TAMPA — Mientras el reloj avanza hacia el 10 de septiembre —fecha en la que expiraría la protección migratoria para cerca de 300,000 venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) designado en 2021— la comunidad sigue sumida en la incertidumbre.
La ausencia de una declaración oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha generado interpretaciones contradictorias, declaraciones divergentes entre líderes comunitarios y abogados, y una creciente ansiedad en una población ya afectada por el fin del TPS 2023 y otros programas de alivio migratorio.
El abogado y experto en inmigración Négar Granado Dávila explicó que el silencio administrativo del gobierno federal —su falta de acción 60 días antes de la fecha de vencimiento del programa— activa una extensión automática de seis meses bajo la ley federal.
El contexto más amplio también ha estado marcado por decisiones judiciales que afectan a otras nacionalidades. En los últimos meses, tribunales federales han fallado a favor de extender el TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua, Nepal y Haití. Estos fallos sientan un precedente que podría impactar directamente el caso venezolano, actualmente ante el juez Edward Chen y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco.
Validez legal
Granado recordó que el TPS para venezolanos fue otorgado inicialmente el 9 de marzo de 2021, durante la administración del presidente Joe Biden. Sin embargo, pocos días antes de dejar el cargo, la primera administración del presidente Donald Trump emitió una orden de Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, que protegía temporalmente a ciertos ciudadanos de la deportación y autorizaba los permisos de trabajo.
Ese periodo inicial tuvo una vigencia de 18 meses y requería una reinscripción 60 días antes de su vencimiento. Posteriormente, en julio de 2023, se otorgó una nueva designación para cubrir a quienes habían llegado al país antes del 31 de julio de ese año. Ambos programas fueron estructurados con fechas de expiración distintas.
Antes de dejar el cargo, el entonces secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas firmó una orden ejecutiva que permitía la reinscripción tanto para los beneficiarios del TPS 2021 como del 2023, con una fecha de expiración común al 10 de octubre de 2026. Sin embargo, en febrero de 2025, la nueva secretaria Kristi Noem revocó la medida. Posteriormente, el mandato fue suspendido por un juez federal en California, quien dejó en vigor la orden de Mayorkas mientras se resuelve la disputa legal.
Con base en esa suspensión, y ante la ausencia de una nueva decisión del DHS antes del 12 de julio, se activó una extensión automática de seis meses, que prolonga la vigencia del TPS 2021 hasta marzo de 2026.
“Eso es lo que dice la ley”, afirmó Granado. “Y si el TPS se extiende, entonces también se extienden automáticamente los permisos de trabajo de quienes renovaron a tiempo.”
Advertencias sobre la desinformación
Ante el silencio oficial del gobierno federal, distintas organizaciones han expresado posturas opuestas. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, advirtió públicamente sobre la propagación de declaraciones inexactas en redes sociales y plataformas digitales.
“Hemos visto a influencers y abogados de inmigración afirmando irresponsablemente que el TPS 2021 se extendió automáticamente por seis meses porque el DHS no tomó una decisión 60 días antes de su vencimiento”, dijo Ferro en su cuenta de Instagram.
Ferro recalcó que, sin una actualización oficial en el sitio web del DHS o una publicación en el Registro Federal, no se puede asumir que el TPS haya sido renovado.
“Desde que comenzó la administración Trump, las reglas no se han respetado como corresponde. No se cumplen los plazos”, afirmó. “Mientras la página oficial del TPS para Venezuela no se actualice y no se haya publicado nada en el Registro Federal, no tenemos razones para creer que el TPS fue extendido.”
Señaló que, en los casos de Nicaragua y Honduras, el gobierno federal esperó hasta el día de vencimiento del programa para anunciar su finalización, lo que deja abierta la posibilidad de que ocurra lo mismo con Venezuela.
Complicaciones con los permisos de trabajo
Granado advirtió que muchos migrantes, a pesar de haber completado su proceso de reinscripción a tiempo, no han recibido confirmación ni avisos de acción de parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
“Algunos se han inscrito, el sistema acepta el caso, pero la carta de Aviso de Acción nunca llega”, explicó Granado. Recomendó presentar los formularios en físico para garantizar la recepción de estos casos.
El abogado dijo que la ambigüedad institucional ha provocado despidos o suspensiones laborales en empresas como Walmart y ha generado temor entre empleados de grandes corporaciones.
“Los empleadores siempre verifican el estatus legal a través del sistema E-Verify”, indicó. “Técnicamente, la extensión hasta 2026 es válida según la ley, pero en la práctica, algunos empleadores exigen documentación adicional.”
La nueva estructura de tarifas establecida en julio impone una carga financiera adicional a quienes solicitan beneficios migratorios. Desde el 22 de julio, la tarifa para una solicitud inicial de permiso de trabajo es de 550 dólares, mientras que la renovación o extensión cuesta 275. La solicitud inicial de TPS también aumentó a 500 dólares.
Audiencia judicial y expectativas
El 1 de agosto se realizó una audiencia clave ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Los abogados del DHS cuestionaron la autoridad del exsecretario Mayorkas para extender el TPS más allá de su mandato, argumentando que tales decisiones corresponden a la administración actual.
