WASHINGTON — La principal demócrata en el panel del Comité de Apropiaciones del Senado de EE. UU. arremetió el jueves contra la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, por la gestión de los fondos de su agencia y la política de inmigración de la administración Trump.
El senador Chris Murphy advirtió a Noem que el DHS corre el riesgo de quedarse sin los 65 mil millones de dólares de su presupuesto para julio, dos meses antes del final del año fiscal, y por lo tanto, de desencadenar la Ley Antideficiencia, una ley federal que prohíbe a las agencias gubernamentales gastar fondos por encima de lo que se les asigna.
“Su departamento está fuera de control”, le dijo el demócrata de Connecticut a Noem. “Se está quedando sin dinero”.
Noem, quien compareció ante el Subcomité de Apropiaciones del Senado sobre Seguridad Nacional, también fue interpelada por los demócratas sobre el caso de alto perfil de un hombre de Maryland deportado erróneamente, quien fue enviado en marzo a una prisión notoria en El Salvador.
La propuesta de presupuesto “delgada” de la Casa Blanca sugiere 107 mil millones de dólares para el DHS a partir del 1 de octubre, y asume que los republicanos aprobarán el paquete de reconciliación en consideración para asignar un total masivo de 175 mil millones de dólares para seguridad fronteriza.
“Si ahora vivimos en un mundo en el que la administración gasta las cuentas que eran prioridades para los republicanos y no gasta las prioridades que eran prioridades para los demócratas, no sé cómo hacemos un presupuesto”, dijo Murphy.
La senadora Patty Murray, principal demócrata en el Comité de Apropiaciones del Senado, criticó a Noem por no seguir “nuestras leyes de asignación”.
Ella fue crítica de cómo la aplicación de la ley de inmigración ha afectado a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con estatus legal protegido.
“Su represión ha involucrado a ciudadanos estadounidenses y personas que están aquí legalmente sin antecedentes penales”, dijo la demócrata de Washington.
También criticó a Noem por gastar 100 millones de dólares en anuncios televisivos que van desde elogiar al presidente hasta advertir a los migrantes que no vengan a los Estados Unidos o que se auto-deporten.
Además, Noem lanzó esta semana una iniciativa para proporcionar hasta 1,000 dólares en “asistencia para viajes” a inmigrantes sin autorización legal para que se auto-deporten, lo que equivaldría a mil millones de dólares si se cumple el objetivo del presidente Donald Trump de deportar a un millón de personas. El origen de esos fondos en el presupuesto del DHS no está claro.
Murray le preguntó a Noem sobre más de 100 mil millones de dólares en fondos del DHS que no se han utilizado o se han reprogramado en otros lugares para la aplicación de la ley de inmigración, y lo calificó como “un congelamiento ilegal”.
Luego le preguntó a Noem cuándo el DHS descongelaría esos fondos.
Noem no respondió y, en su lugar, culpó a la administración Biden, y dijo que la administración anterior “pervirtió” la forma en que se usaron los fondos.
Murray dijo que no le parecía “creíble que se usen 100 mil millones de dólares para violar la ley”.
“Estoy muy preocupada de que el DHS esté gastando de manera desmesurada fondos que el Congreso no ha proporcionado”, dijo Murray. “Tomamos nuestra responsabilidad en serio para financiar su departamento y otros. Necesitamos respuestas, necesitamos rendición de cuentas y necesitamos asegurarnos de que no esté gastando más dinero del que le fue asignado”.
Deportación de Abrego García
Noem tuvo un intercambio acalorado con uno de los demócratas del panel, el senador de Maryland Chris Van Hollen, quien viajó a El Salvador para hablar con Kilmar Abrego García, deportado erróneamente. La administración Trump admitió que su deportación fue “un error administrativo”.
La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó unánimemente que la administración Trump debe “facilitar” el regreso de Abrego García, quien fue enviado inicialmente a la brutal prisión CECOT pero ahora está en otra prisión.
Van Hollen le preguntó a Noem qué ha hecho el DHS para traer de vuelta a Abrego García, quien tenía una orden judicial de 2019 que le prohibía regresar a su país natal de El Salvador por temor a que fuera dañado por la violencia de las pandillas.
