Foto cortesía de la OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH
La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough ha solicitado al estado 490.000 dólares para ayudar en la aplicación de leyes de inmigración.
La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough solicita por primera vez al estado dinero para apoyar sus esfuerzos de control migratorio.
El 17 de diciembre, el gobernador Ron DeSantis y el Gabinete de Florida aprobaron 2,4 millones de dólares para 10 agencias policiales — la tercera vez que han aprobado fondos para cubrir los costos locales de la aplicación de leyes migratorias, elevando el total a 21 millones de dólares.
El dinero proviene de un programa de 250 millones de dólares creado durante una sesión especial sobre inmigración que DeSantis impulsó poco después de la investidura del presidente Donald Trump para ayudar a reembolsar a las agencias locales por su asistencia.
La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough fue aprobada para recibir 490.000 dólares del programa estatal de subvenciones locales para la aplicación de la ley en materia de inmigración, con el fin de cubrir camas de detención, bonificaciones para los agentes, horas extra y transporte.
La mayor parte de la solicitud — 320.000 dólares — se destinaría a pagar la detención de inmigrantes durante nueve meses.
El espacio en camas para inmigrantes sospechosos de encontrarse en el país de manera ilegal ha sido un desafío a nivel nacional.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional federal ha incrementado la capacidad de detención, esta sigue siendo limitada en Florida y en todo el país, dijo Anthony Coker, quien reemplazó a Larry Keefe como director ejecutivo de la Junta Estatal de Inmigración en octubre.
Hay alrededor de 72.000 personas sospechosas de estar en el país ilegalmente que se encuentran detenidas en todo el país, dijo Coker.
“Florida lo está haciendo de manera extraordinaria”, afirmó. “Somos una gran parte de esa cifra”.
Ahora, el programa estatal de subvenciones ofrece directrices específicas sobre cómo las agencias locales pueden obtener fondos y para qué pueden utilizarlos, incluidos entrenamiento y equipamiento. El programa será financiado cada año por la Legislatura.
A principios de este año, el Departamento de Policía de Tampa solicitó 430.000 dólares para delegar autoridad a agentes adicionales y cubrir horas extra de todo el personal que trabaja con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Las otras agencias que reciben una parte de los 2,4 millones de dólares solicitados también los están utilizando para actualizar equipos, incluidos escáneres de seguridad de cuerpo completo y traductores de idiomas con inteligencia artificial.
La Oficina del Sheriff del Condado de Martin solicitó fondos para gas pimienta, gafas protectoras, cascos y chalecos antibalas.
El Departamento de Correccionales del Condado de Volusia solicitó un sistema de escaneo de seguridad de cuerpo completo con un valor aproximado de 139.000 dólares para detectar contrabando y comprobar la presencia de fiebre que pudiera indicar posibles problemas de salud.
El Departamento de Policía de Havana, en el Condado de Gadsden, ha solicitado más de 257.000 dólares en fondos, principalmente para equipamiento que incluye traductores universales de idiomas con inteligencia artificial para ayudar a los agentes a comunicarse durante detenciones y “actividades centradas en inmigración”. El departamento presta servicio a una localidad de aproximadamente 2.000 residentes y no ha reportado ninguna detención relacionada con inmigración en la base de datos estatal de encuentros desde agosto.
El estado también quiere ver datos. El 17 de diciembre, DeSantis y el Gabinete aprobaron nuevas normas de recopilación de datos que exigen a las agencias policiales informar información específica sobre sus interacciones con personas sospechosas de encontrarse en el país ilegalmente. Esto incluiría si la agencia local llamó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cómo respondieron los funcionarios federales y el nombre y la información de contacto del empleador de la persona detenida.
