La administración Trump anunció este lunes la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua y Honduras, cerrando un capítulo de más de un cuarto de siglo de protección migratoria para decenas de miles de los ciudadanos centroamericanos. La decisión fue oficializada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se hará efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal, es decir, a partir del 5 de septiembre de 2025.
En cuanto a Honduras, la secretaria Kristi Noem afirmó: “El Estatus de Protección Temporal fue concebido precisamente como una medida temporal”. Y añadió: “Es evidente que el Gobierno de Honduras ha adoptado todas las medidas necesarias para superar los impactos del huracán Mitch, ocurrido hace casi 27 años”, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional.
La secretaria Noem determinó que Honduras ya no reúne las condiciones excepcionales que justificaban la permanencia del Estatus de Protección Temporal. Esta conclusión se basó en una evaluación técnica del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, realizada en coordinación con el Departamento de Estado. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la situación en el país ha mejorado de manera suficiente como para permitir el regreso seguro de sus ciudadanos.
Respecto a Nicaragua, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el Estatus de Protección Temporal nunca fue concebido para extenderse durante más de dos décadas. La agencia argumentó que los efectos del desastre natural de 1999 ya no están presentes y que las condiciones ambientales han mejorado lo suficiente como para permitir el retorno seguro de sus ciudadanos. Según el DHS, esta decisión busca preservar el carácter excepcional y limitado en el tiempo del programa, así como fortalecer la integridad del sistema migratorio.
Noem, concluyó —tras consultar con agencias federales y socios interinstitucionales— que las condiciones en ese país ya no cumplen con los requisitos legales para mantener la designación de TPS. Su decisión se basó en un análisis realizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), así como en una revisión conjunta con el Departamento de Estado. Según esa evaluación, la situación general en Nicaragua habría mejorado al punto de permitir el retorno seguro de sus ciudadanos.
Incentivos para el retorno voluntario
Las autoridades federales están promoviendo el uso de la aplicación CBP Home, de Aduanas y Protección Fronteriza, para que los beneficiarios reporten su salida del país. Quienes opten por el retorno voluntario podrán recibir un boleto aéreo gratuito, un bono de salida de 1.000 dólares y conservar posibles oportunidades futuras de inmigración legal a Estados Unidos.
Actualmente, se estima que el TPS beneficia a unos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, muchos de los cuales han vivido legalmente en el país durante más de dos décadas. Varios han formado familias, desarrollado carreras profesionales y contribuido a la economía local.
Preocupaciones en la comunidad migrante
La medida ha generado inquietud entre activistas, abogados de inmigración y líderes comunitarios. En el caso de Nicaragua, varias organizaciones han advertido que persisten condiciones represivas y una grave crisis institucional, lo cual haría inseguro el retorno para muchos beneficiarios. En Honduras, aunque se reconoce una mejora parcial, aún se reportan altos niveles de violencia e inseguridad.
Calendario legal y posibles extensiones
Si bien el DHS indicó que el TPS expiraba el 5 de julio de 2025, la rescisión solo será válida 60 días después de su publicación formal en el Registro Federal, lo cual implicaría que la protección debería finalizar para septiembre de 2025, a menos que un tribunal ordene lo contrario.
Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse informados y consultar con asesores legales para explorar alternativas migratorias viables. Mientras tanto, los plazos avanzan, y el futuro de miles de familias pende de una decisión que ya ha sido tomada.
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