Noem no respondió qué pasos estaba tomando la administración Trump y dijo que, como Abrego García es ciudadano de El Salvador, está bajo la custodia de ese país y no puede ser traído de vuelta.
Trump ha contradicho a su propia administración, diciendo que si quisiera traer de vuelta a Abrego García lo haría, pero no lo hará porque cree que Abrego García tiene vínculos con las pandillas.
Si bien funcionarios de Trump como Noem han alegado que Abrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13, no se ha presentado evidencia en la corte y la jueza federal Paula Xinis, que preside el caso, calificó las acusaciones como “rumores”.
Noem luego cuestionó por qué Van Hollen estaba defendiendo a Abrego García en primer lugar.
“Su defensa de un terrorista conocido me alarma”, le dijo.
Van Hollen dijo que él defendía el debido proceso, que se ha acusado a la administración Trump de eludir en sus deportaciones. Un juez federal en Luisiana tiene previsto celebrar una audiencia la próxima semana para determinar si la administración Trump violó el debido proceso al deportar a una niña de 2 años, ciudadana estadounidense, y a su madre a Honduras.
Murphy también presionó a Noem sobre el tema y le preguntó cómo estaba coordinando con El Salvador para la liberación de Abrego García.
“No hay ningún escenario en el que Abrego García sea devuelto a Estados Unidos”, dijo.
Noem luego dijo que incluso si Abrego García fuera devuelto a EE. UU., “lo deportaríamos inmediatamente otra vez”.
Preocupación de los republicanos por estudiantes y titulares de TPS
Algunos republicanos del panel, incluida la presidenta del comité, expresaron su preocupación con Noem sobre cómo la represión migratoria de la administración Trump está afectando a los estudiantes con visas.
“Hay muchos otros que merecen escrutinio”, dijo la presidenta Susan Collins, republicana de Maine, quien dijo estar preocupada por los estudiantes canadienses que asisten a escuelas en su estado natal. “Pero estos son estudiantes canadienses matriculados doblemente, y han cruzado la frontera durante años sin problemas”.
Dijo que los estudiantes canadienses están siendo detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y se les somete a intensas revisiones.
“Tienen visas de estudiante, pero están siendo sometidos a registros exhaustivos y a cuestionamientos”, le dijo a Noem. “No quiero que desalentemos a los estudiantes canadienses de estudiar en las instituciones educativas del norte de Maine”.
Noem dijo que investigaría el caso.
La senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, planteó el tema del papeleo que no se está procesando para los titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS) en su estado. El TPS se otorga a aquellos que provienen de un país considerado demasiado peligroso o inestable para regresar debido a guerra, desastres naturales u otras inestabilidades.
Murkowski dijo que varios grupos de inmigrantes en su estado con estatus de protección temporal y protección humanitaria están en riesgo de perder sus protecciones laborales, como los afganos, haitianos, venezolanos y ucranianos.
“La mayoría de estas personas son realmente miembros valiosos de su nueva comunidad”, dijo Murkowski. “Nos están ayudando a satisfacer las necesidades de la fuerza laboral y realmente están contribuyendo a la base tributaria aquí. Han expresado gran preocupación por su estatus y las autorizaciones laborales que podrían ser revocadas o dejar que caduquen”.
Dijo que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. no han procesado las renovaciones de TPS o protección humanitaria por hasta cinco meses.
Noem dijo que se está revisando el caso de aquellos con TPS y admitió que algunos ucranianos recibieron un correo electrónico erróneo notificándoles que su estatus había sido revocado.
Dijo que el DHS no ha tomado una decisión sobre si renovar o no el TPS para los ucranianos, quienes fueron beneficiados con este estatus debido a la invasión en curso de Rusia.
“Algunos de estos programas de TPS han existido durante muchos, muchos años, pero la evaluación sobre por qué se debe utilizar el TPS y cuándo se puede utilizar por un país es el proceso que la administración está llevando a cabo”, dijo Noem.
