WASHINGTON — La administración Trump apeló el martes la orden de un juez federal que exige al Departamento de Estado restaurar los contratos a organizaciones sin fines de lucro que ayudan en el reasentamiento de refugiados.
En una orden escrita emitida tarde el lunes, el juez del Distrito de los Estados Unidos Jamal Whitehead, del Distrito Oeste de Washington, encontró que el departamento canceló ilegalmente los contratos a la organización, diciendo que la gestión del programa de reasentamiento de refugiados por parte del poder ejecutivo no se extendía a una orden que prácticamente lo eliminaba.
“Si bien el Gobierno tiene una discreción significativa en la administración del (Programa de Admisiones de Refugiados de EE. UU.), esa discreción no se extiende a abandonar las obligaciones legales ni a hacer que el programa sea efectivamente inoperativo,” dijo Whitehead, quien fue designado por el presidente Joe Biden, en la orden.
Whitehead dio al gobierno hasta el 31 de marzo para presentar un informe que demuestre que está cumpliendo con la orden.
El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una apelación el lunes que será escuchada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos.
Melissa Keaney, la abogada principal del International Refugee Assistance Project, el grupo que representa a la organización religiosa que impugna las cancelaciones, dijo en un comunicado que "es hora de que el gobierno cumpla con sus obligaciones morales y legales restaurando por completo la financiación y el acceso a este programa que salva vidas."
“El tribunal ha sido claro una vez más,” dijo. “Los esfuerzos del gobierno para desmantelar el sistema de reasentamiento de refugiados son ilegales y están perjudicando a los refugiados cuyas vidas han sido arrojadas al limbo.”
La orden escrita sigue a la verbal
La orden de restricción adicional llegó después de que el Departamento de Estado parecía ignorar una orden verbal de restricción que Whitehead había otorgado desde el banco el mes pasado, ordenando a la administración Trump restaurar los servicios de procesamiento de refugiados.
El departamento terminó sus contratos con varios grupos religiosos que brindaban servicios a refugiados justo un día después de la orden verbal de Whitehead.
La demanda fue presentada por el International Refugee Assistance Project en nombre de Church World Service, Lutheran Community Services Northwest y Hebrew Immigrant Aid Society, o HIAS. La demanda también incluye a nueve individuos afectados por la pausa en los servicios, como refugiados cuyos vuelos de reasentamiento fueron cancelados, un patrocinador local de refugiados y familias que intentan reunirse.
La demanda proviene de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspendió el Programa de Admisiones de Refugiados de EE. UU., así como de la retención de fondos aprobados por el Congreso para esos servicios.
Esa orden instruyó a los funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. a presentar un informe cada 90 días a la Casa Blanca sobre el reasentamiento de refugiados. A partir de ese informe, el presidente determinará si el reasentamiento de refugiados está “en los intereses de los Estados Unidos.”
