Por ARIANA FIGUEROA
WASHINGTON — El jueves marca el 11° aniversario de un programa que se creó durante la administración de Obama para proteger temporalmente a los niños indocumentados de la deportación.
Pero la inacción del Congreso y los desafíos legales han llevado a más de una década de limbo para las 600.000 personas inscritas, sin un final a la vista. A menudo se les llama “Dreamers”, en base a una legislación nunca aprobada en el Congreso llamada Dream Act.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que estaba destinado a ser un recurso provisional, ahora es la única herramienta que protege a los que fueron traídos a los EE. UU. como niños de la deportación. Un caso judicial pendiente fuera de Texas determinará si DACA es legal y qué sucederá a continuación.
“Es un poco como una patada en el estómago”, dijo Salma Vizcaino García, una beneficiaria de DACA de 25 años que vive en Ellenwood, Georgia, sobre el caso judicial.
Vizcaíno García, quien se está preparando para postularse a la escuela de medicina, dijo que ella y muchos beneficiarios de DACA no tienen esperanzas sobre el resultado del caso de Texas. Ella dijo que está enfocando sus esfuerzos en la defensa y educando a las personas sobre el programa.
Ella dijo que espera que, a través de la acción colectiva, suficientes personas insten a los legisladores estatales y federales a crear un camino permanente hacia la ciudadanía.
“Realmente soy de la opinión de que si pudiera hablar con todas las personas que estaban en contra de nosotros, podría hacerlos cambiar de opinión”, dijo. “Solo somos personas normales. Solo estamos tratando de vivir nuestras vidas”.
Estancado en el Congreso
Durante más de dos décadas, el Congreso ha intentado sin éxito aprobar una reforma migratoria.
Con el actual Congreso dividido, la única legislación bipartidista reciente es de seis legisladores de la Cámara de Representantes de los EE. UU. denominada Ley de Dignidad. El proyecto de ley no aborda específicamente a los beneficiarios de DACA, pero tiene como objetivo crear un camino legal hacia la ciudadanía para los más de 11 millones de personas indocumentadas estimadas en el país.
Si el proyecto de ley logra aprobar la Cámara en una votación bipartidista, aún necesitaría alcanzar el umbral de 60 votos en el Senado. La última vez que el Congreso aprobó una legislación importante sobre inmigración fue durante la administración Reagan en 1986.
Un caso en Texas amenaza la legalidad del programa DACA, lo que llevó a los defensores y abogados de inmigración a presionar a la administración de Biden para que ejerza su autoridad para usar la Salida Forzada Diferida, que no es un estado migratorio específico, pero permite que las personas cubiertas estén exentas de deportación por un cierto período de tiempo.
Es probable que el desafío de Texas llegue a la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora. Es probable que se tome una decisión en la primavera de 2024 o más tarde.
El presidente Joe Biden emitió una declaración de DACA el jueves instando al Congreso a actuar.
“Si bien el vicepresidente Harris y yo continuaremos luchando para aprobar leyes que protejan a los Dreamers y creen un camino hacia la ciudadanía, solo el Congreso puede brindar una estabilidad permanente y duradera para estos jóvenes y sus familias”, dijo Biden. “El Congreso debe actuar para proteger a nuestros soñadores”.
El jueves por la noche, la Casa Blanca realizará una proyección con beneficiarios de DACA y defensores de la inmigración de la película "Flamin' Hot", el debut como directora de la actriz latina Eva Longoria que cuenta la legendaria historia de origen de "Flamin' Hot Cheetos", un popular merienda en la comunidad latina. El L.A. Times ha desacreditado la historia, pero sigue siendo una historia popular de la pobreza a la riqueza.
“La administración de Biden-Harris continúa su esfuerzo por animar e involucrar a la comunidad latina mostrando sus historias y celebrando sus contribuciones a nuestro país”, dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa.
‘Incógnitas e incertidumbre’
Jaime Rangel fue parte de la primera ola de solicitantes de DACA cuando se creó el programa. Había mucha aprensión acerca de la solicitud, pero finalmente envió su certificado de estudios secundarios y pasó por una verificación de antecedentes para inscribirse.
“Había muchas incógnitas e incertidumbre, pero lo hicimos porque me brindó la oportunidad de tener una presencia legal en el país”, dijo Rangel. “Era mejor que estar en las sombras”.
