Cientos de inmigrantes sin cargos penales en Estados Unidos han terminado en Alligator Alcatraz, una instalación de detención que las autoridades estatales y federales han descrito como un lugar al que se envía a “psicópatas sádicos” y “criminales peligrosos” antes de ser deportados, según documentos obtenidos por el Times/Herald.
Entre los detenidos acusados o condenados por delitos, hay más de 250 personas que aparecen como infractores únicamente de normas migratorias, sin antecedentes penales en Estados Unidos. Los datos provienen de una lista de más de 700 personas que están detenidas bajo carpas y en celdas de malla metálica en el centro temporal de detención del estado en los Everglades de Florida, o que figuran programadas para ser enviadas allí.
Un tercio de los detenidos tiene condenas penales. Los cargos incluyen desde intento de homicidio hasta reingreso ilegal o infracciones de tránsito. Cientos más enfrentan cargos pendientes. Los documentos no detallan la naturaleza de los delitos y los periodistas no han revisado de forma independiente cada caso.
La información —que puede variar a medida que cambia la población del centro— sugiere que decenas de migrantes sin antecedentes penales han sido atrapados en la red que autoridades estatales y federales han desplegado para capturar y deportar a inmigrantes que viven sin autorización en Florida.
A nivel nacional, casi la mitad de los detenidos por ICE a finales de junio estaban recluidos por violaciones migratorias y no tenían condenas ni cargos penales, según datos de la Universidad de Syracuse. Las encuestas muestran que los votantes estadounidenses apoyan la deportación de criminales, pero no tanto el arresto y detención de inmigrantes indocumentados que cumplen con la ley. Representantes del Congreso en el sur de Florida han pedido a la administración Trump que sea más compasiva al deportar personas con problemas de estatus migratorio.
“Se supone que ese lugar es para los peores criminales del país”, dijo Walter Jara, sobrino de un nicaragüense de 56 años trasladado allí tras una parada de tránsito. En la lista figura que su tío, Denis Alcides Solís Morales, tiene violaciones migratorias pero no se mencionan condenas ni cargos penales pendientes. Jara afirmó que su tío llegó legalmente bajo un programa de permiso humanitario y que tiene un caso de asilo pendiente.
Los periodistas enviaron la lista a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). En una declaración, la subsecretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que la ausencia de cargos penales en Estados Unidos no implica que los detenidos tengan las manos limpias.
“Muchas de las personas que se cuentan como ‘no criminales’ en realidad son terroristas, violadores de derechos humanos, pandilleros y más; simplemente no tienen antecedentes en Estados Unidos”, dijo McLaughlin al Times/Herald. “Además, todos estos individuos cometieron un delito al entrar ilegalmente al país. No es correcto decir que no son criminales”.
McLaughlin añadió que la administración Trump está “poniendo primero al pueblo estadounidense al eliminar a los extranjeros ilegales que representan una amenaza para nuestras comunidades” y aseguró que “el 70 % de los arrestos de ICE corresponden a inmigrantes ilegales con condenas o cargos pendientes”.
Indicó además que el estado de Florida es quien administra la instalación, no ICE, argumento que también presentó en tribunales Thomas P. Giles, un alto funcionario de operaciones de detención y deportación. “La decisión final sobre a quién detener en Alligator Alcatraz le corresponde a Florida”, escribió como parte de la respuesta del gobierno federal a una demanda que impugna el centro de detención por motivos medioambientales.
Un portavoz de ICE remitió a los periodistas a la División de Manejo de Emergencias de Florida (DEM), responsable del centro. La DEM no respondió a solicitudes de comentarios.
Población mixta
Los registros ofrecen una visión parcial de quiénes están en la instalación. La red de remolques y carpas, construida sobre una pista aérea cerca de la autopista U.S. 41, lleva poco más de una semana operativa y ya alberga a unos 750 inmigrantes detenidos, según datos que funcionarios estatales compartieron con el senador estatal demócrata Carlos Guillermo-Smith, uno de varios legisladores de Florida que recorrieron el lugar el sábado.
