Foto de DOUGLAS R. CLIFFORD/Tampa Bay Times
Un letrero marca la entrada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. en 2025 en Tampa. La agencia gestiona servicios de inmigración como tarjetas de residencia permanente, ciudadanía y procesamiento de asilo en nombre del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
El Departamento de Seguridad Nacional propuso una nueva norma que obligaría a los solicitantes de asilo a esperar un año antes de solicitar por primera vez un permiso de trabajo.
El departamento indicó que las solicitudes de autorización de empleo basadas en una petición de asilo pendiente han alcanzado un máximo histórico, con 1.4 millones de casos.
Bajo la norma propuesta, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos podría suspender la recepción de solicitudes iniciales de autorización de empleo de solicitantes de asilo — inmigrantes que piden protección en Estados Unidos o en un puerto de entrada — si la agencia tarda en promedio más de 180 días en procesarlas.
La medida también podría negar permisos de trabajo a personas que ingresaron a Estados Unidos sin inspección, a menos que la persona haya informado a un oficial de inmigración, dentro de las 48 horas posteriores a su entrada, que tenía la intención de solicitar asilo o expresó temor de persecución o tortura. El gobierno no ha fijado una fecha para que la medida entre en vigor.
La propuesta estará abierta a comentarios públicos durante 60 días. En diciembre, la agencia redujo la duración de ciertos permisos de trabajo de cinco años a hasta 18 meses para garantizar “una verificación y evaluación más frecuentes de los extranjeros”.
La regulación propuesta surge días después de que un memorando del gobierno señalara que los refugiados que han estado en el país durante un año sin ajustar su estatus a residente permanente y sin ser reevaluados pueden ser detenidos. Según el memorando, los refugiados que no califiquen para un estatus legal permanente podrían estar sujetos a deportación.
Un refugiado solicita protección fuera de Estados Unidos por temor a persecución. El proceso puede tardar dos años o más e implica una revisión exhaustiva y múltiples pasos, como verificaciones de antecedentes, exámenes biométricos y entrevistas.
Los refugiados están obligados a solicitar la residencia permanente después de un año en Estados Unidos. Hasta ahora, esto no se consideraba motivo de arresto o deportación, según un memorando del DHS de 2010 que establecía que no hacerlo no era base para la expulsión ni motivo adecuado para detención.
Defensores y expertos señalaron que la nueva política podría conducir a más detenciones y a períodos más prolongados bajo custodia.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas planea ampliar sus centros de detención e instalaciones de procesamiento en todo el país bajo una iniciativa de 38.3 mil millones de dólares conocida como la “Iniciativa de Reingeniería de la Detención”. En febrero había 68,000 inmigrantes en centros de detención, según la base de datos de estadísticas federales de la Universidad de Syracuse.
Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutiva de Global Refuge, una organización nacional sin fines de lucro dedicada al reasentamiento de refugiados criticó la propuesta. Dijo que el gobierno ya ha detenido el procesamiento de tarjetas de residencia para refugiados y ha dejado a miles en el limbo.
“La nueva política convierte un trámite administrativo rutinario en un pretexto para la detención”, afirmó O’Mara Vignarajah en una declaración al Tampa Bay Times.
Durante la administración Biden, miles de refugiados se establecieron en Estados Unidos con el respaldo de patrocinadores estadounidenses para garantizar que pudieran acceder a servicios básicos, aprender inglés y conseguir empleo. Uno de esos programas brindó refugio a personas y familias del Caribe y América Latina, así como de Ucrania. El año pasado, el programa fue suspendido indefinidamente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Para el año fiscal actual, que va de octubre a septiembre, la administración Trump fijó el límite de admisión de refugiados en 7,500. Los cupos “se asignarán principalmente a personas de Sudáfrica”, señaló el gobierno. El año fiscal pasado, el límite fue de 125,000, pero solo se admitieron 38,000 refugiados.
El Departamento de Seguridad Nacional declaró al Tampa Bay Times que está implementando la ley “tal como fue escrita por el Congreso”.
“La alternativa sería permitir que extranjeros prófugos circulen sin control por nuestro país”, indica el comunicado. “Nos negamos a permitir que eso ocurra.”
