Una jueza federal en Boston ha ordenado a la administración Trump que restituya el estatus legal de los inmigrantes que utilizaron la aplicación CBP One para ingresar a los EE. UU. a través de la frontera sur.
La decisión de la jueza Allison D. Burroughs, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts —nombrada por el expresidente Barack Obama en 2014—, establece en una opinión de 25 páginas que el Departamento de Justicia excedió su autoridad y contradijo los procedimientos establecidos en sus propias regulaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional criticó la orden, calificándola de "flagrante activismo judicial", en un comunicado enviado al Tampa Bay Times.
"La administración Biden abusó de la autoridad de ‘parole’ (libertad condicional) bajo el desastroso programa CBP One para permitir el ingreso de millones de extranjeros ilegales a los EE. UU., lo cual avivó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de los Estados Unidos", rezaba el comunicado.
"Según la ley federal, el DHS tenía plena autoridad para revocar el ‘parole’. La cancelación de estos ‘paroles’ es una promesa cumplida al pueblo estadounidense para asegurar nuestras fronteras y proteger nuestra seguridad nacional".
Introducida durante la administración Biden, la aplicación CBP One ayudaba a los migrantes a programar citas en los puertos de entrada para su procesamiento.
La orden de Burroughs protege a las personas que obtuvieron autorización para ingresar y permanecer en el país a través del programa CBP One, y cuyos casos de asilo permanecen activos mientras sus solicitudes son tramitadas en los tribunales de inmigración. Es probable que la decisión sea apelada.
[ JUAN C. CHAVEZ | DHS X ]
Como parte del ‘Proyecto Regreso a Casa’ (Project Homecoming), las autoridades federales tomaron la aplicación CBP One —una herramienta utilizada durante la administración del presidente Joe Biden para gestionar la llegada de más de un millón de inmigrantes— y la transformaron en una nueva herramienta denominada CBP Home.
La orden se aplica a las personas que utilizaron CBP One entre mayo de 2023 y enero de 2025, y que permanecen en los Estados Unidos. Más de 900,000 inmigrantes utilizaron CBP One, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
Estos obtuvieron permisos de trabajo y recibieron autorización para permanecer en el país por un periodo de hasta dos años. El Departamento de Seguridad Nacional canceló la aplicación el año pasado e introdujo una nueva, llamada CBP Home, en un esfuerzo por reducir la inmigración.
La nueva aplicación cuenta con una función de auto deportación, la cual permite a los inmigrantes que residen en los Estados Unidos sin un estatus legal permanente iniciar el proceso para abandonar el país de manera voluntaria.
“Úsela ahora, o será localizado y deportado sin ninguna posibilidad de regresar”, publicó la agencia en X. La administración Trump también lanzó una masiva campaña publicitaria global, con un costo de 200 millones de dólares, instando a dichos inmigrantes a marcharse.
El Departamento de Seguridad Nacional declaró que los inmigrantes que utilicen la aplicación CBP Home tendrán una prioridad reducida para ser detenidos por las autoridades de control migratorio y recibirán asistencia para el viaje.
El año pasado, dicha asistencia ascendía a 1.000 dólares; en diciembre, la suma aumentó a 3.000 dólares; y, más recientemente, se ajustó a 2.600 dólares. Además de la ayuda económica, a cada persona deportada se le ofrece “la posibilidad de que algún día pueda regresar legalmente a los Estados Unidos”, según informó el departamento.
Sin embargo, varios inmigrantes entrevistados por el Tampa Bay Times afirmaron haber optado por la auto deportación sin haber recibido nunca el dinero prometido.
Diversos activistas y organizaciones sin fines de lucro también cuestionaron la oferta, señalando que el gobierno no ha explicado con claridad cómo opera este programa dentro del sistema migratorio.
No existen datos oficiales sobre cuántos inmigrantes han abandonado el país bajo el programa CBP Home. No obstante, un análisis de datos federales realizado por el ‘New York Times’ revela que cerca de 40.000 personas regresaron a sus países de origen tras inscribirse para ‘auto deportarse’.
El fallo judicial se produjo después de que el grupo de defensa de derechos ‘Venezuelan Association of Massachusetts’ (VAM) presentara, el pasado mes de agosto, una demanda colectiva junto con tres migrantes procedentes de Venezuela, Cuba y Haití.
Los demandantes argumentaron que la cancelación del estatus migratorio de estas personas no solo es ilegal, sino que también debilita a las comunidades y socava la confianza en el sistema judicial.
“Esta decisión beneficia a miles de personas, incluidos más de 20.000 miembros de VAM que cumplieron con las normas”, declaró el grupo en un comunicado. “La justicia ha respondido. Juntos somos más fuertes”.