Rangel, quien es el director de relaciones gubernamentales regionales de un grupo de cabildeo a favor de la inmigración llamado FWD.us, argumenta que los beneficiarios de DACA están en todas las industrias de los E.E.U.U. y que la nación sentiría el efecto de una pérdida inmediata de cientos de miles de empleados.
En su estado natal de Georgia, hay alrededor de 20,000 beneficiarios de DACA que aportan $100 millones en impuestos estatales y locales. Los beneficiarios de DACA contribuyen con más de $1,200 millones al año en impuestos federales, estatales y locales, según el Instituto de Política Fiscal y Económica, una organización de política fiscal no partidista.
Receptor de DACA durante más de una década, Rangel ahora tiene 32 años y está casado con otro beneficiario de DACA. Tienen un hijo de 3 años.
“Es genial que podamos celebrar 11 años, como beneficiarios de DACA, celebrando nuestras contribuciones a este país, celebrando todo lo que hemos logrado en 11 años. Pero al mismo tiempo, no podemos limitarnos a celebrar un programa que finalmente terminará y desaparecerá”, dijo sobre el caso judicial de Texas. “Necesitamos que el Congreso actúe”.
Lo más cerca que estuvo el Congreso de una reforma migratoria bipartidista fue en 2013, cuando la “Banda de los Ocho”, compuesta por cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas, elaboró un proyecto de ley que crearía un camino hacia la ciudadanía para millones de personas indocumentadas. Se aprobó en el Senado, pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, nunca lo llevó a votación.
A pesar de la lucha por mantener DACA, muchos expertos en políticas de inmigración han dicho que el programa está obsoleto porque ahora hay miles de jóvenes indocumentados que no son elegibles para el programa, algunos porque aún no habían nacido. Para calificar, un joven indocumentado debe haber residido continuamente en los E.E.U.U. desde el 2007.
“La continua inacción del Congreso ha llevado a múltiples desafíos judiciales a DACA, lo que puso a los beneficiarios de DACA y a los jóvenes elegibles para DACA en el limbo”, dijo en un comunicado Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de defensa federal de United We Dream.
United We Dream es uno de los grupos de defensa liderados por jóvenes inmigrantes más grandes.
Macedo do Nascimento dijo que debido a que el programa está desactualizado, ha llevado a más de 100,000 graduados de secundaria indocumentados que no podrán calificar para DACA.
Caso de Texas
El mismo juez federal que dictaminó en el 2021 que el programa creado por la administración de Obama era ilegal, impidiendo cualquier nueva aplicación, continúa presidiendo el caso.
Se estima que hay 95,000 solicitantes que están bloqueados debido a la orden de un juez que bloquea la aceptación de nuevos solicitantes, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de E.E.U.U.
Además, se estima que hay 400,000 jóvenes indocumentados elegibles que no pueden cumplir con los requisitos de elegibilidad de DACA porque llegaron a los E.E.U.U. demasiado recientemente, según la investigación de FWD.us.
El juez federal de distrito Andrew Hanen inicialmente determinó que el programa era ilegal porque la administración de Obama no siguió los procedimientos normativos adecuados cuando creó el programa en el 2012 a través de un memorando.
El Departamento de Justicia apeló el caso y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos en Nueva Orleans se puso del lado de Hanen. Pero debido a que la administración de Biden estaba presentando una nueva regulación de DACA para reemplazar el memorando de la era de Obama que entraría en vigencia en octubre, la corte de apelaciones decidió que el caso debería devolverse a Hanen.
El 1 de junio, Hanen escuchó argumentos orales sobre si la nueva regla de la administración Biden, que es casi idéntica al memorando que crea DACA, es legal.
El memorando de la era de Obama está siendo cuestionado por nueve estados liderados por republicanos que argumentan que la Casa Blanca se extralimitó al crear un programa que debería haberse dejado en manos del Congreso. Esos nueve estados también argumentan que bajo la administración de Biden, se vieron perjudicados financieramente al incurrir en costos para la atención médica y la educación de los beneficiarios de DACA.
Esos estados son Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur, Texas y Virginia Occidental.
Este caso de Texas no es la primera vez que se cuestiona el programa DACA. En 2017, la administración Trump también intentó poner fin al programa. Tres años después, la Corte Suprema dictaminó en una decisión de 5 a 4 que la Casa Blanca puso fin de manera inapropiada a DACA, manteniéndolo en su lugar.
