La administración Trump está ofreciendo $1,000 a las personas que decidan abandonar el país.
Como parte del Proyecto Regreso a Casa (Project Homecoming), funcionarios federales adaptaron CBP One, una aplicación utilizada durante el gobierno del presidente Joe Biden para gestionar la llegada de más de un millón de inmigrantes, y la transformaron en una herramienta llamada CBP Home. Ahora, ayuda a las personas a iniciar el proceso de autodeportación voluntaria.
Cualquier persona no ciudadana que utilice CBP Home recibirá asistencia para el viaje y $1,000, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La agencia también afirmó que los inmigrantes que usen CBP Home serán “despriorizados” para detención y deportación por parte de las autoridades migratorias.
El 19 de mayo, la administración Trump envió de regreso a decenas de inmigrantes de Honduras y Colombia. Según Associated Press, fue la primera deportación voluntaria del programa. Además del dinero, a cada deportado se le promete “la posibilidad de que algún día pueda regresar legalmente a Estados Unidos”, según un comunicado del DHS.
Sin embargo, el plan genera más preguntas que respuestas: ¿es una opción viable para quienes tienen empleos, negocios, hijos nacidos en Estados Unidos o familias con estatus migratorio mixto?
Muchos se muestran escépticos. Otros no lo ven como una buena idea. Esto es lo que opinan algunos residentes del área de Tampa Bay:
Yusmier Mesa, 42, Tampa
Hace cinco años, Yusmier Mesa fue liberado por agentes migratorios tras cruzar la frontera sur con un formulario conocido como I-220A, que le permite solicitar una licencia de conducir temporal y un permiso de trabajo. No otorga permiso para permanecer en el país por razones humanitarias.
Mesa, inmigrante cubano, es dueño de una empresa de transporte en Tampa. Dice que la oferta de $1,000 no es algo que pueda considerar.
“Están tratando de ofrecer un incentivo a personas que no tienen otra opción”, dijo Mesa. “Cada quien decide por sí mismo, pero yo no lo aceptaría por mi negocio, y porque en Cuba mi vida corre peligro. Huí por miedo a la represión. Para mí, no es una opción”.
Mesa tiene conductores empleados y posee dos camiones. Asegura que dejar todo atrás no tiene sentido.
“La idea de aceptar $1,000 está totalmente descartada”, dijo. “No estamos pidiendo cupones de alimentos ni ayuda del gobierno. Solo queremos la oportunidad de trabajar como personas decentes que aportan a la comunidad, no como prisioneros”.
Es esposo y padre de uno, y asegura haber logrado mucho más de lo que representan esos $1,000 en el poco tiempo que lleva en el país.
“Llevo cinco años cargando con este I-220A sin saber qué va a pasar conmigo. ¿Tú crees que $1,000 van a arreglar eso o darme tranquilidad si me voy? Claro que no”.
Hernan Lugo-Galicia, 57, Tampa
Hernan Lugo-Galicia fue periodista en Venezuela y denunció la corrupción gubernamental en el diario El Nacional. Llegó en 2017 tras recibir amenazas del régimen venezolano. Desde entonces, ha tramitado una solicitud de asilo, pero el gobierno aún no ha dado respuesta definitiva.
Lugo-Galicia considera que $1,000 no son suficientes para tomarse en serio, ya que se puede ganar más que eso en una o dos semanas de trabajo.
Lo más importante, dijo, es que “la libertad no se compra con $1,000”.
“La gran mayoría de nosotros no puede volver a Venezuela porque hay una dictadura, y regresar significa el riesgo de ser arrestado, detenido y acusado de traidor por haber vivido en Estados Unidos”, afirmó. “Los que estamos aquí no vinimos por dinero, vinimos por libertad”.
Actualmente dirige un medio comunitario, pero su ingreso depende de trabajos en construcción y mantenimiento.
“Hago de todo en este país. Aquí hay que hacer un poco de todo. Pero mi situación no se resuelve con una oferta de $1,000”, dijo.
