WASHINGTON — Abogados de inmigración detallaron el lunes el impacto en sus clientes, algunos de ellos niños indocumentados, después de que la administración Trump suspendiera la semana pasada los programas del Departamento de Justicia que financian a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios legales a inmigrantes.
Mientras tanto, durante el fin de semana, el gobierno federal comenzó a cumplir de manera más contundente la promesa de campaña del presidente Donald Trump de una represión migratoria. Se llevaron a cabo redadas de inmigración ampliamente publicitadas en todo el país, que incluyeron casi 1,000 arrestos, y el presidente estuvo a punto de entrar en una guerra comercial con Colombia por el uso de aviones militares en vuelos de deportación.
"Esta administración ha dejado muy claro que quiere deportar en masa a tantas personas como sea posible", dijo Michael Lukens, del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, durante una conferencia de prensa con periodistas sobre los programas del Departamento de Justicia que han dejado de recibir fondos.
El miércoles, los abogados de inmigración del Centro Acacia para la Justicia recibieron un correo electrónico sobre una pausa temporal en cuatro de sus programas financiados por el Departamento de Justicia: el Programa de Orientación Legal, la Ayuda en los Tribunales de Inmigración, el Programa de Orientación Legal para Grupos Familiares y la Iniciativa de Abogados para Niños. El Centro Acacia para la Justicia es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales a inmigrantes en riesgo de detención o deportación.
"La deportación masiva comienza con la detención masiva, y si aumentan los números de detenciones y no hay nadie para ayudar, básicamente estás estableciendo sitios clandestinos en todo el país donde no hay estado de derecho, ni transparencia ni rendición de cuentas, y esto es simplemente inaceptable", dijo Lukens.
Estos proveedores de servicios legales ayudan a los inmigrantes a navegar por los procedimientos judiciales de inmigración y el papeleo, pero no son abogados personales, ya que la ley de Estados Unidos no garantiza un abogado para los inmigrantes.
No es la primera vez que una administración Trump intenta prohibir los servicios legales para inmigrantes, dijo Azadeh Erfani del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes en Chicago. La primera administración Trump lo hizo en 2018 y eventualmente fue demandada.
"La administración Trump está invitando a otra demanda que la comunidad de proveedores de servicios legales presentará inminentemente", dijo Erfani. "Es simplemente inconcebible dejar de financiar estos servicios en un momento en el que la administración está llevando a cabo redadas masivas y aumentando aún más el atraso en los tribunales de inmigración, que ya se acerca a los 4 millones de personas".
Proliferación de demandas
La suspensión de los fondos para estos servicios legales es la última de varias decisiones migratorias de la administración Trump.
Muchas de las nuevas políticas de Trump han enfrentado una rápida respuesta legal.
Fiscales generales estatales han demandado por una orden ejecutiva que pone fin al derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento, y el lunes, una coalición de cuáqueros demandó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por su nueva guía que permite la aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles, incluidos los lugares de culto.
En Tucker, Georgia, un hombre fue arrestado por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras asistía a un servicio religioso, dijo un pastor a CNN.
Arrestos en Chicago
El domingo, funcionarios de ICE dijeron en un comunicado que comenzaron "a realizar operaciones específicas mejoradas hoy en Chicago para hacer cumplir la ley de inmigración de Estados Unidos y preservar la seguridad pública y la seguridad nacional al mantener fuera de nuestras comunidades a posibles extranjeros criminales peligrosos".
ICE dijo que realizó 956 arrestos el domingo, pero no especificó los lugares donde ocurrieron los arrestos ni si las personas arrestadas ya tenían órdenes de remoción emitidas por los tribunales.
ICE no respondió a la solicitud de más información de States Newsroom con respecto a las redadas.
El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, estuvo en Chicago supervisando la aplicación de la ley por parte de ICE.
"Estas redadas continuarán en todo el país, no vamos a aflojar", dijo Homan el lunes en Fox News. "Pusimos el pie en el acelerador y seguiremos".
Phil McGraw, también conocido como la personalidad de televisión Dr. Phil, quien no es un oficial de la ley ni un médico, acompañó a Homan en los arrestos en Chicago. En un video, se ve a McGraw preguntando a un hombre arrestado si es ciudadano estadounidense y dónde nació.
Se espera que Homan trabaje estrechamente con la exgobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. El Senado de Estados Unidos confirmó el sábado a Noem para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
"Una de mis principales prioridades es cumplir con el mandato del presidente Trump otorgado por el pueblo estadounidense de asegurar nuestra frontera sur y arreglar nuestro sistema de inmigración roto", dijo Noem en un comunicado tras su confirmación.
Esa aplicación puede incluir la participación de varias agencias dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El exsecretario interino del DHS, Benjamine Huffman, amplió la semana pasada las capacidades de aplicación de la ley de inmigración al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
También se reportaron operaciones de aplicación de la ley de inmigración durante el fin de semana en Denver, Colorado; Atlanta, Georgia; Puerto Rico; y Austin, Texas.
Disputa por aranceles
El domingo, Trump se abstuvo de imponer aranceles a los productos de Colombia, después de que el presidente colombiano Gustavo Petro acordara aceptar a los nacionales deportados. El tema era el uso de aviones militares para devolver a los nacionales colombianos y el trato a esas personas, escribió Petro en redes sociales.
"Estados Unidos debe establecer un protocolo para el trato digno de los migrantes antes de que los recibamos", escribió.
Trump amenazó con imponer un arancel del 25 % —que aumentaría al 50 % después de una semana— a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Colombia. Trump también dijo que implementaría una prohibición de viajes y revocaría visas de funcionarios del gobierno colombiano.
"Estas medidas son solo el comienzo", escribió Trump en redes sociales. "No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y el regreso de los criminales que forzaron a entrar en los Estados Unidos".
El domingo por la noche, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que el gobierno colombiano había aceptado recibir a los nacionales deportados en aviones militares.
"Con base en este acuerdo, los aranceles y sanciones totalmente redactados bajo la IEEPA se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo", dijo Leavitt. "Las sanciones de visa emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones mejoradas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza permanecerán en vigor hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombianos".
