WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a permitir el 3 de octubre que la administración Trump eliminara las protecciones temporales para más de 300,000 venezolanos, dejándolos expuestos a deportaciones rápidas mientras el presidente continúa con sus planes de deportaciones masivas.
Los jueces conservadores aprobaron, con una votación de 6 a 3, la solicitud del presidente Donald Trump presentada el mes pasado para suspender el fallo de una jueza federal que había determinado que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, carecía de autoridad para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a cientos de miles de inmigrantes venezolanos bajo la administración Biden.
Las tres juezas liberales se alinearon con el tribunal inferior, y la jueza Ketanji Brown Jackson escribió una disidencia frente a la mayoría conservadora de la Corte Suprema. Criticó el uso del llamado “expediente de emergencia” o shadow docket, que permite a los jueces evitar explicar sus razonamientos en decisiones tomadas bajo procedimientos de urgencia.
“Una vez más usamos nuestro poder equitativo (pero no nuestra capacidad de redactar opiniones) para permitir que esta Administración perturbe tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”, escribió Jackson.
Los jueces conservadores no explicaron su razonamiento, pero afirmaron que los daños enfrentados por la administración Trump permanecen iguales a los de cuando el caso fue presentado por primera vez ante el alto tribunal en mayo.
Jackson señaló que no solo los tribunales inferiores actuaron correctamente al bloquear la eliminación de las protecciones del TPS para limitar el daño, sino que además la Corte Suprema debería haber rechazado la solicitud de emergencia presentada por la administración Trump.
“Habiendo optado en cambio por involucrarse, la Corte evidentemente juzga mal los factores de daño irreparable y equilibrio de equidades al privilegiar la simple afirmación de un poder ejecutivo sin restricciones sobre las súplicas de estabilidad de innumerables familias a las que nuestro Gobierno les ha prometido protección”, escribió Jackson.
“Porque, con respeto, no puedo aceptar nuestra repetida, gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en los tribunales inferiores mientras las vidas penden de un hilo, disiento”, añadió.
La demanda en el Distrito Norte de California continuará a pesar del fallo de emergencia emitido el viernes por el alto tribunal.
El Procurador General de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó que Noem tenía la autoridad para revocar las protecciones extendidas otorgadas inicialmente a los venezolanos bajo la administración Biden.
El expresidente Joe Biden había concedido TPS a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos en 2021 y 2023. Esas protecciones estaban previstas para durar hasta octubre de 2026.
El TPS se concede cuando el país de origen de un nacional se considera demasiado peligroso para regresar debido a la violencia, la inestabilidad política o desastres naturales extremos. Se renueva cada 18 meses y protege a los inmigrantes de la deportación, además de permitirles acceder a permisos de trabajo.
Esta es la segunda vez que la administración Trump apela ante la Corte Suprema para poner fin a las protecciones del TPS para los venezolanos. A fines de mayo, el tribunal ya había despejado el camino para que la administración Trump suspendiera temporalmente el TPS para más de 300,000 venezolanos mientras el caso continuaba en tribunales inferiores.