La defensa insistió en que las condiciones en Venezuela no han cambiado y que miles podrían estar en riesgo si se les obliga a regresar. Granado cree que la decisión de la corte podría ser inminente.
“Estoy convencido de que los argumentos planteados por el juez Chen y, además el razonamiento utilizado por los demandantes y beneficiarios del TPS que se unieron al caso, son suficientes y lo bastante sólidos para contrarrestar los alegatos del DHS”, dijo.
El abogado recomienda que todos los titulares de TPS 2021 y 2023 se reinscriban antes del 10 de septiembre —fecha límite según la orden aún vigente— o busquen otra vía legal para permanecer en el país.
¿Quiénes enfrentan riesgo de deportación?
Granado explicó que la protección del TPS sigue vigente para quienes se han reinscrito o aún se encuentran dentro del periodo de extensión. Sin embargo, ciertos perfiles pueden estar en riesgo.
“Las personas con antecedentes penales, especialmente delitos graves, pueden perder la protección”, dijo. “Pero quienes ingresaron legalmente, presentaron sus casos de asilo a tiempo o están en procesos de ajuste, no deberían tener problemas con la ley.”
Enfatizó que el discurso gubernamental ha sido utilizado para promover deportaciones, aumentando el temor en la comunidad migrante. Citó campañas en redes sociales con mensajes intimidatorios, como una imagen difundida por la Casa Blanca que muestra un avión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con la frase: ‘Así es como te sacaremos de Estados Unidos’.
“Es una estrategia de disuasión”, aseguró. “Pero no hay razón para que quienes cumplen con la ley y hacen las cosas bien vivan con miedo.”
Relación entre el asilo y el TPS
Otro punto que genera confusión es la relación entre la expiración del TPS y la posibilidad de solicitar asilo. Según la ley migratoria de Estados Unidos, quienes buscan asilo deben presentarlo dentro de un año tras su entrada al país, salvo en casos de cambios sustanciales en las condiciones. Perder el TPS puede calificar como una de esas excepciones.
“Si el beneficio termina y la persona tiene fundamentos reales que llevan a una persona a temer regresar a su país, entonces sí, puede justificar su solicitud de asilo”, señaló Granado.
Desde el 1 de agosto, la solicitud de asilo incluye una nueva tarifa de 100 dólares, tanto al momento de aplicar como anualmente mientras se espera una entrevista. La tarifa no es retroactiva, por lo que quienes presentaron su solicitud antes de julio no deben pagar el monto adicional.
Granado dijo que varios de sus clientes ya han recibido aprobaciones de TPS vigentes hasta el 10 de octubre de 2026, bajo las categorías de 2021 y 2023.
“Tengo casos documentados en los que USCIS validó tanto el estatus como el permiso de trabajo hasta octubre de 2026”, afirmó, señalando que dichas aprobaciones solo fueron posibles para quienes se reinscribieron antes del plazo y cumplieron con todos los requisitos.
Recomendaciones y contexto sociopolítico
Al ser consultado sobre qué debe hacer una persona que aún no se ha reinscrito, Granado fue claro: la fecha límite es el 10 de septiembre, pero lo mejor es actuar cuanto antes. También instó a verificar el estatus, consultar con abogados de inmigración y evitar caer en rumores.
“No podemos guiarnos por videos de TikTok o cuentas de Instagram que crean falsas expectativas”, advirtió. “Hay que consultar fuentes oficiales y medios serios.”
El experto enfatizó que quienes ya tienen TPS y están dentro de los parámetros legales no deben temer represalias o arrestos arbitrarios, siempre que no tengan casos penales pendientes.
“Si no tienes problemas con la ley, no tienes nada que temer. Incluso puedes viajar con seguridad y pasar por cualquier aeropuerto del país”, señaló.
Crisis venezolana en curso
El más reciente informe de Human Rights Watch sobre Venezuela documenta un aumento significativo en la represión gubernamental en el período previo y posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024. El reporte señala detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y acciones legales contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes opositores.
También destaca que más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional, sin acceso regular a servicios básicos ni alimentos suficientes, lo que agrava la crisis humanitaria y alimenta una diáspora sin precedentes en toda América Latina.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 401 protestas en todo el país durante el primer semestre de 2025 —un promedio de 13 diarias—. La mayoría de estas protestas, 305, estuvieron relacionadas con demandas de derechos civiles y políticos, lo que representa un aumento del 73% respecto al mismo período del año anterior. Otras 96 manifestaciones abordaron derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, motivadas por el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de poder adquisitivo, la falta de condiciones laborales dignas y otras demandas sociales no atendidas.
El observatorio también informó que al menos 36 protestas fueron reprimidas en 16 estados venezolanos, con un saldo de dos heridos y 15 detenidos.
En este contexto, la comunidad venezolana en Estados Unidos vive en cuenta regresiva. Cada día sin una respuesta oficial incrementa la presión institucional y multiplica la angustia de miles de familias que aún no saben si podrán continuar sus vidas en el país.
