esto es demasiada presión para ella”.

Un desafío adicional es que su hija Dariannellys , de 4 años , nacida prematuramente a las 28 semanas, sufre de un trastorno genético a menudo fatal llamado Síndrome de Edwards. La niña tiene que ser alimentada a través de un tubo gástrico.

"Su padre era un ángel para ella", dijo Hernández. "Ella lo necesita todos los días".

Joshua Collins, un amigo y cliente en el restaurante de Tampa, dijo que se sorprendió al enterarse de la deportación de Álvarez. Collins espera que Álvarez pueda regresar.

“Él es una de esas personas que prefiere ayudar a los demás en lugar de a sí mismo. Se ha dedicado enteramente a su negocio”, dijo Collins. “Es muy triste.”

En Agua Blanca, Álvarez tuvo problemas para encontrar trabajo antes de volver a hacer negocios por sí mismo. Primero recolectó madera, verduras y frutas para vender su mercancia a los locales. Ahorró y con la ayuda de familiares y amigos abrió el restaurante.

“Mi nuevo restaurante no es demasiado grande pero a la gente le gusta. Gano $ 50 dólares por semana. A veces $ 90 dólares. No es demasiado, pero en Agua Blanca eso significa mucho ”.

Álvarez pasó su infancia en Agua Blanca trabajando en los campos por menos de un dólar por día. Sus 15 hermanos hicieron lo mismo para ayudar a la familia.

Su viaje a los Estados Unidos lo llevó a Tennessee, donde conoció a Hernández, un inmigrante indocumentado de México. Se mudaron a Tampa hace 10 años.

Ersan, la abogada de Álvarez, ha argumentado que las autoridades de inmigración complicaron la situación de su cliente cuando le hicieron firmar la orden en 1999 para comparecer ante el tribunal. Él no hablaba inglés, dijo Ersan, y la cita en la corte era ininteligible.

Además, dijo Ersan, las autoridades le quitaron el pasaporte y luego le negaron el perdón humanitario porque el pasaporte (que quedó en manos de los funcionarios de inmigración) expiró.

“He sido abogada durante los últimos 25 años y nunca he visto algo así”, dijo Ersan.

Las autoridades de inmigración en Tampa defienden sus acciones.

Álvarez recibió el debido proceso a través de la Oficina Ejecutiva del Departamento de Justicia (EOIR) para la Revisión de Casos de Inmigración, donde los jueces emiten fallos basados ​​en los méritos de cada caso, explicó Tamara Spicer, portavoz de ICE.

El EOIR es una agencia dentro del Departamento de Justicia de EE. UU. Los jueces de inmigración en estos tribunales toman decisiones basadas en los méritos de cada caso individual. Los oficiales de ICE llevan a cabo las decisiones de remoción hechas por los jueces federales de inmigración.

Ersan dijo que su cliente merece un perdón porque ha sido el único proveedor de su familia. Agregó que primero tratará de ayudar a resolver el estado migratorio de Hernández y luego solicitará que traigan de vuelta a su esposo.

Según Ersan el proceso podría tomar 18 meses o más.

Álvarez se lamentó de su destino.

“La vida siempre ha sido muy difícil para nosotros y cuando estamos haciendo lo correcto, tenemos este problema", dijo Álvarez. “Creo que no es justo”.