Al menos 50 venezolanos que fueron deportados y enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador llegaron legalmente a Estados Unidos y nunca violaron las leyes migratorias, según un nuevo análisis del Instituto Cato, un centro de estudios libertario.
El informe recopiló testimonios familiares, documentos de entrada y declaraciones de testigos para determinar cómo ingresaron al país y qué pudo haber motivado su detención.
“El gobierno los llama a todos ‘extranjeros ilegales’. Pero de los 90 casos en los que se conoce el método de ingreso, 50 hombres informaron que llegaron legalmente a Estados Unidos, con permiso previo del gobierno estadounidense, por un cruce fronterizo oficial”, afirma el estudio.
Más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador en marzo tras una ola de detenciones y órdenes ejecutivas sobre inmigración. Desde entonces, no han tenido acceso a abogados ni posibilidad de comunicarse con sus familias.
Los registros revisados incluyen a un titular de visa temporal y a cuatro hombres autorizados a viajar a través del programa de refugiados del gobierno estadounidense. Al menos 45 programaron citas usando la aplicación CBP One, que les permitió solicitar entrada al país. De esos, 24 recibieron un permiso para ingresar y permanecer en EE.UU. hasta por dos años, mientras que los otros 21 fueron detenidos en el puerto de entrada, según el estudio.
Los venezolanos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad con capacidad para albergar hasta 40.000 personas. Eran obreros de construcción, instaladores de tuberías, cocineros, repartidores, un entrenador de fútbol, una maquilladora, un mecánico, un veterinario, un músico y un emprendedor, de acuerdo con el informe.
David Bier, director de Estudios de Inmigración en el Instituto Cato y autor del análisis, señaló que los hallazgos revelan un objetivo más amplio, no solo dirigido a la inmigración ilegal, sino a reducir la inmigración en general.
“Esto representa una grave amenaza a los derechos de los no ciudadanos en Estados Unidos”, dijo Bier. “Y puede cambiar para siempre la forma en que el mundo percibe a Estados Unidos: ya no como la tierra de la libertad y el estado de derecho, sino como un país de detenciones arbitrarias al antojo de su líder, como Rusia o Corea del Norte.”
Los venezolanos fueron deportados bajo la autoridad de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una disposición de tiempos de guerra del siglo XVIII. Las detenciones están vinculadas a sospechas de afiliación a pandillas, aunque el origen de esas sospechas genera preocupaciones.
Funcionarios de inmigración los marcaron como presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua basándose en tatuajes y un sistema de puntos, según una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra la administración de Donald Trump.
El informe del Instituto Cato encontró que 42 fueron etiquetados como pandilleros principalmente por sus tatuajes, “los cuales no son utilizados por las pandillas venezolanas para identificar a sus miembros y no son indicadores confiables de pertenencia”.
“Todos estos inmigrantes legales negaron pertenecer a pandillas, y solo dos parecían tener condenas penales en Estados Unidos, ambas por delitos menores relacionados con drogas”, escribió el Cato en su informe.
J. Tony López, abogado de inmigración en Tampa, señaló que una vez se lleva a cabo una deportación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) suele negarse a compartir más detalles, dejando a las familias sin claridad sobre el paradero o la situación de sus seres queridos.
Dos mujeres en Tampa no han podido obtener información sobre sus parejas venezolanas deportadas. Una de ellas, Liyanara Sánchez, reconoció a su esposo, Frengel Reyes Mota, en un video transmitido hace dos semanas por One America News Network. Es su única prueba de que está vivo. La otra mujer, Angela Leal, no ha recibido ninguna noticia sobre su novio, Luis Carlos José Marcano.