Lucile Oscar, 42, Brandon
En Brandon, Lucile Oscar, de 42 años, es propietaria de un pequeño restaurante haitiano llamado Kreyol Delight. Vive en Estados Unidos desde que tenía 16 años.
Cuando escuchó sobre la oferta de $1,000 de la administración Trump, no lo podía creer.
“Definitivamente no es una buena idea ni tampoco un buen trato”, dijo Oscar. “No me gusta, y honestamente, hasta parece un insulto para quienes trabajamos duro”.
Oscar aseguró que muchos inmigrantes haitianos llegaron en busca de seguridad y oportunidades para sus familias.
“No vinimos aquí a causar problemas, como quiere hacer creer el gobierno”, dijo. “Vinimos a construir una vida mejor”.
Administrar su negocio no ha sido fácil, pero es su fuente de ingresos para mantener a su familia, incluidos sus cinco hijos. Tiene otro restaurante en el área de Busch Gardens. Dice que sus negocios son prueba de que la mayoría de los inmigrantes trabaja duro y ha ganado mucho más de lo que se les ofrece.
Oscar es ciudadana naturalizada, pero su familia es de estatus mixto y no quiere ni considerar la oferta.
“Los $1,000 no se acercan ni remotamente a resolver los verdaderos desafíos que enfrentan los inmigrantes”, dijo. “Es extremadamente difícil salir adelante, lo sabemos. La economía está dura y todo está carísimo. Pero estamos aquí para trabajar y hacerlo mejor que en nuestros países”.
Sunita Chheda, 53, Riverview
Para Sunita Chheda, la oferta no tiene sentido.
Chheda, de 53 años, es dueña de Saffron Xpress, un pequeño puesto de comida dentro de una gasolinera en Riverview, donde sirve comida india e indo-china casera. Dice que el dinero no resolverá nada.
“Viniste buscando nuevas oportunidades, trajiste todo contigo, ¿y ahora vas a regresar con solo $1,000?”, dijo. “No, gracias”.
Ciudadana naturalizada, Chheda y su familia han construido su vida en Estados Unidos durante los últimos 20 años. Dice que pensar en dejarlo todo y regresar a la India es poco realista.
“Hay familias que llevan años en EE.UU. y están criando hijos. ¿Cómo se supone que van a llevárselos y comenzar de nuevo?”, dijo. “Tenemos amigos y familiares en todo tipo de situaciones legales, pero sus vidas están aquí”.
No conoce a nadie que esté considerando la oferta como una opción real.
“No creo que sea una buena idea. Al menos no para la gente que yo conozco”, dijo. “Todos salimos de la India buscando una vida mejor. Tal vez allá las cosas han cambiado, pero esto es América”.
Asegura que ponerle precio a una vida en Estados Unidos está mal.
“¿Cómo vas a ponerle valor a nuestros esfuerzos y a nuestro tiempo con solo $1,000? Eso no está bien”, dijo.
Valentina Rodríguez Martin, 46, Tampa
En 2016, Valentina Rodríguez Martin llegó desde Venezuela en busca de asilo político. Ocho años después, sigue esperando una audiencia.
Rodríguez es esposa y madre de dos. Vive en Citrus Park y trabaja los siete días de la semana haciendo entregas por medio de al menos cuatro aplicaciones móviles.
Rodríguez Martin, de 46 años, dice que vivir lejos de su país genera un gran estrés emocional y físico. Aun así, cree que la oferta de autodeportación no está dirigida a personas como ella.
“Para mí, esos $1,000 son una estrategia enfocada en quienes se quedaron sin opciones, personas que llegaron hace poco o no pueden sobrevivir aquí”, dijo. “Lo veo como una forma de facilitarte que te vayas porque básicamente te están dando el boleto de avión”.
Le preocupa que durante estos cuatro años el gobierno solo se enfoque en inmigración y no en mejorar la economía.
“Este país ha sido construido, en gran parte, por inmigrantes. Nosotros movemos las cosas hacia adelante”, dijo Rodríguez. “Todos queremos limpiar la casa, lo entiendo, todos estamos de acuerdo en eso. Pero las personas que trabajan duro deberían recibir apoyo”.
