Corte deja firme condena contra expresidente Correa
QUITO (AP) — La Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazó los pedidos de ampliación y aclaración y dejó firme la sentencia contra el expresidente Rafael Correa y una docena de personas que formaron una elaborada red de corrupción que exigía millonarias sumas de dinero a empresarios a cambio de grandes obras públicas.
Con esta decisión quedó firme el fallo que dispuso ocho años de cárcel para Correa y la mayor parte de los implicados, el pago de una indemnización total de 14,7 millones de dólares al Estado, la pérdida de los derechos de ciudadanía, ofrecer disculpas públicas y hacer un curso de ética, entre otras penalidades.
Para Correa, que vive en Bélgica desde mediados de 2017 poco después de dejar el poder, y para muchos de los condenados que huyeron del país la justicia ecuatoriana deberá preparar procesos de extradición para que cumplan las penas dispuestas.
La trama de corrupción fue descubierta por periodistas y desentrañada por la exasesora personal de Correa, Pamela Martínez, quien se convirtió en colaboradora de la fiscalía y aportó datos y detalles precisos del origen y destino del dinero, utilizado para financiar campañas y fiestas del partido entre los años 2012 y 2016.
El expresidente tiene pendientes al menos una veintena de procesos judiciales, la mayoría por supuesta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. En otros dos ya ha sido juzgado, uno por el secuestro del entonces opositor Fernando Balda y otro por corrupción, en el que fue condenado este mes.
Familias de víctimas de sismo en México esperan más justicia
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las familias de quienes murieron al derrumbarse una escuela durante el sismo de septiembre de 2017 en Ciudad de México se mostraron satisfechas por la condena esta semana de la directora del centro, la primera emitida por una investigación vinculada al sismo —si bien todavía quedan abiertas muchas pesquisas.
El 19 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 7,1 sacudió el centro de México y mató a 228 en la capital y a más de 140 personas en estados cercanos. Uno de los edificios que colapsaron fue una escuela privada del sur de la ciudad que, como otras construcciones, hizo obras sin respetar la normativa vigente. Ahí murieron 26 personas, entre ellas 19 menores.
A tres años del terremoto, la justicia capitalina emitió su primera condena vinculada con el sismo al considerar a la directora y dueña de la escuela, Mónica García Villegas, culpable de 26 homicidios culposos porque había levantado un apartamento encima del ala que se vino abajo con el terremoto a sabiendas de que estaba incumpliendo las leyes.
En paralelo colectivos de damnificados aprovecharon el aniversario de la tragedia para recordar a las autoridades las promesas de reconstrucción que siguen pendientes.
Trump anuncia ayuda a Puerto Rico al acercarse elecciones
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció que entregará casi 13,000 millones de dólares en ayuda a Puerto Rico para la reconstrucción de la red eléctrica y la reparación de escuelas tras los estragos causados por el huracán María hace tres años, en medio de críticas de que la asistencia debió entregarse hace mucho tiempo y que únicamente está siendo liberada en estos momentos con fines políticos.
Trump, que previamente se ha mostrado reacio a proveer asistencia a la isla, y el candidato presidencial demócrata Joe Biden se disputan el respaldo de los electores en el estado de Florida, donde viven numerosos puertorriqueños, incluidos muchos que huyeron de los destrozos de María. El estado es clave en las elecciones presidenciales.
El Salvador reabre aeropuerto internacional y exige pruebas
COMALAPA, El Salvador (AP) — En medio de nuevos choques entre el gobierno y el poder judicial por la exigencia de pruebas negativas de COVID-19 a los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que ingresen a El Salvador, el aeropuerto internacional del país centroamericano reabrió el sábado operaciones limitadas tras su cierre a los vuelos comerciales en marzo debido a la pandemia.
Cuando aún El Salvador no había registrado casos confirmados del nuevo coronavirus, el presidente Nayib Bukele ordenó cerrar las operaciones del aeropuerto el 17 de marzo, exceptuando los vuelos de carga y de misiones humanitarias.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema resolvió el viernes que las autoridades de salud, aeroportuarias y de migración no pueden impedir el ingreso de los salvadoreños o extranjeros con residencia definitiva que no presenten la prueba PCR negativa de COVID-19 porque según la instancia judicial se estaría cometiendo un posible delito.
Sin embargo, el gobierno del presidente Bukele reiteró que las aerolíneas que lleguen a El Salvador tienen que exigir a sus pasajeros la prueba PCR negativa, ya que de esa manera —señaló— se podrá mantener abierto el aeropuerto sin ocasionar una segunda ola de contagios. Este requerimiento no aplica para la tripulación de la aerolínea, diplomáticos y niños menores de dos años.
La terminal aérea reinició las operaciones con el 20% de su capacidad para vuelos con 13 destinos en Centro y Norteamérica, según las autoridades aeroportuarias.
