WASHINGTON — Antiguos altos funcionarios de inmigración de la administración Biden advirtieron este martes que los miles de millones destinados a la aplicación de leyes migratorias —aprobados a principios de mes— intensificarán las detenciones y deportaciones rápidas de inmigrantes.
Durante una conferencia de prensa virtual organizada por el grupo defensor de inmigrantes America’s Voice, los exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señalaron que prevén una tendencia creciente de estados que construirán centros de detención temporales “suaves”, similares al conocido como “Alligator Alcatraz” en Florida, nombre dado por republicanos floridanos a un centro de detención ubicado en los Everglades.
Según explicaron, los fondos para estas iniciativas provendrán de la ley de recortes fiscales y de gastos firmada este mes por el presidente Donald Trump, que asigna aproximadamente 170.000 millones de dólares a la aplicación de leyes migratorias.
Este paquete masivo otorga 30.000 millones de dólares a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), convirtiéndola en la agencia de seguridad pública con mayor financiamiento del país. Los fondos permitirán contratar a 10.000 nuevos agentes y ejecutar deportaciones. Además, se destinarán otros 45.000 millones para detención de inmigrantes y 450 millones en subvenciones para que los estados participen en labores de control fronterizo.
Miles de millones adicionales se asignarán a seguridad fronteriza y para que las fuerzas armadas participen en tareas relacionadas con el resguardo de la frontera.
Andrea Flores, quien fue directora de gestión fronteriza del Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración Biden, expresó que espera que los estados comiencen a operar sus propios centros de detención de inmigrantes, parecidos al de “Alligator Alcatraz”, una instalación administrada por el estado que fue construida rápidamente en los Everglades para albergar migrantes. Se espera que ese centro estatal albergue hasta 5.000 personas.
Se cuestiona la seguridad de los migrantes
Jason Houser, quien fue jefe de gabinete de ICE durante la administración Biden, advirtió que estos centros de detención construidos apresuradamente probablemente generarán entornos inseguros para los migrantes que sean llevados allí. Señaló que la falta de experiencia y capacitación del personal encargado también representa un riesgo para la seguridad de los detenidos.
“La gente va a salir lastimada”, dijo. “Van a morir”.
Agregó que, dado que los funcionarios de inmigración han recibido cuotas de arresto —aproximadamente 3.000 detenciones por día—, ICE se enfocará en aquellos migrantes “más accesibles, los que han estado cumpliendo y presentándose”, ya sea ante funcionarios migratorios o en tribunales de inmigración.
“Cumplir cuotas no es un interés de seguridad nacional”, afirmó Houser.
También señaló que, ante el aumento de arrestos y detenciones, la necesidad de más centros llevará probablemente a que los estados construyan estos centros de detención “suaves” en “zonas rurales donde no se puede contar con personal capacitado ni recursos adecuados”.
Flores, por su parte, explicó que si los estados comienzan a edificar sus propios centros como el de Florida, probablemente haya una falta de supervisión, ya que el DHS ha despedido a gran parte de los empleados federales encargados del organismo fiscalizador interno que supervisaba a ICE: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles.
Actualmente, Flores se desempeña como vicepresidenta de política migratoria en FWD.us, organización enfocada en políticas y reformas migratorias.
Se prevé un aumento en las deportaciones a terceros países
Royce Murray, exsubsecretaria adjunta de política migratoria y fronteriza del DHS y exfuncionaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. durante la administración Biden, expresó su preocupación por la posibilidad de que el gobierno de Trump incremente las deportaciones a terceros países con los nuevos fondos.
Las deportaciones hacia un tercer país “deben hacerse a un país que sea seguro”, sostuvo.
Cuando un migrante tiene una orden final de deportación y su país de origen no acepta su repatriación, Estados Unidos generalmente busca otro país que acepte recibirlo —un tercer país.
La administración Trump ha intentado lograr acuerdos con países como México y Sudán del Sur para que acepten deportados. Este último acaba de salir de una guerra civil pero continúa enfrentando episodios de violencia. Aunque el Departamento de Estado desaconseja viajar a Sudán del Sur, la administración Trump ganó un caso ante la Corte Suprema que le permite usar ese país africano como destino para deportaciones a terceros países.
Murray afirmó que el gobierno de Trump está utilizando estas deportaciones para “crear un clima de miedo” e incentivar a que los migrantes se autodeporten.
Agregó que, si se van a ejecutar expulsiones a terceros países, deben realizarse a “lugares donde las personas puedan integrarse con éxito”.
