TALLAHASSEE — Con la aprobación del gobierno federal, la administración de DeSantis comenzó esta semana la construcción de un centro de detención para inmigrantes en una pista aérea ubicada en lo profundo de los Everglades, donde las personas atrapadas en las redadas de deportación del presidente Donald Trump serán alojadas en remolques y carpas “de alta resistencia” durante los días más calurosos del verano.
Con planes de abrir la instalación de 1,000 camas en cuestión de días, las autoridades estatales tomaron control del terreno ecológicamente sensible —propiedad del condado de Miami-Dade— y comenzaron a recibir camiones con baños portátiles y generadores industriales. Una empresa privada de manejo de emergencias también estuvo presente en el lugar, ayudando a establecer lo que los funcionarios estatales están llamando “Alligator Alcatraz”.
La construcción de esta instalación —rodeada de humedales llenos de caimanes, serpientes y mosquitos— representa una nueva y más amplia estrategia en el impulso de Florida por ampliar su capacidad de hacer cumplir las leyes migratorias, así como una estrategia visual dura para disuadir a los migrantes de ingresar a Estados Unidos.
El gobernador Ron DeSantis y su gabinete han presionado durante meses al gobierno federal para obtener mayor autonomía en la detención, alojamiento y deportación de inmigrantes, posicionando a Florida como el estado con la postura más agresiva del país respecto a la inmigración ilegal. Florida operará esta instalación con un costo anual estimado de 450 millones de dólares, con la posibilidad de solicitar reembolso al gobierno federal, según declaró un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional al Miami Herald el lunes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el centro de detención estatal será una forma “rentable e innovadora” de implementar la agenda migratoria de Trump. Según investigadores de la Universidad de Syracuse en TRAC, había 56,000 inmigrantes detenidos bajo custodia federal a mediados de junio.
“Ampliaremos las instalaciones y el número de camas en solo unos días, gracias a nuestra alianza con Florida”, dijo Noem en un comunicado al Miami Herald.
El Programa de Refugio y Servicios de FEMA ha reservado 625 millones de dólares para financiar el esfuerzo estatal, indicó el alto funcionario. La administración anterior utilizó este programa para ayudar a gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro a alojar, alimentar y transportar a inmigrantes liberados y procesados por el Departamento de Seguridad Nacional.
Noem declaró que el programa —el cual Trump afirmó falsamente que dejó sin fondos a FEMA bajo la presidencia de Joe Biden— fue utilizado anteriormente como una “caja chica para gastar cientos de millones de dólares del contribuyente estadounidense para alojar a extranjeros ilegales”.
La Casa Blanca remitió al Herald al Departamento de Seguridad Nacional. La División de Manejo de Emergencias de Florida, que supervisa la operación de la instalación, no respondió de inmediato a las preguntas sobre quién está siendo contratado para construir el centro ni otros detalles sobre permisos ambientales y costos.
No está claro cuán extensa será la operación de construcción. Pero contratistas estatales estaban en el lugar desde el domingo por la tarde, listos para comenzar la construcción el lunes.
“Estará operativa la primera semana de julio”, declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una entrevista el lunes con Benny Johnson, una personalidad conservadora de redes sociales. “Tendremos algo de infraestructura ligera, muchas instalaciones en carpas de alta resistencia y remolques. No necesitamos construir mucha infraestructura de concreto”.
Empresas y funcionarios estatales ingresaron a la propiedad del condado de Miami-Dade, usando poderes de emergencia otorgados al gobernador bajo un estado de emergencia declarado en 2023 por inmigración ilegal.
Según la ley de Florida, el gobernador tiene la autoridad de tomar posesión o usar cualquier propiedad privada si se considera necesaria para “enfrentar” una emergencia.
Funcionarios estatales y del condado están negociando la compra de la propiedad, que se encuentra en la frontera entre los condados de Miami-Dade y Collier. El estado ofreció pagar 20 millones de dólares por el terreno. Dos tasaciones del condado con fecha del 25 de mayo valoraron el terreno dentro de la Reserva Nacional Big Cypress en 195 millones de dólares combinados.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, demócrata, ha manifestado su preocupación a funcionarios estatales sobre el desarrollo del terreno, señalando que cualquier modificación en el lugar debería requerir “una revisión considerable y el debido análisis”.
En una carta enviada el lunes al director de la División de Manejo de Emergencias, Kevin Guthrie, Levine Cava señaló que es “imperativo comprender plenamente el alcance y escala del uso propuesto del sitio y lo que se desarrollará, ya que los impactos en el ecosistema de los Everglades podrían ser devastadores”.
Alex Howard, exvocero del Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Biden, describió la instalación en los Everglades como “el pequeño Guantánamo de DeSantis en el pantano”.
“Convertir los Everglades en un campo de detención financiado por los contribuyentes para migrantes es una mezcla grotesca de crueldad y espectáculo político. No se resuelve la inmigración desapareciendo a la gente en carpas custodiadas por caimanes. Se resuelve con procesamiento legal, infraestructura humana y políticas reales, no montando un espectáculo de 450 millones de dólares en plena temporada de huracanes”, dijo.
Betty Osceola, miembro de la tribu Miccosukee y una de las organizadoras de la protesta del domingo contra el centro de detención, señaló que ese día —pocos días después de que Uthmeier anunciara su intención de ocupar el terreno— las puertas de la instalación estaban cerradas por primera vez que ella recuerda.
Mientras los manifestantes coreaban consignas y agitaban pancartas con frases como “ICE se derrite en los Everglades”, observaron una corriente constante de camionetas SUV y furgonetas Sprinter con vidrios polarizados entrando a la propiedad.
En el terreno, cerca de la única pista de aterrizaje, dijo haber visto generadores y paneles solares.
“¿Cómo es posible que no haya nada firmado oficialmente, pero ya se estén instalando?”, preguntó. “Es muy preocupante. La velocidad con la que están ocurriendo las cosas y el secretismo con el que lo están haciendo”.
