Foto de LILY SPEREDELOZZI / Times
Uthmeier también dijo que el departamento de policía de Tampa prohíbe a los oficiales participar en acciones de control de inmigración “de base amplia”.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió el miércoles un mensaje contundente a la alcaldesa de Tampa, Jane Castor: cooperar plenamente con las autoridades migratorias o enfrentarse a la destitución del cargo.
“La alcaldesa Castor está imponiendo políticas de santuario al Departamento de Policía de Tampa, lo cual viola la ley de Florida”, declaró Uthmeier en X. “Estas políticas deben revertirse de inmediato o habrá consecuencias”.
En una carta dirigida a Castor y enviada a X, Uthmeier afirmó que el departamento de policía de la ciudad ha promulgado políticas que “limitan la información específica que el TPD puede compartir con el ICE y restringen las actividades de control migratorio en las que el departamento puede participar”.
Amenazando con la destitución, el gobernador Ron DeSantis, ordenó a Castor revertir estas políticas antes del 31 de marzo.
En una declaración, Castor dijo que la ciudad “revisará las preocupaciones planteadas y evaluará nuestras políticas y procedimientos para garantizar que hagamos los mejores esfuerzos para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración”.
El Departamento de Policía de Tampa participa en el programa 287(g) , una iniciativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que permite a los oficiales locales realizar funciones limitadas de agentes de inmigración.
“Tampa es una de las ciudades más seguras de nuestro tamaño en el país porque hemos forjado la confianza con nuestra comunidad mediante la colaboración”, dijo Castor.
“La alcaldesa Castor está imponiendo políticas de santuario al Departamento de Policía de Tampa, lo cual viola la ley de Florida”, declaró Uthmeier en X.
“El Departamento de Policía de Tampa firmó la ley 287(g) y desarrolló su política de control migratorio en consulta con agencias asociadas y asociaciones policiales para garantizar que todas las acciones relacionadas con la inmigración se lleven a cabo de acuerdo con las leyes estatales y federales”.
Pero Uthmeier afirmó que algunas políticas del departamento prohíben a los oficiales compartir cierta información con las agencias federales de inmigración, lo que, en efecto, establece una política de santuario.
Las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley en Florida están obligadas a hacer todo lo posible para apoyar las medidas federales de control de inmigración, afirmó.
Uthmeier enumeró varias políticas
Añadió que los agentes de policía de Tampa no pueden compartir información sobre víctimas o testigos de un delito con las agencias federales de inmigración, ni siquiera sobre su estatus migratorio legal.
Expresó que el departamento cuenta con procedimientos para proteger la integridad de un caso cuando una víctima o testigo se encuentra en el país ilegalmente.
Página 1: Carta dirigida a Castor y enviada a X por Uthmeier.
“El Departamento de Policía de Tampa (TPD) aparentemente apoya estas políticas porque no quiere que los inmigrantes indocumentados se preocupen por las consecuencias migratorias al cooperar con las fuerzas del orden”, dijo. “Pero queremos que los inmigrantes indocumentados teman las consecuencias migratorias en la medida en que se encuentren aquí ilegalmente”.
Uthmeier también dijo que el departamento prohíbe a los oficiales participar en acciones de control de inmigración “de base amplia”.
Defensores de derechos civiles
Ana Lamb, defensora de los derechos civiles desde hace mucho tiempo que ayuda a familias de bajos ingresos en el área de la Bahía de Tampa, dijo que los comentarios de Uthmeier plantean serias preocupaciones.
“Esto solo traerá más miedo a nuestra comunidad. Una comunidad segura es aquella donde la gente confía en las fuerzas del orden”, dijo. “Hemos tenido muchos testigos indocumentados en casos de muerte de ciudadanos estadounidenses, y la policía pudo resolverlos gracias a que esos testigos alzaron la voz”.
Lamb dijo que programas como el 287(g) fueron diseñados originalmente para identificar y arrestar a criminales serios, "no para intimidar a nuestra gente o a las víctimas".
Liz Gutiérrez, directora ejecutiva de Enterprising Latinas, una organización sin fines de lucro que desarrolla y gestiona oportunidades para inmigrantes y mujeres hispanas, dijo que la carta de Uthmeier plantea preguntas sobre el equilibrio de poder entre los líderes estatales y locales.
Página 2: Carta dirigida a Castor y enviada a X por Uthmeier.
“Cuando un alcalde es amenazado por proteger los valores y las preocupaciones de sus residentes, se desafía el espíritu de la gobernanza local y el debate democrático”, dijo Gutiérrez. “A menudo, las decisiones de las personas sobre dónde vivir se basan en esos valores. Romper con ellos constituye una violación de nuestras libertades civiles”.
DeSantis ha destituido anteriormente a funcionarios locales por no hacer cumplir las leyes sobre cuestiones políticamente sensibles.
En 2022, destituyó al fiscal estatal del condado de Hillsborough, Andrew Warren, por lo que, según él, fue su desprecio por su deber de hacer cumplir la ley estatal relacionada con la prohibición del aborto y la atención médica para la afirmación de género.
Y en 2023, suspendió a Monique Worrell , fiscal estatal electa de los condados de Orange y Osceola, por lo que, según él, fue su incapacidad para imponer sentencias obligatorias por delitos relacionados con armas de fuego y drogas, y por permitir que los menores evitaran el encarcelamiento.
En una entrevista de febrero en “Florida Matters Live & Local”, Castor dijo que la ciudad “siempre ha tenido memorandos de entendimiento con todas las agencias federales, con el FBI, el Servicio Secreto, la DEA y el ICE, y hemos colaborado en las investigaciones”. Colaborar con agencias federales de inmigración “no es algo inaudito”, afirmó.
También ha hablado sobre los recientes esfuerzos federales para hacer cumplir la ley de inmigración en Minneapolis.
En un foro celebrado en enero con el alcalde de San Petersburgo, Ken Welch, y el alcalde de Clearwater, Bruce Rector, Castor calificó las acciones de los agentes de inmigración allí de “antiamericanas”.
“Estamos de acuerdo en que las personas que están aquí, que están cometiendo delitos o perjudicando a nuestro país, deben ser deportadas”, dijo. “Pero lo que está sucediendo ahora no refleja nuestra identidad como país”.
El redactor del Times Juan Carlos Chávez colaboró con este informe.
