Foto por BELHU VILLAGRA
Los venezolanos Milena Ortiz, a la izquierda, junto a su esposo Luis Vivas y su cuñada Janeth Vivas, son dueños de la heladería Sweet Scoops en New Port Richey.
NEW PORT RICHEY — Una llamada telefónica puso fin a lo que Milena Ortiz llama su pesadilla de 26 años. Su yerno le dio la noticia que había esperado durante décadas. “Capturaron a Nicolás Maduro. No lo podía creer hasta que ese día llegó”.
Ortiz, de 54 años, estudió publicidad y mercadeo en Caracas antes de construir negocios en la industria de los perfumes. A pesar de su éxito, lo perdió todo. La crisis política y la inseguridad la obligaron a huir a Estados Unidos en 2017 junto a su esposo, Luis Vivas, y su hija.
“Huí de mi país porque yo era empresaria y me expropiaron mis negocios”, dijo Ortiz, cuyo caso de asilo sigue pendiente. “Sentí que allá era mi vida o la muerte”.
Pero Ortiz ve la operación militar del 3 de enero apenas como el comienzo. “Apenas han dado el primer paso hacia la libertad”, dijo. “Ahorita, en Venezuela, hay más peligro porque todos los grupos armados siguen ahí”.
Ortiz, su esposo y su cuñada Janeth Vivas son dueños de Sweet Scoops en New Port Richey, donde venden helados y preparan crepes, tequeños, cachapas y arepas venezolanas. En el mismo local alquilado, Ortiz planea abrir un centro comunitario.
Janeth Vivas dijo que Venezuela debería respetar los resultados electorales del año pasado, en los que el candidato opositor Edmundo González Urrutia fue declarado ganador, o convocar nuevas elecciones. “Si se llegara a un acuerdo para llamar a nuevas elecciones, eso sería lo ideal, pero tomaría mucho tiempo”, dijo.
Luis Vivas afirmó que quienes critican la operación militar estadounidense no son verdaderos venezolanos.
“Estoy de acuerdo con la intervención militar de Estados Unidos, pero la alegría de ver a Venezuela libre todavía está bastante lejos”, dijo. “Toda la dirigencia que maneja el país debe ser removida por completo”.
Control y supervisión
La Operación Resolución Absoluta comenzó alrededor de las 2 a. m., hora local, del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses bombardearon infraestructura en el norte de Venezuela para neutralizar las defensas aéreas antes de que fuerzas especiales asaltaran el complejo de Maduro en Caracas. El presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de drogas.
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos mantendrá el control y la supervisión de Venezuela hasta que ocurra una transición de poder, y que el país utilizará las reservas petroleras venezolanas como parte de los esfuerzos de reconstrucción.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela desde junio de 2018, es ahora la presidenta interina de la nación sudamericana.
La líder opositora María Corina Machado, figura clave en la derrota electoral del chavismo en 2024, no ha sido incluida en las discusiones de transición. Según los resultados oficiales, González Urrutia ganó la elección.
“Creo que sería muy difícil que ella fuera la líder”, dijo Trump sobre Machado en una reciente rueda de prensa. “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no ejerce el respeto necesario”.
Activistas locales han acusado a la administración Trump de invadir ilegalmente Venezuela, alegando que el ataque militar violó el derecho internacional y tuvo como objetivo apoderarse del petróleo del país. Estados Unidos justificó la operación como parte de su lucha contra el narcotráfico, la restauración de la democracia venezolana y el control de la industria petrolera.
Mientras miles de venezolanos celebran la caída de Maduro, la administración Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo como parte de los acuerdos iniciales.
El gobierno venezolano reportó más de 100 muertes durante la operación. El Pentágono dijo que no hubo fallecidos estadounidenses, aunque siete miembros del servicio resultaron heridos. Cuba anunció que 32 cubanos murieron “en combate” mientras “cumplían misiones” para las fuerzas armadas cubanas.
Reacción internacional
Para Norma Camero Reno, profesora de derecho internacional y derechos humanos y miembro de un grupo que apoya a Machado, es difícil que personas de afuera entiendan lo que sienten los venezolanos.
“Hay que vivirlo primero”, dijo, al describir 26 años bajo un régimen que mantuvo a la población pasando hambre. “Con un salario mínimo de 2 dólares al mes, 9 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país para ayudar a sus familias”.
