WASHINGTON — Un juez federal en California bloqueó a la administración Trump de invalidar los permisos de trabajo y otros documentos que otorgaban estatus legal a 5,000 venezolanos, un subconjunto de los casi 350,000 cuyas protecciones legales temporales la Corte Suprema de EE. UU. permitió el mes pasado que fueran eliminadas.
La orden emitida el sábado por el juez de distrito Edward Chen permitirá, por ahora, que los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación para ese subgrupo se mantengan hasta octubre de 2026, o hasta que se resuelva por completo el caso, que impugna el fin del estatus de protección temporal para venezolanos y haitianos.
Esos 5,000 venezolanos recibieron protecciones extendidas por parte de funcionarios de inmigración antes de la decisión de la Corte Suprema del 19 de mayo, que permitió a la administración Trump avanzar con la revocación de las protecciones.
Durante una audiencia la semana pasada, Chen dijo que estaba considerando una orden para preservar los permisos de trabajo para ese pequeño grupo de 5,000 venezolanos. Los 350,000 anteriormente tenían estatus de protección temporal, o TPS, que permite a los inmigrantes vivir en Estados Unidos por un período determinado debido a que su país de origen se considera demasiado peligroso para regresar.
Chen, quien fue nombrado por el expresidente Barack Obama para un cargo en el Distrito Norte de California, reconoció que la decisión del mes pasado de la Corte Suprema creó un pequeño grupo de venezolanos a quienes se les habían aprobado permisos de trabajo hasta octubre de 2026 —antes de que la orden del alto tribunal adelantara la fecha de vencimiento de su TPS, que era el 7 de abril.
En marzo, Chen bloqueó a la administración Trump de poner fin a las protecciones temporales para el grupo de los 350,000 venezolanos. La orden de la Corte Suprema del mes pasado significa que esos venezolanos podrán continuar impugnando en los tribunales la eliminación de sus permisos de trabajo y la posibilidad de ser deportados, pero ya no cuentan con protección contra la deportación.
El caso también está ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que escuchará argumentos orales en julio.
