Según la ley federal, los hospitales que aceptan Medicaid están obligados a tratar las condiciones médicas de emergencia de cualquier persona, independientemente de su condición o capacidad de pago.
Pero un nuevo proyecto de ley de Florida que entró en vigencia el 1 de julio ha dejado a algunos inseguros de si esto seguirá siendo cierto.
El proyecto de ley, SB 1718, requiere que todos los hospitales que aceptan Medicaid le pregunten a cada paciente su estado migratorio al momento de la admisión.
Tres hospitales de Tampa Bay le dijeron al Times que la nueva ley y los resultados de la pregunta no afectarán negativamente a los pacientes ni los pondrán en peligro legal.
“La ley requiere que los hospitales hagan la pregunta y especifica que la respuesta de un paciente no debe afectar la atención del paciente”, dijo en un comunicado Mary Marandi, portavoz de BayCare, un sistema hospitalario que opera 16 centros alrededor de Tampa Bay. “BayCare continuará brindando atención compasiva y de alta calidad a cada paciente”.
Se requiere que los hospitales agreguen una pregunta a sus formularios de admisión de pacientes pidiendo a los encuestados que elijan entre "ciudadano”, “presente legalmente en los Estados Unidos”. y “presente ilegalmente en los EE. UU.” Los hospitales también deben incluir una declaración que informe a los pacientes que su respuesta “no afectará la atención del paciente ni resultará en un informe del estado migratorio del paciente a las autoridades de inmigración”.
El Johns Hopkins All Children's Hospital en St. Petersburg y el Tampa General Hospital se hicieron eco del sentimiento de BayCare.
“Si bien la nueva ley de Florida requiere que los hospitales pregunten sobre el estado legal de un paciente, el paciente/padre/tutor no está obligado a responder la pregunta para recibir servicios, y el paciente/padre/tutor puede negarse a responder la pregunta”, dijo All Children's dijo la portavoz Danielle Caci en un correo electrónico.
El portavoz de Tampa General, Phil Buck, dijo en un correo electrónico que el hospital cumplirá con la nueva ley, “mientras se asegura que la privacidad de nuestros pacientes esté protegida y cumpla con la ley federal”.
Los hospitales deben presentar informes trimestrales a la Agencia de Florida para la Administración de Atención Médica y un informe anual al gobernador y la Cámara y el Senado del estado. Los informes incluyen cuántas admisiones fueron de residentes legales e ilegales y el costo de la atención para pacientes indocumentados, pero no revelan los nombres de los pacientes.
Roxey Nelson, vicepresidenta ejecutiva de 1199SEIU, el sindicato de trabajadores de la salud más grande de Florida, que representa a más de 35,000 cuidadores, ha visto de manera anecdótica altos niveles de preocupación entre la comunidad inmigrante.
Grupos como 1199SEIU y los que se oponen al proyecto de ley creen que los pacientes indocumentados lo pensarán dos veces antes de recibir atención. A Nelson también le preocupa que la ley anime a los inmigrantes a esperar hasta el último momento posible para buscar atención, cuando es más costoso y la situación médica es más grave. Algunos inmigrantes se están yendo del estado debido al proyecto de ley, dijo.
“Creo que la ley y su implementación han sido muy poco claras”, dijo Nelson. “Pero el espíritu de lo que es la ley es a lo que la gente está reaccionando”.
La SB 1718 no solo requiere que los hospitales pregunten sobre el estatus migratorio, sino que introduce una amplia gama de cambios basados en la inmigración.
El proyecto de ley, respaldado por el gobernador Ron DeSantis, requiere que los empleadores con más de 25 trabajadores verifiquen el estatus migratorio legal de sus empleados o se arriesguen a recibir multas; invalida las licencias de conducir emitidas a inmigrantes ilegales en otros estados; y proporciona $12 millones a la controvertida iniciativa de reubicación de migrantes de DeSantis, entre otras medidas.
“El impacto que hemos visto es humano”, dijo Nelson. “Las personas que están en una situación en la que son indocumentados, están aterrorizadas. Sus familias están aterrorizadas, y algunos de ellos se están yendo. No saben qué hacer, no saben lo que significa, están luchando. Ese es el impacto que estamos viendo”.