La Agencia de la ONU para los Refugiados reporta que 7,9 millones de personas han huido de Venezuela, mientras que el Observatorio de la Diáspora Venezolana estima que más de 9,1 millones han salido del país desde 2013.
Camero Reno dijo que los venezolanos finalmente están viendo una esperanza después de años en los que nadie los ayudó.
“Durante 26 años intentamos que los organismos internacionales nos prestaran atención y evitaran el genocidio que se estaba cometiendo en Venezuela, pero no hicieron nada”, dijo.
Ella cree que si Machado y González Urrutia regresaran ahora a Venezuela, podría generarse caos e incluso una guerra civil. “Todavía tenemos a esa gente en el poder, hay una minoría que los apoya”, dijo.
Leon Granado, presidente de la Fundación Venezuela USA, calificó la captura de Maduro como un punto de partida para lograr la democracia.
Dijo que quienes se oponen al arresto de Maduro y alegan violaciones al derecho internacional pertenecen a grupos chavistas y maduristas.
“Tuvimos un éxodo de 8 millones de personas”, dijo Granado. “¿Qué derecho internacional protegió a Venezuela durante 26 años cuando presentamos denuncias ante la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional en La Haya? Nadie nunca habló por Venezuela”.
Petróleo e historia
Al menos 20.000 empleados de Petróleos de Venezuela S.A. que participaron en un paro nacional fueron despedidos en 2002 y principios de 2003. Buscaban presionar para la salida del entonces presidente Hugo Chávez.
Alba Medina trabajó en producción y exportación para PDVSA durante 17 años hasta que fue despedida por la administración de Chávez en 2002.
Según Medina, quien trabaja con la organización People of Oil, Venezuela ha sido un proveedor seguro de petróleo para Estados Unidos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Señaló que Estados Unidos tiene suficiente crudo, pero busca mantener un suministro adicional que alimente su reserva estratégica.
“Lo que Estados Unidos quiere es mantener una relación comercial importante con Venezuela, como históricamente lo ha sido durante tantos años”, dijo Medina. “Esa relación se rompió con Hugo Chávez, quien comenzó a regalar petróleo a China, Rusia y Cuba”.
Fotos cortesía de GABRIELA CAMARGO
Gabriela Camargo posa para una foto con su esposo, el veterano del Ejército Rómulo Camargo, y el actor Gary Sinise, defensor de los veteranos. Rómulo Camargo recibió un disparo durante una operación de combate en Afganistán, lo que lo dejó paralizado. La pareja venezolana dirige el centro Stay in Step Brain and Spinal Cord Recovery Center en Temple Terrace.
Familias militares opinan
Gabriela Camargo conoce el precio de defender la libertad. Su esposo, el veterano del Ejército Rómulo Camargo, recibió un disparo en el cuello durante un combate en Afganistán, lo que lo dejó paralizado desde los hombros hacia abajo. El suboficial jefe Rómulo Camargo, de las Fuerzas Especiales, fue condecorado por su servicio.
La pareja fundó el centro Stay in Step Brain and Spinal Cord Recovery Center en Temple Terrace luego de no encontrar en Tampa una clínica que ofreciera rehabilitación física ambulatoria a largo plazo.
Gabriela Camargo dijo que Estados Unidos actuó correctamente porque “no se puede negociar con una dictadura”.
“La intervención militar fue concisa y precisa”, dijo. “El cambio es real. Estamos en un proceso de transición. Hay que tener paciencia”.
Exigiendo soberanía
El capítulo del condado Pinellas de los Socialistas Democráticos de América condenó el ataque militar estadounidense, exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa de la custodia, y la desestimación de todos los cargos en lo que calificaron como una “acusación ilegítima”.
En un comunicado, el grupo afirmó que sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado sanciones, presión económica, aislamiento diplomático y operaciones encubiertas para socavar el autogobierno venezolano, provocando sufrimiento humanitario e inestabilidad política mientras buscan controlar los recursos petroleros y minerales del país.
El grupo exigió el fin inmediato del ataque y el respeto a la soberanía venezolana.
“Instamos al Congreso a hacer valer su autoridad constitucional y detener más compromisos militares no autorizados en el extranjero”, señala el comunicado. “Llamamos a las Naciones Unidas a convocar una sesión de emergencia para abordar esta violación del derecho internacional”.