Los documentos muestran que los detenidos provienen de unos 40 países. Los originarios de México, Guatemala y Cuba representan aproximadamente la mitad de la lista. Las edades oscilan entre los 18 y los 73 años. Uno figura como ciudadano estadounidense. Los reporteros no pudieron localizar a su familia ni abogado.
Dentro del centro, los legisladores observaron que los detenidos llevaban pulseras de colores, que según los funcionarios estatales indican la gravedad de sus infracciones civiles o penales. Los colores incluyen amarillo, naranja y rojo, siendo el amarillo para infracciones leves y el rojo para delitos más graves, explicó la representante estatal demócrata Anna Eskamani.
El estado, que se ha negado a divulgar públicamente la lista completa de detenidos, ha difundido información selectiva. El viernes, la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, entregó a Fox News y luego al Times/Herald los nombres de seis hombres con antecedentes penales. Los cargos iban desde homicidio hasta robo.
“Este grupo de asesinos, violadores y pandilleros es solo una pequeña muestra de los psicópatas peligrosos que Florida está ayudando al presidente Trump a sacar del país”, dijo el vocero de Uthmeier, Jeremy Redfern.
Uno de los mencionados es José Fortín, hondureño de 46 años arrestado en 2017 por intento de homicidio. Registros indican que fue deportado en agosto de 2019, pero un mes después volvió a ingresar ilegalmente y fue detenido por agentes fronterizos en Texas.
El gobernador Ron DeSantis y el expresidente Donald Trump han señalado que el centro de detención permite alojar a inmigrantes indocumentados que de otro modo serían liberados por falta de espacio.
Otro detenido identificado por la oficina de Uthmeier, Luis Donaldo Corado, fue condenado por robo y hurto menor tras ser acusado de espiar a una mujer por la ventana de su apartamento en Coral Gables. Y Eddy López Jemot —cubano de 57 años— fue acusado de matar a una mujer e incendiar su casa en Key Largo en 2017. Este año, el estado retiró los cargos por homicidio como parte de un acuerdo de culpabilidad, y fue condenado por incendio intencional.
Pero otros detenidos que no fueron incluidos en la lista del fiscal general enfrentan cargos menores —como infracciones de tránsito—, según abogados y familiares. Una abogada dijo al Times/Herald que su cliente fue arrestado por agentes de inmigración tras presentarse a una cita rutinaria en una oficina de ICE. Algunos son solicitantes de asilo.
Solís Morales, el nicaragüense de 56 años, fue llevado a Alligator Alcatraz tras ser detenido inesperadamente el 1 de julio, cuando se dirigía a un trabajo de construcción en el condado de Palm Beach, relató su sobrino. Era pasajero de una Ford F-150 cuando la Patrulla de Carreteras de Florida detuvo al conductor por una carga mal asegurada.
Solís Morales llegó desde Nicaragua en 2023 bajo permiso humanitario y tiene un caso de asilo pendiente, indicó Jara.
La abogada de inmigración en Miami, Regina de Moraes, representa a un brasileño detenido en Alligator Alcatraz que ingresó legalmente con visa de turista en 2022 y solicitó asilo, aún en proceso.
Según la abogada, el brasileño de 37 años, con un permiso laboral de cinco años y dueño de una empresa de paneles solares en el área de Orlando, fue arrestado por conducir bajo efectos del alcohol en 2024. El 3 de junio, durante una audiencia de libertad condicional, fue detenido por la Oficina del Alguacil del Condado Orange, que participa en el programa federal 287(g). Fue transferido a Alligator Alcatraz el jueves, según información de su hermana.
De Moraes, abogada con experiencia, dijo no entender por qué fue enviado al centro estatal de detención. Pidió al Times/Herald no revelar la identidad de su cliente.
“No está sujeto a detención obligatoria ni a deportación porque tiene un asilo pendiente”, explicó. “Tiene un solo DUI y no representa una amenaza. Esto es absurdo. Es una pérdida de tiempo y dinero… No es el tipo de persona que deberían estar deteniendo”.
“Deberían estar deteniendo a personas con antecedentes de agresión sexual o robo a mano armada”, añadió.
