En medio de las continuas redadas en las comunidades inmigrantes de Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó el jueves un proyecto de ley que crea una vía de alivio contra las personas que ofrecen servicios legales de inmigración de manera ilegal.
El HB 915, uno de los 17 proyectos de ley que DeSantis firmó el jueves, prohíbe a los notarios públicos publicitar sus servicios utilizando un lenguaje que implique que poseen habilidades legales profesionales en derecho migratorio. Los notarios públicos están autorizados para actuar como testigos y verificar firmas en documentos como poderes notariales, escrituras y testamentos.
Thomas Kennedy, analista de políticas de la Florida Immigrant Coalition, dijo en una entrevista telefónica que el grupo buscó ayuda de los legisladores para abordar el problema de los notarios públicos que brindan servicios legales de inmigración, lo cual describió como una epidemia en el centro y sur de Florida. Llamó la firma de la nueva ley una buena noticia.
"Esto está sucediendo en todas partes. Las personas están muy, muy desesperadas por alguna solución o ajuste de estatus que los deja vulnerables a las personas que se aprovechan de ellas," dijo Kennedy, señalando a los cientos de miles de venezolanos en Florida que están en riesgo de ser deportados después de que la Corte Suprema de EE.UU. dictara la decisión esta semana que permitió a la administración de Trump quitarles las protecciones temporales y los permisos de trabajo a los inmigrantes.
Una serie de sesiones especiales a principios de este año resultaron en cientos de millones de dólares para que las fuerzas del orden locales participaran en la aplicación de leyes de inmigración, además de nuevas leyes que aumentan las penas para los inmigrantes que viven en el país sin autorización. Sin embargo, durante la sesión legislativa regular, los legisladores no aprobaron otras propuestas que buscaban restringir la ayuda legal para los niños inmigrantes ni medidas contra las empresas que contratan a personas no autorizadas para trabajar en el país.
Sin embargo, casi todos los legisladores acordaron aprobar el proyecto de ley de la representante demócrata de Orlando, Johanna López, que permite a las personas recuperar daños en demandas civiles contra los notarios públicos que brindan representación en asuntos de derecho migratorio.
Además, los notarios públicos no podrán referirse a sí mismos como “notario público,” término en español, porque en algunos países de América Latina los “notarios” pueden presentar documentos legales, dar asesoramiento legal y representar a personas en los tribunales, según el análisis legislativo final del proyecto de ley.
Aún así, Kennedy dijo que aprobar una ley pro-inmigrante en este clima no fue tarea fácil.
"Supongo que el sentido común prevaleció en este asunto," dijo.
