[DOUGLAS R. CLIFFORD | Times]
El informe estima que el gasto total en control migratorio asciende a 200 mil millones de dólares.
Según un nuevo informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la AFL-CIO, las políticas de inmigración han dejado a casi 2 millones de personas sin permisos de trabajo, lo que ha perturbado sectores clave en todo el país.
“Las deportaciones empobrecen a los trabajadores y los hacen más vulnerables a la explotación por parte de los empleadores”, declaró Naureen Shah, directora de defensa de los inmigrantes de la ACLU. “Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) realiza redadas constantes en una comunidad, todos pagan las consecuencias: pérdida de empleos, precios más altos y negocios perjudicados”.
Según el informe, las deportaciones masivas están agravando la crisis de asequibilidad al aumentar los costos para las familias trabajadoras, entre otras consecuencias. El informe recomienda crear un camino amplio hacia la ciudadanía.
“Las políticas temporales o fragmentarias no bastan para abordar la magnitud del problema y, en cambio, nos mantendrán en un estado de crisis constante, tanto para las familias como para la economía”, concluyó el informe.
El informe, que cita un análisis del Economic Policy Institute, una organización sin fines de lucro que aboga por los trabajadores de bajos y medianos ingresos señala que el gobierno federal asignó 30 mil millones de dólares para el control de la inmigración durante el año fiscal 2025, que abarca de octubre a septiembre, en comparación con 2.2 mil millones de dólares para la protección laboral.
La Ley "One Big Beautiful Bill", aprobada en julio de 2025, destinó más fondos para frenar la inmigración. El informe estima que el gasto total en control migratorio asciende a 200 mil millones de dólares.
[ CORTESÍA DE G. GONZALEZ | Times ]
Una selfie de Genny González Emma y su novio, Elvisley González, en Tampa. Antes de ser detenido durante una audiencia de inmigración hace un año, el disidente cubano trabajaba seis días a la semana en un almacén, mientras que González Emma cuidaba niños en una organización sin fines de lucro.
En un comunicado al Tampa Bay Times, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que la idea de que hacer cumplir las leyes de inmigración empobrece a los estadounidenses “es una mentira globalista disfrazada de economía”.
Según el departamento, una nación que no controla quién ingresa a su mercado laboral, su parque de viviendas y sus arcas públicas “no está gestionando una economía para su propio pueblo”.
El departamento afirmó que está abordando lo que denominó “vulnerabilidades” en las políticas de inmigración que permiten a personas obtener la residencia permanente, pero que podrían representar una carga para la economía. Esto incluye una nueva norma que podría penalizar el uso de beneficios públicos como cupones de alimentos, subsidios de vivienda o Medicaid para los inmigrantes que solicitan la residencia permanente y visas.
Esta política no se aplica a las personas que ya son residentes permanentes ni a quienes presentaron sus solicitudes antes del viernes, fecha en que debía entrar en vigor la norma. Veintidós estados y Washington D.C. han demandado a la administración Trump por esta política.
Las conclusiones del informe, titulado “Ciudadanía y la agenda de asequibilidad: un camino hacia mejores empleos, salarios más altos y prosperidad para todos”, se hicieron eco de las experiencias de las familias inmigrantes que enfrentan múltiples desafíos debido a su falta de estatus legal permanente.
Entre ellos se encuentran Genny González Emma, de 37 años, madre cubana de una niña de un año, y su novio, Elvisley González, disidente cubano y miembro de Archipiélago, un grupo de oposición con sede en Matanzas, en la costa norte de Cuba.
La pareja de Tampa llevaba una vida tranquila. Él trabajaba seis días a la semana en un almacén y ella cuidaba niños en una organización sin fines de lucro. Todo cambió hace un año cuando él fue detenido en Orlando durante su tercera audiencia de inmigración, apenas unas semanas después del nacimiento de su hija.
Según su familia, ahora se encuentra en una prisión de Nuevo México y fue incluido en una lista de deportación. González Emma quiere presentar una petición para que su novio pueda permanecer en Estados Unidos por razones humanitarias, la última opción legal, según explicó.
Pero González Emma no tiene dinero para contratar un abogado. La organización sin fines de lucro donde trabajaba cerró el programa social que la empleaba después de que el gobierno federal cancelara su financiación. Además, se encuentra en un limbo migratorio. Llegó a Estados Unidos por la frontera sur en 2019 y solicitó asilo y residencia permanente, pero su caso sigue pendiente.
La repentina separación de su novio y padre de su hija le ha causado un gran impacto emocional. No puede pagar el alquiler ni tener un trabajo estable. Ella y su hija vivieron temporalmente en una oficina que una iglesia local les cedió.
“Si no fuera por ellos, ¿dónde estaría con mi hija?”, dijo González Emma al Tampa Bay Times.
Ella no quiere que deporten a su novio a terceros países como Liberia o la República Centroafricana , adonde la administración Trump está enviando inmigrantes cuyos países de origen no los aceptan.
Ahora, apenas sale del lugar donde vive con su hijo. Teme que la policía la detenga o que la atrapen en medio de una redada de inmigración. “Puedo hacer cualquier cosa por mi familia”, dijo. “Solo dennos una oportunidad”.
