La congresista republicana por el sur de Florida, María Elvira Salazar, presentó este martes un paquete bipartidista de reforma migratoria integral que otorgaría estatus legal a ciertos inmigrantes indocumentados.
El anuncio se produce en medio de un aumento en los esfuerzos de deportación masiva por parte del gobierno de Trump, con cientos y a veces miles de migrantes indocumentados detenidos diariamente.
“La Ley de Dignidad de 2025” —copatrocinada por la demócrata texana Veronica Escobar— es una versión revisada de un proyecto que Salazar presentó por primera vez en 2023. También contempla protecciones para los Dreamers, pero no permite beneficios federales para los migrantes ni una vía hacia la ciudadanía.
La propuesta crearía un “Programa de Dignidad” que permitiría a los inmigrantes indocumentados que hayan estado en EE.UU. desde 2021 solicitar vivir en el país hasta por siete años con autorización de trabajo. Deberían pagar $7,000 en restitución, mantenerse en cumplimiento legal y presentarse regularmente ante el Departamento de Seguridad Nacional. El permiso sería renovable si la persona mantiene un buen historial.
El proyecto también crearía un fondo de $70 mil millones denominado “Fuerza Laboral Estadounidense”, destinado a programas de aprendizaje, readiestramiento y educación para ciudadanos estadounidenses, con un trabajador capacitado por cada participante del programa de Dignidad. El fondo se financiaría mediante una cuota anual de restitución de $1,000 y un impuesto del 1% sobre la nómina de los participantes del programa.
Incluye además provisiones de seguridad fronteriza, con barreras físicas, drones y radares para frenar el flujo de migrantes. Exigiría el uso nacional del sistema E-Verify para que todos los empleadores verifiquen el estatus legal de sus empleados. También propone pruebas de ADN para comprobar vínculos familiares en la frontera.
Asimismo, reformaría el sistema de asilo, con un plazo máximo de 60 días para decidir la mayoría de los casos. Contempla centros regionales de procesamiento en América Latina de manera opcional. También establece sanciones por reclamos fraudulentos, con expulsión acelerada para reincidentes.
La introducción del proyecto ocurre mientras el número de migrantes detenidos al cruzar ilegalmente la frontera entre EE.UU. y México ha alcanzado mínimos históricos mensuales este verano. El Departamento de Seguridad Nacional informó a principios de mes que el número de encuentros y detenciones en la frontera sur fue el más bajo registrado.
“Durante 40 años, cada presidente y Congreso ha mirado hacia otro lado mientras millones han vivido aquí ilegalmente, muchos trabajando en industrias clave que mantienen nuestra economía en marcha”, declaró Salazar en un comunicado escrito.
“Es el talón de Aquiles que nadie quiere arreglar. La Ley de Dignidad ofrece una solución de sentido común: ciertos inmigrantes indocumentados pueden obtener estatus legal —no ciudadanía— mediante el trabajo, el pago de impuestos y su contribución al país. Sin regalos. Sin atajos. Solo responsabilidad y un camino hacia la estabilidad para nuestra economía y nuestro futuro”.
“La gran mayoría de los inmigrantes son personas trabajadoras y respetuosas de la ley; y, pese a cómo han sido vilipendiadas por la administración, la mayoría de los estadounidenses reconoce que es de interés nacional encontrar una solución”, agregó Escobar.
“Podemos promulgar una legislación que combine humanidad y seguridad, y la Ley de Dignidad de 2025 ofrece un enfoque bipartidista y equilibrado que restaura la dignidad de quienes han intentado navegar durante demasiado tiempo un sistema roto”.
El intento del proyecto de combinar seguridad fronteriza con una vía para permanecer legalmente en EE.UU. recuerda al proyecto de reforma migratoria copatrocinado en el Senado en 2013 por el también floridano Marco Rubio. Aunque fue aprobado en el Senado ese año, murió en la Cámara de Representantes.
Ex presentadora de noticias de televisión, Salazar representa al Distrito Congresional 27 de Florida desde que venció a la demócrata Donna Shalala en 2020, y ha sido reelegida dos veces desde entonces.
El mes pasado, declaró estar “desconsolada” por la incertidumbre que, según dijo, afecta a su distrito del sur de Florida debido a las acciones de deportación emprendidas por el gobierno de Trump.
“Las detenciones en cortes migratorias, incluso de personas con formularios I-220A y casos de asilo pendientes, la cancelación del programa CHNV (para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos), que ha dejado a miles expuestos a la deportación, y otras medidas similares, ponen en riesgo nuestro deber de garantizar el debido proceso que toda democracia debe proteger”, dijo Salazar en un comunicado.
Veinte congresistas más de ambos partidos figuran como copatrocinadores del proyecto de ley, entre ellos el también republicano del sur de Florida, Mario Díaz-Balart.
